No hay datos sobre las denuncias de acoso sexual en la Policía que puedan consultarse ni el cuerpo los proporciona, como ha comprobado Artículo14. Ni siquiera los tienen los sindicatos, a pesar de que los han pedido en varias ocasiones. La recopilación de información y la emisión de un informe es una de las obligaciones previstas en el Protocolo de Actuación ante situaciones de acoso en la Policía. Esta opacidad coincide con la constatación de que los protocolos antiacoso que tiene el cuerpo no funcionan y de que las policías desconfían de ellos, como evidencia que la víctima que se ha querellado contra el exDAO no denunciara internamente y haya optado por la vía penal.
La Policía, con cerca de 75.000 agentes, suspende en transparencia y trazabilidad de los protocolos antiacoso frente a la Guardia Civil, con unos 82.000, que sí informa a sus sindicatos de estos casos y de su seguimiento, aunque las cifras no son públicas. Los dos cuerpos que dependen de Fernando Grande-Marlaska tienen camino por recorrer si se los compara con el Ejército, con cerca de 117.000 efectivos, que publica desde 2015 datos detallados de acoso, y que desde 2011 viene implementando medidas.
La sucesora de José Ángel González al frente del DAO, Gemma Barroso, que en julio de 2025 tramitó la baja de la víctima por salud mental, desconocía la situación. En ningún momento, la denunciante se atrevió a informar internamente de su situación. Ello a pesar de que el Cuerpo Nacional de Policía cuenta con una Asesoría Confidencial, cuya misión es asistir a la víctima durante todo el proceso, como ha informado este periódico. Todo el procedimiento está regulado en el protocolo, cuya última versión entró en vigor el pasado junio, dejando sin efecto el anterior de diciembre de 2022.
Jupol pide retirar las medallas ‘pensionadas’ al ex DAO y a su asesor tras la querella por agresión sexual.https://t.co/UxKH3Z5svC
— Artículo 14 (@articulo14_es) February 20, 2026
Asesoría Confidencial y Protocolo
La Resolución que regula el protocolo antiacoso de la Policía recoge detalladamente el procedimiento para su aplicación. Éste sólo puede activarse e iniciar el procedimiento con una denuncia escrita firmada por la persona que se considere víctima. Debe dirigirla a la Asesoría Confidencial correspondiente a su plantilla. Este órgano -que se despliega en cada Jefatura Superior, en organismos centrales y a nivel nacional a través del Área de Derechos Humanos e Igualdad (ADHI)- es el eje del sistema: recibe la comunicación, la pone en conocimiento del ADHI en 24 horas y, salvo que la jefatura esté implicada, informa también a la persona que ejerza la jefatura de la plantilla.
El protocolo prevé, además, un sistema de seguimiento a través de una Comisión Nacional y comisiones territoriales, encargadas de supervisar su aplicación y evaluar su funcionamiento. Expresamente señala que el Área de Igualdad elaborará periódicamente estadísticas con datos numéricos, desagregados por sexo, sobre la actividad desarrollada y el número de intervenciones y casos de acoso sexual, por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual, manteniendo siempre el anonimato de las personas afectadas. La citada memoria será remitida a la Comisión Central de Seguimiento.
Comisión Nacional del Seguimiento
El protocolo prevé que la Comisión Nacional de Seguimiento esté formada por cuatro miembros: los titulares de las Jefaturas del ADHI, de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) Central, de la Unidad de Régimen Disciplinario y de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Acción Social. Las dos funciones que se señalan para esta Comisión son la supervisión de la aplicación del protocolo y de las actuaciones llevadas a cabo en su ámbito, junto con la evaluación periódica sobre el funcionamiento y efectividad del protocolo.
Una de las obligaciones que se establece es la reunión de la Comisión, al menos, una vez al año y la emisión de un informe con el número de denuncias presentadas y los trámites realizados. En este sentido, se prevé -y así queda reflejado en el protocolo- informar a las organizaciones sindicales con representación en el Consejo de la Policía. “A tal efecto, serán convocadas con carácter anual, sin perjuicio de que puedan celebrarse reuniones adicionales si las circunstancias lo aconsejaran”, detalla el documento.
En paralelo, el protocolo otorga a la Comisión de Organismos Centrales de Seguimiento y a las Comisiones Territoriales de Seguimiento la recepción de las comunicaciones de la Asesoría Confidencial y el envío de la información a la Comisión Nacional. También en este caso se prevé una reunión anual y estarán obligadas a responder a los requerimientos que realice esta última.
Transparencia, la única vía
Frente a lo recogido en el protocolo, los sindicatos policiales SUP y Jupol afirman desconocer los datos de denuncias. Sólo se conocen unos datos que desveló Público en 2020 a partir de una investigación que tuvo que recurrir al Portal de Transparencia. “Cuando el acosador lleva uniforme: la Policía y Guardia Civil solo investigan una de cada cuatro denuncias internas”, se titulaba un reportaje. El volumen de denuncias por episodios de uno de los dos tipos de acoso (los datos de Interior no los discriminan), se situaba ligeramente por debajo de la treintena anual en el Cuerpo Nacional de Policía, mientras que en la Guardia Civil alcanza una cadencia de algo más de 35.
En el caso de la Policía, el número de denuncias internas por algún tipo de acoso entre miembros del cuerpo entre 2015 y 2019 asciende a 142, cifra que incluye las presentadas personal funcionario y laboral, aunque de ellas solo 44, el 30,98%, dieron lugar a la activación del protocolo para investigarlas.
El grueso de los denunciantes, 102, corresponde a miembros de la escala básica (agentes y oficiales), mientras diez proceden de la de Subinspección (subinspectores) y 19 de la ejecutiva (inspectores e inspectores jefe, sin que consten de la escala superior, la de los comisarios, según los datos de Transparencia que obtuvo este medio.
No hay más cifras con las que compararlas y no se puede hacer un seguimiento, lamentan las fuentes sindicales consultadas, que creen que deberían proporcionárselas, sin que sea necesario difundirlas por el momento.
La Guardia Civil sólo viene detectando acoso laboral
La Guardia Civil tiene un protocolo de actuación en caso de acoso laboral que recoge una Resolución del 22 de julio de 2019. En 2013 se había aprobado un Protocolo en relación con el acoso laboral y sexual que quedó sustituido por el de 2019 en lo que respecta al acoso laboral.
Fuentes sindicales de la Guardia Civil consultadas por Artículo14 cuentan que ahora mismo se prepara el segundo plan de igualdad. Hasta ahora se proporciona a los sindicatos datos sobre casos de acoso semestralmente, lo que se está viendo de sistematizar y ofrecer anualmente. Todos los casos que han analizado en los últimos años son de acoso laboral, no sexual, y muchas de las denuncias no prosperan. Estos datos no son públicos.
Uno de cada 10 expedientes en el Ejército acaba en sanción
La Memorias del Observatorio de la Vida Militar, un órgano dependiente de las Cortes Generales e integrado por expertos independientes pertenecientes a distintas disciplinas, muestran que el Ejército se preocupa de seguir denuncias de acoso sexual desde antes de 2011 y que en 2015 ya ofrece cifras detalladas.
Los últimos datos disponibles se saldan con que sólo uno de cada diez expedientes disciplinarios acaba en sanción, mientras que el 25% de los procedimientos que dirimen los tribunales militares por este mismo delito terminan en condena.
En 2024 se presentaron 51 denuncias. De las 35 tramitadas por la vía penal, cinco se han archivado o han cambiado de calificación. De los 27 procedimientos disciplinarios, el archivo o cambio de calificación se limita a cuatro.
En el periodo 2016-2024 se han contabilizado 316 denuncias. De éstas, 179 se han tramitado por vía penal y 214 por vía disciplinaria.
La Ley Orgánica 9/2011 de derechos y deberes de los miembros de las fuerzas armadas estipuló la gravedad del acoso laboral y sexual y una proposición no de ley de 2015 instó a elaborar un protocolo de actuación y le encargó el cometido al Observatorio de la Vida Militar. Este Protocolo se aprobó en 2015 como norma de desarrollo del Código Penal Militar y de la Ley Orgánica 8/2014 del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Dedica recursos a la prevención y la Memoria sostiene que “garantiza la inmediata protección de la víctima”.
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