Hay palabras que, en determinados contextos, dejan de nombrar la realidad para encubrirla. “Amnistía” es una de ellas en la Venezuela de hoy.
La aprobación por unanimidad de una ley de amnistía en la ilegítima Asamblea Nacional y la inmediata reacción del Gobierno de España, anunciando que pedirá a la Unión Europea levantar las sanciones a Delcy Rodríguez, no pueden analizarse como hechos aislados. Forman parte de una secuencia política que vuelve a situar a la política exterior española ante su viejo espejo: la tentación de confundir gestos con cambios estructurales.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que las sanciones “no son un fin, sino un medio” y que, si se dan pasos hacia el diálogo democrático, Europa debe acompañarlos. La tesis parece razonable en abstracto. El problema es la premisa, asumir que esta ley constituye un paso democrático. Porque no lo es.
Una ley que reafirma a los encarceladores
Una amnistía auténtica parte de un reconocimiento implícito de injusticia. La venezolana parte de lo contrario. Reafirma el poder de quien encarceló para decidir a quién libera, cuándo y bajo qué condiciones.
La propia actuación de Rodríguez lo confirma. Ordenar revisar los casos excluidos, activar comisiones controladas por el aparato político y mantener categorías como “terrorismo” o “traición a la patria” significa que el marco represivo permanece intacto. Se abre la puerta de algunos presos mientras se conserva la llave para volver a cerrarla. Por eso esta ley-fraude no es el final de un ciclo, sino una herramienta de control en el siguiente.
En términos políticos, la amnistía permite al régimen proyectar normalización sin perder capacidad de coerción. En términos diplomáticos, ofrece a actores externos la coartada perfecta para flexibilizar su posición. Y ahí aparece España.
La política exterior española respecto a Venezuela
La política exterior española hacia Venezuela lleva años oscilando entre la defensa retórica de la democracia y una práctica marcada por la ambigüedad estratégica. A la sombra (cada vez más nítida en perfil y contenido) del ex presidente Zapatero. Desde el episodio de Delcy en Barajas hasta los esfuerzos de mediación, el patrón se repite: priorizar el canal sobre el resultado, el acceso sobre la exigencia.
La propuesta de levantar sanciones a la dictadora interina Rodríguez encaja en ese patrón. Es insostenible interpretar el “gesto” del régimen venezolano, sostenido en el poder fáctico de forma instrumental por EE UU, como incentivo suficiente para modificar la presión internacional. En realidad, el incentivo debería ser el cambio verificable en libertades, garantías judiciales y condiciones electorales.
Lo que suponen las sanciones
Las sanciones personales —no económicas— a las que está sometida Delcy Rodríguez (y decenas de funcionarios más) tienen precisamente esa función: señalar responsabilidades políticas en la erosión democrática. Retirarlas sin transformación institucional envía un mensaje claro de incoherencia y debilidad. Y la narrativa del régimen prorrogado allana así el camino a su blanqueamiento post-interinidad.
Por si fuera poco, la ley-farsa contiene una trampa clásica. Al excluir conductas definidas de forma expansiva (acciones “contra la soberanía”, “de fuerza”, “instigación”) deja fuera a buena parte del liderazgo opositor y del exilio. Es decir, la amnistía sirve para liberar individuos sin alterar el equilibrio político.
No hace falta una ley para excarcelar a inocentes
No hace falta una ley para abrir las cárceles a quienes nunca debieron entrar en ellas. Hace falta voluntad política y garantías de no repetición. Todo lo demás es escenografía.
Y Europa debería saberlo. La experiencia comparada muestra que las amnistías diseñadas desde el poder sin negociación real funcionan como mecanismos de descompresión, no de transición. Reducen presión externa, fragmentan a la oposición y recomponen la legitimidad del gobierno.
España, por su historia y por su peso en la relación con Iberoamérica, tiene una responsabilidad añadida. Puede contribuir a una salida democrática o puede ayudar (voluntaria o involuntariamente) a consolidar la apariencia de que esa salida ya está en marcha. La diferencia está en los estándares. Acompañar procesos no significa validar relatos. Mantener canales no implica diluir condiciones. Y apoyar a la sociedad venezolana no es lo mismo que aliviar a sus gobernantes.
Premiar una mera promesa
Levantar sanciones a Rodríguez tras esta falsa amnistía equivaldría a premiar la promesa antes que el cumplimiento. Es una inversión política arriesgada: se cede capacidad de presión a cambio de una expectativa que el propio diseño de la ley desmiente.
El argumento pragmático de “hay que incentivar” solo funciona cuando existe reciprocidad verificable. De momento, lo que existe es una arquitectura legal, tan perversa como defectuosa, que preserva la discrecionalidad del poder. Y el intento de una narrativa internacional (abanderada bochornosamente por España) que empezaría a normalizarla. Ese es el riesgo de la amnistía como coartada: desplaza el foco desde los derechos hacia los gestos, desde las estructuras hacia los símbolos.
Y Venezuela no necesita símbolos, necesita garantías. Europa —y también España— debería recordar que la política exterior no se mide por la voluntad de creer, sino por la capacidad de distinguir entre apertura real y representación. Porque en los procesos autoritarios la pregunta decisiva nunca es quién sale de la cárcel hoy, sino quién puede volver mañana.