Juntos hasta el final. El que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su entonces colaborador Koldo García mantienen sus estrategias de defensa inmutables en la recta final de la causa. Sus entornos arguyen que el fiscal anticorrupción pretende “meter miedo” y que Ábalos deje su escaño. Pero las fuentes consultadas por Artículo14 se ratifican en el pacto de no agresión que mantienen desde que estalló el escándalo.
El Tribunal Supremo los quiere juzgar por haber amañado contratos públicos de compra de material sanitario aprovechándose de su poder en el ministerio para llevarse comisiones ilícitas, principalmente. Por estos hechos, Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel a Ábalos por delitos de organización criminal, malversación, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y uso de información privilegiada. Y 19 años y medio para Koldo García. Por su parte, las acusaciones populares elevan esta petición hasta los 30 años de prisión para ambos.
Sendos escritos de acusación vienen acompañados de la solicitud de una vistilla con una revisión de las medidas cautelares interpuestas hasta ahora, y que se celebrará el jueves. Eso quiere decir que podrían entrar en prisión provisional en los próximos días ya que el magistrado Leopoldo Puente ha ido siguiendo la línea de Alejandro Luzón, el fiscal jefe Anticorrupción, que ahora considera que hay que endurecer las cautelares, pudiendo estar entre las opciones la prisión provisional sin fianza tal y como solicita ya la acusación popular. Hasta ahora le había bastado con la comparecencia quincenal de los investigados en los juzgados y la retirada del pasaporte.
Por todo ello, las defensas de Ábalos y Koldo García creen que el escrito de acusación de Anticorrupción es una “amenaza” para que colaboren con la Justicia. Sospechan que quieren “forzar a Ábalos a dejar el escaño” y “meter miedo a Koldo”. Pero, pese a ello, se reafirman en mantener su línea de defensa de negar la comisión de todos los delitos. “En caso contrario, tendrían que reconocer unos hechos que no han sucedido y por los que no hay pruebas”, inciden en sus entornos.
Tanto es así que Ábalos no dudó en defender esta tesis en sus redes sociales: “Es una estrategia premeditada de presión, se me hace una exagerada reclamación de delitos y penas adobada con una estratégica petición de vistilla del Art. 505 de la LECrim para forzar una conformidad ante la falta de evidencias reales que sustentan la calificación”, aseveró.
El escrito de calificación comunicado en el día de hoy por el Ministerio Fiscal supone una vuelta de tuerca más en la espiral de indefensión a la que vengo siendo sometido durante toda la instrucción de la Causa Especial 20775/2020 por la Sala II del Tribunal Supremo.
No solo…
— José Luis Ábalos (@abalosmeco) November 19, 2025
Así las cosas, el exministro y su asesor llegarán a la apertura del juicio oral manteniendo el pacto de no agresión que ha imperado desde el principio de la causa. Ninguno de ellos ha declarado nada para perjudicar al otro y ambos han presentado recursos a su procesamiento en la sala de apelaciones similares.
En concreto, se han limitado a negar delitos, amaño en contratos y mordidas. Alegan indefensión por no tener acceso a los dispositivos móviles de donde han extraído el material incriminatorio.
Además, arguyen que se ha investigado a un aforado -a Ábalos- con un suplicatorio mal planteado en el Congreso de los Diputados y que están siendo sometidos a una investigación prospectiva. Es decir, que se los ha investigado indiscriminadamente sin acotación solo por el hecho de encontrar algo que los incrimine.
Ábalos llegó a acusar al juez de actuar con sesgo y de ser un “director jurídico del equipo policial que asume su tesis acusatoria sin objeción alguna”. Otra máxima que han mantenido durante toda la causa penal: apuntar a que las razones de la justicia son políticas.
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