Es complicado de entender. Quien no logra que los trenes lleguen puntuales ni que una familia pueda pagar una vivienda sin asfixiarse, asegura con solemnidad que libra una batalla contra el clima para evitar que los polos se derritan. La épica global siempre luce mejor que la eficiencia cotidiana, probablemente porque los resultados de lo primero son más difíciles de medir que la eficacia de lo segundo. Debe de ser que alterar la atmósfera terrestre resulta más sencillo que arreglar lo que ocurre a pie de calle.
Luego algunos se preguntan, por qué motivo, millones de ciudadanos en todo el mundo empiezan a confiar en opciones más radicales que prometen garantizar más y mejores servicios públicos que la socialdemocracia en todas sus formas.
Lo que está sucediendo en España, en Europa y en el mundo, es un fenómeno mucho más profundo y, a la vez, sencillo.
Durante décadas hemos simplificado el debate político enfrentando socialdemocracia y conservadurismo como si fueran visiones morales irreconciliables. Sin embargo, sería necesario entender que muchos de los valores que hicieron fuerte a la socialdemocracia estaban profundamente ligados a una forma de vida conservadora, entendida no como inmovilismo ideológico, sino como estabilidad material y previsibilidad vital.
La vivienda accesible, los servicios públicos eficaces, el transporte que funciona, los salarios dignos o la seguridad física —incluida la percepción de control sobre los flujos migratorios— no eran banderas culturales, sino certezas cotidianas. Cuando millones de españoles nacieron ya estaban ahí, no tuvieran que luchar por ellas. Formaban parte de un Estado del bienestar que se daba por garantizado y que permitía a amplias capas de la población planificar su vida sin miedo constante al deterioro social. La socialdemocracia entendida en sus distintas formas agarró esa bandera de estabilidad para convertirlas en una garantía de gestión.
El problema surge cuando los partidos de izquierda que históricamente decía proteger y defender más que nadie estos pilares deja de hacerlo, ya sea por incapacidad, por desinterés o por haber desplazado sus prioridades hacia otros debates. Cuando los servicios públicos se degradan, la vivienda se vuelve inaccesible, los salarios no alcanzan y la corrupción se normaliza en el ejercicio del poder, el contrato implícito con la ciudadanía se rompe.
La consecuencia no es una deriva ideológica sofisticada, sino una reacción visceral: la indignación. El votante no abandona necesariamente valores progresistas, abandona a quienes ya no garantizan lo básico. Y cuando la estabilidad desaparece, cualquier opción política que prometa restaurarla —por radical que sea— se vuelve atractiva.
Tal vez el auge de propuestas extremas no sea tanto un triunfo de nuevas ideas como el síntoma de una renuncia. La ausencia de autoridad de una socialdemocracia que olvidó que su mayor revolución fue, precisamente, hacer de la estabilidad un derecho y no un privilegio.
Devolver a España unos servicios públicos de calidad llevará al menos una década, demasiado tiempo para un presidente al que le puede quedar, en el mejor de los casos, año y medio de mandato.