La Policía no hizo seguimiento de la baja médica de la víctima del DAO

La víctima del entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional se cogió una baja por ansiedad. No contó nada entonces. No denunció. No pidió ayuda. Según ha explicado su abogado, Jorge Piedrafita, estaba “atemorizada”, paralizada por lo ocurrido y por quién era él dentro de la Policía. No se sentía en condiciones de hablar ni de señalar a quien ocupaba el máximo puesto operativo del cuerpo. El miedo, sostiene la defensa, no era solo por los hechos en sí, sino por el desequilibrio de poder y por las consecuencias personales y profesionales que podía tener enfrentarse a una figura de ese nivel jerárquico.

Durante ese periodo inicial, la agente optó por el silencio. No activó ningún protocolo ni trasladó formalmente lo ocurrido a la institución. Su abogado ha insistido en que ese silencio no fue una decisión estratégica, sino la reacción de una persona “bloqueada y con miedo”, que no se veía capaz de dar un paso al frente. La baja por ansiedad fue, en ese contexto, una forma de protegerse ante una situación emocionalmente desbordante.

“Ni siquiera se la trató como a una agente de baja”

Durante esa baja, explica Piedrafita, nadie se puso en contacto con ella por los cauces normales, ni siquiera para el seguimiento ordinario que se realiza cuando un agente está en situación de incapacidad temporal. “No hubo ninguna llamada institucional”, ha señalado el letrado, “ni para saber cómo estaba, ni para orientarla, ni para ofrecerle apoyo”. Según su relato, la institución no apareció en absoluto durante ese periodo, ni desde el punto de vista humano ni administrativo.

El abogado explica que esta actitud es especialmente relevante porque no se refiere a la activación de protocolos específicos de violencia sexual —que no podían ponerse en marcha sin una denuncia formal—, sino al seguimiento básico de una baja médica, que forma parte del funcionamiento ordinario de cualquier organización. “Ni siquiera se la trató como a una agente de baja”, ha recalcado en declaraciones públicas, en el Programa de Ana Rosa.

Lo que sí ocurrió más adelante, siempre según el abogado, no fueron llamadas de apoyo, sino contactos informales de mandos policiales. Esas comunicaciones no tuvieron como finalidad interesarse por su estado de salud, sino disuadirla de denunciar. “Las únicas llamadas que recibió no fueron para ayudarla, sino para que se olvidara de lo ocurrido”, ha afirmado Piedrafita.

Le ofrecieron puestos para que no hablara

En ese contexto, añade la defensa, llegaron incluso a producirse ofrecimientos relacionados con su destino profesional dentro del cuerpo. Según el letrado, se le planteó la posibilidad de facilitarle un puesto o un cambio de destino si optaba por no seguir adelante. La agente rechazó esas propuestas y conserva pruebas de esas comunicaciones, que han sido incorporadas a la causa judicial.

Para Piedrafita, el contraste entre ambos momentos resulta clave. “Mientras estaba de baja y en una situación de extrema vulnerabilidad, nadie llamó”, ha señalado, “pero cuando el caso empezó a incomodar, sí hubo llamadas”. A su juicio, ese contraste evidencia una gestión centrada en contener el problema y no en cuidar a la persona afectada.

El abogado insiste en que su clienta no constaba oficialmente como víctima, porque no había denunciado ni comunicado los hechos. Sin embargo, subraya que tampoco fue tratada como una agente que atravesaba una situación límite. Según ha explicado, ese vacío inicial y las presiones posteriores agravaron el impacto psicológico de lo ocurrido y reforzaron la sensación de soledad y desamparo.

Ese periodo de baja, previo a cualquier denuncia formal, es señalado por la defensa como uno de los momentos más reveladores del caso. “Cuando estaba más frágil, nadie llamó para cuidar; cuando el asunto empezó a generar problemas, sí hubo intervención”, resume el abogado.

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