La violencia machista es estructural y, por eso mismo, invisible. No entiende de clases sociales, profesiones ni jerarquías. Está en todas partes. Pero hay lugares donde no verla es especialmente peligroso. Donde el poder es real, armado y legitimado por el Estado: los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Hace unos días, el ex Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional (DAO), José Ángel González Jiménez, el máximo responsable operativo del cuerpo, dimitió tras ser denunciado por una subordinada por agresión sexual. El hombre que durante años encarnó el mando y la autoridad policial pasó a ser investigado por los mismos delitos que la institución dice combatir.
Pero no es el único caso que obliga a mirar hacia dentro del propio aparato policial. Hay trayectorias que se sostuvieron durante años sobre el prestigio y la autoridad y que terminaron de la forma más violenta imaginable.
El comisario Juan Fortuny de Pedro
Uno de los episodios más graves es el de Juan Fortuny de Pedro, comisario principal de la Policía Nacional en Cataluña durante años. Un hombre con mando, con poder y con reconocimiento interno. Cuando se jubiló, por ejemplo, fue despedido entre aplausos y homenajes. Meses después, asesinó a su pareja y a su exmujer antes de suicidarse.
Tras 44 años de servicio, el comisario Juan Fortuny se retira y es homenajeado por sus compañeros. Hoy ha asesinado a su ex pareja y a su mujer. Servir y proteger…
pic.twitter.com/oueSd5bOAP— Ivan (@caminantes21) August 20, 2024
El problema no se reduce a que existan policías investigados o condenados por violencia machista. Hay algo más profundo y más grave: la intervención activa de otros agentes para alterar el curso de una investigación cuando el agresor pertenece a su círculo cercano. En Navarra, una violación cometida mediante sumisión química, adelantada por El País, terminó revelando hasta qué punto esa lógica opera dentro de las estructuras policiales.
Tras la denuncia de dos mujeres que habían sido drogadas y agredidas sexualmente, la respuesta policial estuvo marcada por irregularidades graves. Material probatorio que debía haberse preservado desapareció mientras estaba bajo control policial, diligencias clave no se practicaron y la investigación avanzó sin garantías de imparcialidad, pese a que uno de los sospechosos mantenía vínculos familiares con un agente del entorno investigador. Nada se detuvo. Nadie se apartó. El procedimiento siguió su curso como si esos vínculos no existieran.
Condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Años más tarde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha concluido que el Estado había incumplido su obligación de investigar de manera efectiva una agresión sexual. Lo que quedó expuesto no fue solo una respuesta insuficiente, sino un patrón: cuando la violencia machista afecta a alguien “de dentro”, el sistema puede priorizar la autoprotección frente a los derechos de las víctimas.
Lo ocurrido en Navarra no es una anomalía. En otros puntos del país, las denuncias y las investigaciones han ido dibujando un escenario similar: hombres con poder policial acusados de ejercer violencia contra mujeres y estructuras que reaccionan tarde, mal o no reaccionan en absoluto.
En Alcalá de Henares, el actual jefe de la Policía Municipal, Luis Antonio Moreno, fue denunciado por dos mujeres por violencia de género, violencia doméstica y maltrato familiar. Pese a estar siendo investigado judicialmente, el ayuntamiento decidió mantenerlo en el cargo con el argumento de que no existe una sentencia firme. La institución opta por la espera, no por la protección preventiva, incluso tratándose del máximo responsable policial del municipio. Una tranquilidad para cualquier mujer que piense en denunciar violencia en el municipio.
Andalucía también tiene varios casos que llegaron ya a los tribunales. En Marbella, dos policías locales fueron detenidos e ingresaron en prisión provisional tras ser acusados de agresión sexual a dos mujeres migrantes. En Estepona, otros dos agentes fueron condenados por abusos sexuales a una joven de 18 años; evitaron la cárcel tras un acuerdo judicial, pero los hechos quedaron probados. En ambos casos, las víctimas denunciaron la dificultad añadida de enfrentarse a quienes vestían uniforme y portaban autoridad.
Violencia de género, agresión sexual, explotación sexual de menores…
En Almería, una investigación judicial llevó al banquillo a una red dedicada a la explotación sexual de menores. Entre los acusados figuraban también policías locales. La causa expuso no solo la explotación sexual de niñas, sino la participación directa de agentes encargados, precisamente, de perseguir ese tipo de delitos.
Los cuerpos policiales implicados son distintos, los territorios también. Lo que se repite es otra cosa: el desequilibrio del poder, la desconfianza de las víctimas hacia las instituciones y la tendencia a minimizar, dilatar o amortiguar las consecuencias cuando la violencia surge dentro del propio sistema.
Las cifras ayudan a dimensionar el contexto en el que todo esto ocurre. Las mujeres acuden todos los días a comisarías. En 2025, según los datos oficiales, se interpusieron 22 denuncias por violencia de género cada hora. Se denunciaron 14 violaciones al día, una cada hora y 38 minutos, y 44 agresiones sexuales diarias, casi dos cada hora. Y, aun así, esos números no reflejan la magnitud real del problema. Apenas se denuncia en torno al 22 % de la violencia ejercida por la pareja o expareja y solo el 9,9 % de la violencia sexual.
En ese escenario de violencia masiva e infradenuncia estructural, la policía no es un actor más. Trata con víctimas a diario, interviene en los primeros momentos tras una agresión y condiciona, con cada actuación, la posibilidad de que una mujer continúe o no adelante con el proceso. Por eso resulta fundamental que quienes ocupan esos puestos no reproduzcan lógicas machistas, no ejerzan violencia y no protejan a agresores. Cuando quienes deben investigar fallan, el daño no se limita a un caso concreto: se extiende a todas las mujeres que observan y toman nota.
Mecanismos de detección
Todo esto obliga a hacerse preguntas incómodas. La violencia de género no surge de la nada: escala, deja rastros, se manifiesta en conductas previas. Nadie mata de un día para otro. Antes hay control, amenazas, episodios de violencia, señales que se repiten y que, en muchos casos, otras personas ya han visto.
Precisamente por eso resulta tan inquietante que quienes están formados para detectar esas señales en otros no las detecten —o no actúen— cuando aparecen dentro de sus propias filas.
Si la violencia machista es un proceso y no un estallido repentino, entonces la prevención no puede limitarse a reaccionar cuando el daño ya está hecho. Del mismo modo que existen controles psicotécnicos para acceder a un arma o a un puesto de responsabilidad, resulta razonable plantear evaluaciones periódicas, seguimientos reales y mecanismos de detección temprana dentro de los propios cuerpos policiales, también en relación con actitudes machistas, racistas o LGTBIfóbicas.
No se trata de imponer una vigilancia, sino de garantizar que quienes ejercen autoridad armada y toman decisiones críticas no reproducen prejuicios que puedan condicionar su trato con las víctimas o su actuación profesional. Del mismo modo que se evalúa la estabilidad emocional o la aptitud psicológica, debería evaluarse la capacidad de intervenir sin sesgos en contextos de violencia y vulnerabilidad.
Porque la seguridad pública no depende solo de medios materiales o de protocolos, sino de quién los aplica. Y cuando el margen de error implica poner en riesgo la vida, la dignidad o los derechos de otras personas, los estándares no pueden ser mínimos.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.