El régimen de Nicolás Maduro amaneció magnánimo el día de Navidad y liberó… 70, de sus mil presos políticos. Pero ese gesto, del que suele echarse mano para aliviar la presión internacional en fechas festivas, no incluyó a los reclusos con nacionalidad española. Desde luego, a ninguna de las seis mujeres con esa nacionalidad, que tiene sujetas a detenciones arbitrarias
Mientras la propaganda del régimen escenificaba la liberación de un grupo de detenidos, goteo selectivo que suele usar como válvula de escape en ciertas ocasiones, las seis venezolanas con nacionalidad española permanecían en sus celdas. Ninguna de ellas, como bien ha apuntado la periodista Kaoru Yonekura, fue incluida en las boletas de excarcelación. “Ni las detenidas antes del fraude electoral, ni las vinculadas a Vente Venezuela, ni mucho menos las extranjeras. Para ellas, el espíritu navideño de la dictadura ha sido un portazo en la cara”.
María Auxiliadora, Ángela, Rocío, Sofía y Karen
La lista de las españolas abandonadas a su suerte es el inventario de una infamia. María Auxiliadora Delgado Tabosky, de 50 años, es quizás el caso más emblemático de esta tragedia. Condenada a la pena máxima de 30 años de prisión, su “crimen” es ser hermana de Osman Delgado Tabosky. Es el castigo vicario en su máxima expresión: encarcelar a la mujer para quebrar al hombre. En la DGCIM de Boleíta, María Auxiliadora sobrevive entre dolores crónicos de columna y la falta total de luz solar.
Junto a ella, la historia de Ángela Expósito Carrillo, de 59 años, estremece por su absurdo. Detenida desde 2018 y condenada a 24 años, la directora de la ONG Fundanimal terminó en El Helicoide por cuidar a los perros de perseguidos políticos como el asesinado Óscar Pérez. Siete años después, su salud es una ruina de hipertensión y asfixia.
El caso de la abogada y activista Rocío San Miguel, de 58 años, representa la cacería contra la inteligencia. La experta en asuntos militares fue secuestrada en febrero de 2024 y, desde entonces, el régimen le ha bloqueado cualquier defensa privada. San Miguel, una voz clave para entender el estamento castrense, hoy solo escucha las amenazas de sus carceleros en un aislamiento procesal que el consulado español no ha logrado romper.
Sofía Sahagún, de 23 años, fue capturada en el aeropuerto de Maiquetía cuando intentaba viajar a Madrid tras las elecciones de julio de 2024. La periodistas Kaoru Yonekura subraya la arbitrariedad: Sofía es presa política post-electoral por ser prima de un perseguido vinculado a Machado. En cárcel La Crisálida, la juventud de Sofía se consume bajo cargos de terrorismo fabricados para aterrorizar a su generación.
Catalina Ramos, bióloga y activista de 42 años, y Karen Sheydell Hernández, de 25, completan el cuadro. Catalina fue secuestrada por el SEBIN en mayo de 2025, perseguida por su labor en Vente Venezuela. Karen, por su parte, carga con una condena de 30 años bajo la acusación de “mercenarismo” en la llamada Operación Gedeón, una narrativa que el régimen usa para justificar su paranoia de invasión extranjera. Para Karen, el acceso consular ha sido prácticamente inexistente.
España, aparte de ellas ese cáliz
-España -dice la periodista Kaoru Yonecura, que ha seguido el fenómeno por años- es el país con mayor cantidad de presas políticas en Venezuela. Y no vemos que esto importe demasiado. Aunque debería: Ángela Expósito está detenida desde 2018 y fue torturada de tal manera que uno no se explica cómo está viva. María Auxiliadora fue detenida en 2019 y estaba en tratamiento de fertilidad… Son años perdidos. En septiembre de este año, la CIDH emitió medidas cautelares en favor de Sofía y no ha pasado nada. Catalina es mujer de investigación, de academia; de hecho, su hermana Olga Ramos, que murió en 2022, fue una de las investigadoras y analíticas de políticas educativas en Venezuela que mucho aportó para mejorar la calidad de la educación de los chamos. Ninguna de merece estar presa.
Los ejecutores de este sistema, como la jueza Alejandra Romero Castillo, quien a sus 32 años se ha convertido en la firma favorita del terrorismo judicial, actúan con la certeza de que no habrá consecuencias. Romero Castillo permite audiencias donde las detenidas son vigiladas por sus torturadores, anulando cualquier derecho humano básico.
Este es un indicio del clima de terror en el que viven los presos políticos de Maduro.
La situación ha escalado a tal estado de pánico que según han documentado periodistas, como Víctor Amaya, no es solo la privación de libertad; es el miedo a la aniquilación. Los custodios del régimen han instaurado una cantilena de muerte. A los presos se les dice que sus vidas no valen nada y que, si la presión internacional aumenta o hay cualquier intento de rescate, ellos serán los primeros en ser ejecutados. “Si vienen por ustedes, no saldrán vivos”, es la consigna que retumba en los pasillos de El Helicoide y La Crisálida. María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, lo ha advertido con urgencia: “Los presos son hoy rehenes bajo amenaza de ejecución extrajudicial, utilizados como escudos humanos en una apuesta desesperada del tirano por sobrevivir.
En este escenario de vulnerabilidad extrema, el papel del Gobierno español destaca por una omisión que raya en la negligencia. Mientras Francia o Estados Unidos han logrado, en distintos momentos, arrancarle al régimen a sus nacionales secuestrados por el régimen, Madrid se aferra a una “discreción diplomática” que las familias denuncian como una capitulación silenciosa. No hay gestiones públicas de peso, no hay exigencias firmes.
El Gobierno español parece haber aceptado la tesis de Maduro: que estas seis mujeres son solo venezolanas y que España no tiene derecho a protegerlas. Esa inacción es el oxígeno que ha necesitado la dictadura para seguir usándolas como piezas de canje.