“Si hay una Gürtel del PSOE habrá elecciones”, advertía el portavoz de ERC en el Congreso, tras conocerse que Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE, era el cabecilla de una trama de cobro de comisiones del 2% a cambio de la adjudicación de obra pública.
Los socios del Gobierno tratan de minimizar la trama de corrupción política a “tres tipos” (Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García) que se repartían el amaño de contratos que destapó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Pero los investigadores están elaborando un nuevo informe sobre el patrimonio de Cerdán y han asegurado a Artículo14 que las pesquisas apuntan a una presunta “financiación irregular del PSOE”, cuyo alcance está por determinar.
Hasta el momento, las investigaciones se han centrado en Navarra y en la empresa Servinabar (vinculada a Cerdán y receptora de comisiones del 2% de manos de la adjudicataria Acciona). Los agentes llevan meses rastreando las operaciones de la trama y también tratan de desentrañar si el ex secretario de Organización del PSOE habría corrompido a cargos socialistas en otros territorios.
De hecho, el último informe de la UCO centró una parte sustancial de sus averiguaciones en tres grandes adjudicaciones de obras públicas: una autovía en Logroño (La Rioja), un puente en Sevilla (Andalucía) y una ferroviaria en Sant Feliu de Llobregat (Cataluña). El importe total de estas adjudicaciones superó los 245 millones de euros, de los cuales Servinabar se embolsó 4,8 millones siguiendo la mordida pactada con Acciona del 2%.
En realidad, la Guardia Civil ha podido comprobar que las transferencias de Acciona a Servinabar alcanzan los 6,7 millones porque también hay que contemplar la obra que dio origen a las primeras grandes sospechas, la del desdoblamiento de los túneles de Belate (Navarra), adjudicada por más de 60 millones y con continuos sobrecostes.
Ferraz, en el punto de mira
La sombra de una presunta financiación irregular del PSOE planea en la instrucción del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, desde que los agentes de la UCO detectasen el trasiego de sobres con dinero en metálico en Ferraz y también al constatar descontroles y descuadres en la caja del Partido Socialista.
Las sospechas del magistrado se centran en que la trama formada por Cerdán; el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos; y el que fue asesor de ambos, Koldo García; ingresaba en las arcas del partido parte de las comisiones que cobraba en metálico de las empresas con las que se amañaban adjudicaciones de contratos públicos.
La UCO alertó de una falta de sintonía entre el dinero en metálico que se sabe que la formación entregó a Ábalos y Koldo y las liquidaciones presentadas por el PSOE. Ante este descuadre Puente citó a declarar como testigos al ex gerente de Ferraz, Mariano Moreno, y la trabajadora, Celia Rodríguez, a quién los investigadores señalan como responsable de entregar los sobres de dinero.
Tras escucharles el magistrado concluyó que hay asuntos que no habían quedado “despejados” sobre estos pagos y evidenció la falta de una explicación “suficiente” del origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE disponía en su sede para abonar los gastos de sus cargos. Con estas conclusiones, Puentes instó a la Audiencia Nacional a investigar las cuentas de los socialistas pendientes de una auditoría interna que el propio Pedro Sánchez anunció que se llevaría a cabo el pasado mes de julio tras el ingreso en prisión de Cerdán.
La pieza separada en la Audiencia
Una vez recibida la citada información, el juez Ismael Moreno —que, por su parte, investiga la presunta organización criminal que cobró comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia— abrió una pieza separada en relación con los pagos en metálico del PSOE realizados a Ábalos y a Koldo García.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por Artículo14 apuntan a que “primero se verán los delitos, en caso de que los haya, y luego si esos eventuales delitos generan responsabilidad de la persona jurídica, el PSOE como partido”. A partir de ahí se valorará “si se han cometido en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica y después si el PSOE tenía un programa de compliance eficaz”.
Es decir, la Audiencia Nacional a de despejar si es achacable la responsabilidad al PSOE en su conjunto o si, por el contrario, las actividades delictivas están asociadas a una persona en concreto, según las citadas fuentes.
En caso de que el partido acabe imputado, los socios de legislatura tendrían complicado justificar su apoyo a Sánchez dado que ellos mismos han establecido como “línea roja” la financiación irregular.
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