La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para el diputado y exministro de Transportes José Luis Ábalos por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos. Asimismo, el Ministerio Público pide 19 años y seis meses para su exasesor Koldo García por los mismos ilícitos y siete años para Víctor de Aldama por los delitos de organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada.
Además, en caso de que el exministro sea encontrado culpable, este deberá dejar obligatoriamente su acta de diputado, pues el fiscal Alejandro Luzón ha solicitado su inhabilitación para ser elegido en cualquier elección durante el tiempo de la condena.
La petición del Ministerio Público engloba la compra de mascarillas, la contratación de Jésica Rodríguez en las empresas Ineco y Tragsa, el pago del alquiler del piso en la plaza de España de Madrid donde residía la propia Rodríguez, la contratación de Claudia Montes en Logirail o el arrendamiento del chalet de la Alcaidesa en La Línea de la Concepción (Cádiz).
Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre, el instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordó enviar al banquillo de los acusados a Ábalos, a su exasesor y Aldama por las presuntas irregularidades cometidas en la compra de material sanitario durante la pandemia. Un proceso al margen del otro asunto nuclear de la causa judicial, el cual involucra al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por el presunto amaño de obras públicas.
Los trabajos en empresas públicas y el pago del piso
Jésica Rodríguez, la expareja de Ábalos, ocupó un puesto en Ineco, empresa dependiente de Adif. La joven declaró en el Tribunal Supremo que recibió una retribución que la Fiscalía Anticorrupción fija en 34.477,86 euros, pero nunca fue a trabajar. Además, reconoció que había vivido en un piso pagado por la trama que involucra a García, el exministro y Aldama.
Por su parte, Claudia Montes declaró ante el magistrado Puente que conoció al todavía diputado en un acto del PSOE en 2019 y que le pidió ayuda porque no encontraba trabajo. Fue el propio Ábalos quien le puso en contacto con su entonces asesor Koldo García.
El también ex secretario de Organización socialista solo ejerció de nexo, según el relato de le mujer ante el juez. Tras el encuentro le puso en contacto con García, que le llamó por teléfono para preguntarle por su experiencia laboral y le pidió que le enviara unas fotos. Montes aseguró que ella no llegó a enviar ningún currículum, sino que fue la mujer de este quien “se lo falsificó”.
En ese punto, el juez le interrumpió y le dijo que las conversaciones incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil demostraron que fue ella misma quien le envió el documento a Koldo García para que introdujera las imágenes y, ante esa información, Montes se limitó a decir que no lo recordaba.
Preguntada por si tenía pruebas para demostrar que ese currículum fue falseado, afirmó: “Cuando llegó el director general nuevo me dijo que tenía un CV excepcional y que se estaba desaprovechando. Yo me quedé con eso en la cabeza porque no me cuadraba con mi experiencia profesional. Y cuando me despidieron, le pedí al señor Koldo el CV que entregó porque podía meterme en líos si era falso”.



