Los terremotos son impredecibles. El de Valdivia, Chile, consta desde 1960 como el de mayor magnitud registrado hasta la fecha. Alcanzó 9,5 y ningún otro lo había superado, si nos ceñimos a lo puramente terrenal. Pero en el ámbito policial hay quien elevaría a 10 la tremenda sacudida de ayer al conocerse la acusación de presunto agresor sexual contra José Ángel González, el DAO de la Policía Nacional desde 2018 y hasta hace unas horas: “Estamos en shock”, “está todo el mundo flipando”, “no llega a Semana Santa”, vaticinaban sobre el futuro del ahora exjefe de la Policía Nacional en el ínterin de las primeras reacciones. “¡Vaya retirada!, un hombre que se podía haber jubilado hace más de un año”, reconocían con sorpresa hasta quienes hoy aprovechan para recordar ese otro cisma -en comparación, un ligero temblor-, ocurrido a finales de 2024, cuando por decretazo y a punto de jubilarse lo prologaron en el cargo. “No sentó bien que se perpetuara”, resumen los más tibios. “Quiso seguir alargando el caviar y el coche oficial, en lugar de convertirse en un jubileta con dos mil euros al mes”, ampliaban otros con el cadáver aún caliente.
Para todos, la acusación de agresión sexual llevaba implícito el cese fulminante o su dimisión. “A un cargo así no lo aplazas temporalmente”. Uno de los cuatro sindicatos policiales -JUPOL- reclamó sin ambages la primera opción antes incluso de que Interior se pronunciase dos horas después del impacto. “Es un tema delicado”, anticipaban, como si realmente los hubiese pillado a todos por sorpresa. ¿No había prevenido el DAO a nadie ante la posibilidad de una denuncia?, ¿creía tener la onda expansiva controlada, a la vista de las conversaciones aportadas a la causa?, ¿o pensó quizás que la víctima no se atrevería a denunciar a un superior? Son algunas de las preguntas que en las últimas horas han circulado en paralelo a las informaciones que apuntan incluso a un posible modus operandi.
¿Y si hay más víctimas?
Que la hiciese abandonar su puesto de trabajo, que le pidiese ir en coche oficial, que le dijese de subir a su vivienda oficial. Solo estos preámbulos ya resultan indiciarios de un comportamiento premeditado, incluso habitual, a ojos de los propios compañeros de trabajo, que no pueden evitar analizar lo ocurrido con visión policial. Todos conocen perfectamente el patrón de un agresor sexual. Todos han revisado con esa mirada experta lo destapado hasta ahora. “Ella hace una declaración bastante conexa hasta en la concatenación de hechos, es una denuncia sólida”; “él lo va a tener difícil por los trazos del GPS, las pruebas forenses…”.
Pero no todos lo ven negro o blanco. La presunción de inocencia también está presente entre quienes valoran que el relato de hechos lo hace una policía, una agente con conocimientos policiales para saber qué elementos pueden afianzar el testimonio de una víctima. Y no ocultan tampoco su incredulidad al exponer que un altísimo mando no se sentiría tan impune como para olvidar su posición. “Porque en la poli todo se sabe”, señalan.
“Por eso, precisamente, ella no denunció en comisaría”, apunta su abogado Jorge Piedrafita. Por eso, el expediente no lo ha abierto la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, como habría sido habitual, sino que ha tramitado directamente por la vía judicial. “Para quitarse la presión”, sobreentienden sus propios colegas. “Ten en cuenta que lo primero que iba a escuchar ella es un ‘sabes a quién estás denunciando’?”. Ante un seísmo de tal magnitud, ninguno habría querido verse siquiera delante del folio en blanco con las primeras diligencias: “¡Imagínate ser el instructor que abre expediente al DAO!”.
Un protocolo antiacoso a estrenar
Dos meses después de que el DAO agrediese presuntamente a una subalterna, en abril de 2025, la Policía Nacional puso en funcionamiento la renovada versión de su protocolo antiacoso. El anterior apenas tenía tres años de andadura, pero este incide en tres puntos: tolerancia cero, mayor sensibilización a nivel interno sobre acoso y discriminación, y confidencialidad. Esto último lo han reforzado con la llamada “Asesoría Confidencial”, encargada de contactar con la víctima, y a posteriori, de elaborar un informe de valoración en el plazo de cinco días y entregar un dictamen: el expediente se archiva o avanza, hay causa probable o no. En uno u otro caso, una Comisión de Seguimiento vela porque dicho protocolo se aplique. Sin embargo y pese a todas estas garantías, la denunciante del DAO no recurrió a esta vía.
“Va a ser una investigación muy protegida”, vaticinan todas las voces policiales consultadas por Artículo14, que prefieren mantenerse anónimas. En estos momentos, con el tablero aún tambaleante, la discreción sigue siendo una máxima. “Aunque hay quien está ensayando su toma de posesión”, apuntan con rintintín. A la vista de la actual “gestora policial temporal” -Gema Barroso, subdirectora general de Recursos Humanos- en las quinielas ya empiezan a sonar nombres como Javier Nogueroles o Luis Esteban para suceder al caído en desgracia, más bien por presunto delito. Igual que los hay que dirigen su mirada a la cantera femenina, con un 11% en la Escala Superior. “Piénsalo, una DAO mujer, qué mejor estrategia y qué buen lavado de imagen sería”. El terremoto continuará.
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