Los indicios de financiación B en el PSOE: dos entregas en efectivo de 45.000 euros, un descuadre de 500 y un sobre de Delcy Rodríguez

La Audiencia Nacional mantiene el secreto de una pieza que investiga una posible financiación irregular que aglutina testimonios, conversaciones y desajustes en la contabilidad

Una mujer se detiene ante la sede de Ferraz
Efe

La Justicia mantiene bajo secreto su investigación sobre la presunta financiación irregular del PSOE. Pero indicios procedentes del caso Koldo y el de los hidrocarburos se acumulan en la instrucción. El último movimiento proviene de las declaraciones del caso que investiga un presunto fraude de 182 millones de euros a Hacienda por la compra venta de fuel, que tiene como protagonistas a Víctor de Aldama y sus socios. De ahí que exista conexión entre esta causa y los tejemanejes investigados en el Supremo por José Luis Ábalos y su ex asesor, Koldo García.

En la última ronda de comparecencias del caso hidrocarburos, se ha apuntado en tres ocasiones a financiación irregular del PSOE y, tal y como avanzó este periódico, el juez Santiago Pedraz, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha remitido dichos testimonios a la pieza que investiga esa posible financiación en B.

El testimonio de Pano y su conductor

En primer lugar, la socia de Víctor de Aldama, la empresaria Carmen Pano, ratificó por segunda vez que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Según su relato, era dinero de Claudio Rivas, imputado en el caso de los hidrocarburos por ser el dueño de Villafuel. Empresa bajo el foco de la UCO porque sospechan que los imputados querían, a través de sus contactos con el Gobierno, conseguir para la compañía una licencia para la distribución de hidrocarburos.

En teoría, el encargado de llevar ese dinero era Aldama pero no podía realizar la gestión y se lo ordenó a Pano, que aceptó a regañadientes. “De acuerdo, pero es la última vez que te hago este tipo de favores”, advirtió Pano, que aseguró no saber la procedencia del dinero. La primera vez entregó 45.000 euros y en la segunda ocasión Rivas le dio el dinero a través de un amigo suyo llamado “Lolo”.

Testimonio que ratificó Álvaro Gallego, su conductor. Aseguró que fue él quien condujo a Pano: “Yo me quedé en doble fila en el paseo de Pintor Rosales. Se bajó y se dirigió a la puerta de Ferraz porque, según me dijo, tenía que parar a hacer una cosa. Ella cruzó la calle, que yo la vi, porque sabía que llevaba dinero y estaba pendiente, por seguridad. No sé a quién se lo dio. Luego vino sin las bolsas”, relató el testigo.

Los hechos ocurrieron a finales de 2020, y Gallego dio detalles incluso de cómo se transportó el dinero: “Era una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón. Yo vi tacos de 5.000 euros en billetes de 50”, precisó. También ratificó que fue el tal Lolo quien había entregado el dinero a Pano.

La acusación de Aldama

Por otra parte, están los indicios de financiación irregular que lanzó Aldama en su declaración, que desmiente la versión de Pano pero relata otro episodio. Habló de un sobre de PDVSA (la empresa pública del petróleo de Venezuela) que aparecía en un informe de la UCO. Al parecer, pertenecía a Víctor de Aldama pero lo custodiaba un socio.

El sobre apareció en un informe de la Guardia Civil, y sus agentes no pudieron ver el interior del sobre pero dedujeron que “pudiera tratarse de documentación vinculada al sector de los hidrocarburos puesto que el remitente es la empresa petrolera de origen venezolano y pendiente del Estado venezolano PDVSA”.

Aldama sostiene que dicho sobre era “relativo al negocio de los hidrocarburos y a la financiación ilegal del PSOE, de la internacional socialista”, y aseguró que se lo dio la propia Delcy Rodríguez. Pero no quiso explayarse. Prefirió dejar esa explicación para seguir pactando sus beneficios procesales con el ministerio público: “Si no les importa es algo que tenemos que negociar ustedes directamente, estamos hablando de financiación ilegal del partido”, añadió. Eso sí, fuentes del caso aseguran a este medio que aún no ha entregado documentación relativa al respecto que certifique tal extremo.

El trabajo del juez Moreno

Así las cosas, estos indicios se añaden a la pieza separada que dirige el juez Ismael Moreno bajo secreto de sumario. Fiscaliza siete años de contabilidad del PSOE. El partido aportó toda la información requerida por el juez a final de año y ahora la UCO analiza estas cuentas.

Las alarmas saltaron en el curso de la investigación del caso Koldo cuando los agentes vieron que las conversaciones incautadas de Koldo García hablaban de cantidades de dinero recogidas en la sede del PSOE que no cuadraban con los pagos reflejados en la documentación aportada por el partido: “Dentro de las evidencias examinadas afloran otros pagos en efectivo que habrían sido realizados por el PSOE, sin que conste respaldo documental ni información alguna sobre este particular”, reseñó la UCO en su informe

En concreto, encontraron una foto de un sobre con el membrete del partido que iba dirigido a Ábalos y que habría recogido en la sede su entonces asesor, Koldo García, en 2019. En el mismo, estaba manuscrita la cantidad de dinero que contenía el sobre: 826,73 euros. Sin embargo, según la información aportada por el PSOE, ese sobre debería contener solo 321,29 euros. Un descuadre de 500 euros que despertaron las dudas de la UCO.

Entonces, la justificación del PSOE fue: “Es posible que Koldo García haya tenido alguna intervención en la gestión de estos cobros de liquidaciones de gastos en metálico para el equipo de organización; sin embargo, no se trataría de pagos ni al señor García ni al señor Ábalos, ni tampoco al señor Cerdán”.

Pero la duda del juez Leopoldo Puente era qué persona física recibía en última instancia ese dinero. Por eso llamó a declarar a dos trabajadores de Ferraz. Una de las secretarias, Celia Rodríguez, reconoció que a veces “se hacía una cuenta genérica a nombre de la Secretaría con gastos de varios compañeros”. Pero no especificó quiénes eran las personas últimas que recibían ese dinero después de que Koldo García o sus emisarios fueran a recogerlo: “Supongo que lo distribuiría”, zanjó.

Con la incógnita sin resolver, decidió encargar al juez Ismael Moreno que indagara en los pagos.

Por todo ello, el juez apuntó incluso a un posible delito de blanqueo de capitales por parte de cargos socialistas. Insinuó que era posible que los trabajadores adelantaran gastos con dinero procedente de actividades ilícitas y después fueran a reclamar los abonos al partido recibiendo dinero legal a cambio.

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