La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para el diputado y exministro de Transportes José Luis Ábalos por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos. Asimismo, el Ministerio Público pide 19 años y seis meses para su exasesor Koldo García por los mismos ilícitos y siete años para Víctor de Aldama por los delitos de organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada.
Además, en caso de que el exministro sea encontrado culpable de estos delitos, deberá dejar obligatoriamente su acta de diputado, ya que el fiscal Alejandro Luzón ha solicitado su inhabilitación para ser elegido en cualquier elección durante el tiempo de la condena.
La petición del Ministerio Público engloba la compra de mascarillas, la contratación de Jésica Rodríguez en las empresas Ineco y Tragsatec, el pago del alquiler del piso en la plaza de España de Madrid donde residía la propia Rodríguez, la contratación de Claudia Montes en Logirail o el arrendamiento del chalet de la Alcaidesa en La Línea de la Concepción (Cádiz).
Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre, el instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordó enviar al banquillo de los acusados a Ábalos, a su exasesor y Aldama por las presuntas irregularidades cometidas en la compra de material sanitario durante la pandemia. Un proceso al margen del otro asunto nuclear de la causa judicial, el cual involucra al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por el presunto amaño de obras públicas.
Los trabajos en empresas públicas y el pago del piso
Jésica Rodríguez, la expareja de Ábalos, ocupó un puesto en Ineco, empresa dependiente de Adif. La joven declaró en el Tribunal Supremo que recibió una retribución que la Fiscalía Anticorrupción fija en 34.477,86 euros, pero nunca fue a trabajar. Dos días dos días después de terminar su vinculación con Ineco, y “sin sujetarse tampoco a ningún proceso de selección relevante, García, siguiendo una vez más las instrucciones de José Luis Ábalos, desplegó nuevamente su influencia para que Rodríguez fuera contratada también por Tragsatec”. Un empleo que le reportó 9.500,54 euros.
Por su parte, Claudia Montes declaró ante el magistrado Puente que conoció al todavía diputado en un acto del PSOE en 2019 y que le pidió ayuda porque no encontraba trabajo. Fue el propio Ábalos quien le puso en contacto con su entonces asesor Koldo García.
Tras el encuentro, le puso en contacto con García, que le llamó por teléfono para preguntarle por su experiencia laboral y le pidió que le enviara unas fotos. Montes aseguró que ella no llegó a enviar ningún currículum, sino que fue la mujer de este quien “se lo falsificó”.
En ese punto, el juez le interrumpió y le dijo que las conversaciones incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil demostraron que fue ella misma quien le envió el documento a Koldo García para que introdujera las imágenes y, ante esa información, Montes se limitó a decir que no lo recordaba.
Preguntada por si tenía pruebas para demostrar que ese currículum fue falseado, afirmó: “Cuando llegó el director general nuevo me dijo que tenía un CV excepcional y que se estaba desaprovechando. Yo me quedé con eso en la cabeza porque no me cuadraba con mi experiencia profesional. Y cuando me despidieron, le pedí al señor Koldo el CV que entregó porque podía meterme en líos si era falso”. Esto, según la Fiscalía, responde a que el también ex secretario de Organización socialista y su mano derecha “promovieron la arbitraria contratación” de Montes, quien cobró 1.384,99
euros mensuales entre el 16 de diciembre de 2019 y el 17 de febrero de 2022.
La información “privilegiada” de Aldama
Con respecto a Aldama, el Ministerio Público señala que debido a la relación personal que forjó con Ábalos y García, el presunto conseguidor de la trama obtuvo de ambos información “previa y privilegiada” acerca de la necesidad que tenía el Ministerio de Transportes de adquirir equipos de protección individual. No obstante, como carecía de los medios humanos y materiales necesarios, “así como de la financiación suficiente para acometer el proyecto en solitario”, el también empresario contactó con la empresa Soluciones de Gestión y con el grupo Cueto.
Esta “relevante información” de la que disponía y que “todavía no se había hecho pública”, indica el fiscal Luzón, le permitió a Aldama articular una oferta, “con la aquiescencia de Ábalos y de García y el compromiso de que los contratos le serían adjudicados”, para “adelantarse a posibles competidores y asegurar la perfección del contrato de suministro” en favor de Soluciones de Gestión.
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