De todas las aciagas etiquetas que en los últimos tiempos cuelgan del perfil profesional del primer ministro británico, la de que su Gobierno tiene un “problema de mujeres” es políticamente la más venenosa. Si la batalla de Keir Starmer por permanecer en el Número 10 de Downing Street necesita galvanizar a una mayoría del electorado y a prácticamente todas las facciones que cohabitan en la gran coalición que es el Laborismo, relegar a la mitad de la población supone un mal comienzo. Consciente del malestar dominante, Starmer ha aplicado la máxima de que resolver un conflicto pasa primero por admitirlo.
En una semana brutal en la que perdió a tres cargos clave para el funcionamiento operativo de su equipo, el mandatario evidenció ser consciente de las grietas estructurales y convocó a las mujeres de su grupo parlamentario para mostrar contrición y expresar propósito de enmienda. Para un político criticado habitualmente por falta de conexión con sus propios diputados, reunir al segmento femenino del Palacio de Westminster supone un reconocimiento tácito del aprieto, una expresión de voluntad de reparación. El impacto de su intento de resarcirse, sin embargo, ha quedado mitigado por la actual coyuntura del líder, en plena crisis de autoridad, cuestionado por su juicio político, con una sangría de personal en el Número 10 y maniobras sucesorias a plena vista.
Starmer tampoco puede alegar que el descontento entre las mujeres sea una sorpresa. Desde hace meses, la cúpula de la que se ha rodeado en Downing Street ha sido criticada públicamente como un “club de chicos” (‘boys’ club’) en el que la misoginia y una cultura prevalentemente masculina influían sobre decisiones estratégicas del Gobierno. Su hasta el pasado domingo jefe de Gabinete, hasta el lunes director de Comunicaciones y hasta el jueves secretario de Gabinete (el poderoso cargo de responsable de todo el aparato funcionarial del Ejecutivo) eran varones, al igual que la plana mayor de sus asesores.
Los laboristas son, de hecho, el único de los grandes partidos británicos que nunca ha tenido una mujer al frente. Los conservadores han tenido cuatro, tres de ellas, primeras ministras; y también los liberal-demócratas, los Verdes, así como los nacionalistas escoceses, los galeses y los unionistas y republicanos de Irlanda del Norte. El techo de cristal no empezó con Starmer, quien había dado el salto a la política en 2015, ya superado el medio siglo de edad, pero una vez en el poder, la falta de influencia de las mujeres supera el ámbito meramente cultural o retórico y se acerca más a un peliagudo debate sobre estándares democráticos.
El propio primer ministro lo reconocía esta semana al prometer a las parlamentarias laboristas su determinación de “erradicar la misoginia estructural”. Sus efectos son tangibles, como demuestra la mayor polémica de su mandato: el llamado ‘caso Mandelson’. El epicentro de los desvelos actuales de Starmer entronca directamente con uno de los mayores escándalos de nuestro tiempo, el del pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein y su red de perversión, azuzada por hombres poderosos y una tupida malla de silencio que permitió aberraciones cuya extensión solo comienza ahora a salir a la luz.
La tangente entre Keir Starmer y Epstein es Peter Mandelson, el veterano político laborista elegido embajador en Estados Unidos ante el segundo mandato de Donald Trump. Pese a que su amistad con el magnate norteamericano era sabida, como también que había mantenido la relación incluso después de que Epstein saliera de prisión por prostitución de una menor, en Downing Street consideraron que las habilidades sociales y de maniobra de quien era popularmente conocido desde hace años como ‘el príncipe de las tinieblas’ (‘prince of darkness’) compensaba las suspicacias. Un año después, Mandelson ha quedado desterrado de la política y está bajo investigación policial por supuestamente filtrar información confidencial a Epstein.
El debate actual en el Reino Unido cuestiona si la designación de Mandelson habría salido adelante de haber habido más mujeres en la toma de decisión, un dilema similar a del ascenso del veterano asesor Matthew Doyle a la Cámara de los Lores, una promoción que tuvo lugar después de que trascendiese que Doyle había hecho campaña a favor de un concejal laborista imputado por posesión de imágenes indecentes de menores.
La presión va más allá de corrillos parlamentarios, o foros anónimos. Nombres propios del Laborismo, mujeres históricas y ministras en el poder han elevado la voz públicamente para demandar el fin de una cultura corrosiva y medidas palpables, más allá de la cosmética. Harriet Harman, vice líder laborista durante ocho años, hasta 2015, y actualmente en la Cámara de los Lores, ha planteado públicamente eliminar la toxicidad de la actual estructura en Downing Street con el nombramiento de una mujer como primera secretaria de Estado, una posición honorífica que equivale al número dos del Ejecutivo.
La ministra de Cultura, Lisa Nandy, por su parte, ha denunciado que las comunicaciones que salen de la residencia oficial “rezuman misoginia” y ha dicho haber trasladado a Starmer que “particularmente las hechas contra las mujeres, de las que ha habido demasiadas, son inaceptables”. Nandy y su colega al frente de Educación, Bridget Phillipson, han acusado directamente al personal de Downing Street de perpetuar el sexismo, mientras otras como la ministra de Finanzas, primera mujer en los más de 800 años de historia del cargo; o la vice líder del Partido Laborista han admitido haber sufrido repetidos episodios de misoginia en la vida pública.
Los primeros pasos son alentadores. De momento, ha puesto a dos mujeres, Vidhya Alakeson y Jill Cuthbertson, como jefas de Gabinete, uniendo sus fuerzas para sustituir a quien siempre había sido su mano derecha, Morgan McSweeney, quien dimitió el pasado domingo como responsable de haber recomendado el nombramiento de Mandelson. Al frente de la dirección de Comunicaciones hay otro nombre femenino, Sophie Nazemi; y se prevé que el influyente puesto de secretario de Gabinete vaya también a una mujer, Antonia Romeo. Pero más allá de cubrir vacantes, Starmer y su equipo tendrán que demostrar su capacidad de abolir la enraizada cultura sexista en el Número 10 y probar que los cambios no son meramente nominales.