El futuro de Maduro

El horizonte judicial de Maduro: cargos por posesión de armas y vínculos con el Cartel de los Soles

El dirigente venezolano será juzgado en el tribunal del distrito sur de Nueva York por narcoterrorismo y corrupción

EE UU captura a Nicolás Maduro en un operativo calificado por Trump como "brillante".
EFE

Nicolás Maduro no ha sido derrocado ni por una revuelta interna ni por una transición pactada. Tampoco ha negociado una salida. El presidente venezolano será juzgado en Estados Unidos, acusado de narcoterrorismo y corrupción, tras una operación militar ordenada por Donald Trump.

Su futuro inmediato ya no se dirime en Caracas, sino en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El político que heredó el poder de Hugo Chávez afronta ahora un proceso penal con el que surgen más preguntas que respuestas sobre el futuro inmediato de Venezuela.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, confirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados por conspiración para inundar Estados Unidos de cocaína, posesión de armas de guerra y vínculos con el llamado Cartel de los Soles.


De entrada, permanecerá en Manhattan, donde está la sede de la agencia antidroga (DEA), que será quien se encargue de argumentar los delitos de narcotráfico que se le atribuyen. Y será este lunes cuando comparezca ante un tribunal federal.

Washington sostiene que el chavismo ha operado durante años como una estructura criminal incrustada en el Estado. Y entre las acusaciones que se le atribuyen figura la de haber proporcionado “pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes” y haber facilitado “cobertura diplomática para aviones utilizados por lavadores de dinero para repatriar ganancias del narcotráfico hacia Venezuela”.

El juicio, sin embargo, no resuelve por sí solo el interrogante central: si esta intervención marca realmente el final del chavismo o solo el inicio de una nueva etapa de incertidumbre.

¿Fin del chavismo?

Maduro llevaba casi trece años en el poder. Desde su llegada a Miraflores en 2013, más de siete millones de venezolanos han abandonado el país. Su mandato ha sobrevivido a protestas masivas, sanciones internacionales, intentos de mediación fallidos y hasta a la ofensiva política liderada por Juan Guaidó en 2019.

Tampoco las elecciones de julio de 2024, cuestionadas por el 90% del tablero internacional, o la concesión del Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado han logrado hacer caer al régimen. Ninguno de esos episodios ha logrado tumbar el núcleo del poder chavista, sostenido por las Fuerzas Armadas, el control institucional, los favores de funcionarios y el respaldo -al menos retórico y cada vez menos presente- de aliados como Rusia, China o Cuba.

La operación militar estadounidense supone un punto de inflexión, pero no despeja el escenario. Donald Trump ha defendido la intervención como parte de su estrategia de “máxima presión”, vinculando al régimen venezolano con el narcotráfico y justificando la acción como una cuestión de seguridad nacional.

El propio presidente ha evitado concretar cómo será la transición política y tampoco ha descartado que sean figuras del actual aparato chavista los encargados de materializarla.

Esa ambigüedad alimenta las dudas. Trump ha asegurado que Estados Unidos “controlará Venezuela hasta que haya una transición segura”, sin fijar plazos. Ha subrayado que las infraestructuras del país están “muy deterioradas” y ha admitido que la presencia estadounidense podría prolongarse.

Tampoco ha mostrado un respaldo explícito a María Corina Machado, a la que le ha reconocido su amabilidad, pero de quien también ha dicho que no cuenta con apoyo ni respeto suficiente dentro del país.

El chavismo, además, no nació con Maduro. Hugo Chávez gobernó Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013, instaurando un sistema político que transformó las instituciones, la economía y la relación con el Ejército. Maduro heredó ese entramado en un contexto mucho más adverso: caída del precio del petróleo, colapso económico y aislamiento internacional. Aun así, logró mantenerse. La experiencia demuestra que el chavismo ha resistido incluso cuando parecía acorralado.

Se abren también incógnitas sobre el desenlace personal de Maduro. El juicio en Estados Unidos recuerda inevitablemente al precedente de Manuel Antonio Noriega en Panamá. Pero no está claro si Washington contempla alguna fórmula alternativa: un exilio controlado, una negociación indirecta o una condena ejemplarizante.

Además, países como Cuba, Rusia o China, aliados históricos de Caracas, han mantenido hasta ahora una distancia más que prudencial sin implicarse de forma demasiado activa en el conflicto.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha aparecido como figura clave en estas horas. Trump ha afirmado que se ha puesto a disposición de Estados Unidos, un gesto que refuerza la sensación de vacío de poder, pero que no equivale a una transición política ordenada. La oposición, fragmentada y golpeada por años de represión, sigue sin un liderazgo claro sobre el terreno.

La intervención de Estados Unidos ha alterado el tablero, pero todavía hay muchas dudas sobre el futuro de Venezuela. El chavismo ha gobernado Venezuela durante más de un cuarto de siglo y ha demostrado una capacidad notable para adaptarse y sobrevivir.

El juicio de Maduro abre una nueva fase, marcada por el derecho penal internacional, la geopolítica y el control de los recursos energéticos. De momento, lo más probable es que, ahora y antes evolucionar hacia una democracia funcional, Venezuela transite por un periodo de tutela externa por parte de Estados Unidos. Pero el tiempo, las condiciones o los encargados de materializarla todavía son preguntas a las que no ha respondido la Casa Blanca.