Ayer, más de 10.000 agricultores y ganaderos de toda Europa dejaron por un día el olor a tierra y el peso de los aperos para recorrer el asfalto de Bruselas. La capital europea se convirtió en escenario de una movilización, calificada de “rebelión” contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y en la que participaron asociaciones agrarias españolas como Asaja, COAG y UPA. En la protesta se congregaron por vez primera representantes del campo de los 27 Estados miembros de la UE. Su mensaje a las instituciones comunitarias fue contundente: exigir decisiones que comprendan la realidad del sector y garanticen la seguridad alimentaria del continente.
Durante esta semana, los ministros de Agricultura y Finanzas de los Estados miembros debaten el Marco Financiero Plurianual 2028‑2034, que incluye la futura Política Agraria Común (PAC) -cuya propuesta inicial supondría un recorte de alrededor del 22% respecto al presupuesto actual– y el acuerdo comercial con Mercosur, del que Von der Leyen esperaba tener “luz verde” en los próximos días. No obstante, el rechazo de Francia e Italia ha retrasado la firma del tratado, que estaba prevista para este sábado en Brasilia, a enero. Por su parte, el presidente de Brasil, Lula da Silva, instó ayer a la Comisión Europea a suscribir el convenio: “Es ahora o nunca”.
El desafío del acuerdo Mercosur
El tan controvertido acuerdo con Mercosur lleva negociándose más de 26 años entre la Unión Europea y el bloque sudamericano formado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. El tratado permite un mayor acceso de productos agrícolas al mercado europeo, reduciendo o eliminando progresivamente los aranceles sobre los productos comercializados. Estos cambios, junto con los menores costes de producción en Mercosur, podrían incrementar la competencia y afectar la rentabilidad del sector europeo, especialmente el agrario.
Por ello, la UE ha establecido una serie de cláusulas de salvaguardia que permiten reaccionar ante perturbaciones graves en los mercados y proteger la producción local. Entre ellas se incluye, la suspensión temporal de las ventajas arancelarias para determinados productos agrícolas importados desde Mercosur si se constata que su entrada causa o amenaza con causar un perjuicio grave a los productores comunitarios.
El ‘no’ de Francia e Italia
Pero las medidas no han convencido a dos de los integrantes con más peso del bloque. Francia e Italia ya han manifestado su oposición al acuerdo, argumentando que no ofrece suficientes garantías para proteger al sector nacional. En este sentido, el presidente francés, Emmanuel Macron, avisó ayer desde Bruselas que si se fuerza un voto para que los 27 aprueben la firma del acuerdo de libre comercio con Mercosur antes de que acabe el año, Francia votará que no. Al tiempo que ha pedido esperar a enero para comprobar que se adoptan las nuevas cláusulas acordadas para los agricultores. Ahora la UE ha aceptado su propuesta, después de que la presidenta Italiana, Giorgia Meloni, se sumase a la postura de su homólogo francés.
Así, el propio Lula da Silva asumió que casi con total certeza la UE no refrendará el acuerdo antes de final de año. Por ello, el presidente de Brasil señaló que “si no es posible ahora porque no está listo, tampoco puedo hacer nada”, anticipando la negativa de mañana.
El 25% del presupuesto de la UE
A la inquietud por el acuerdo con Mercosur se suma la controvertida nueva PAC. Actualmente, el programa para la etapa de 2021‑2027, con una dotación total de unos 386.600 millones de euros para todo el periodo, representa aproximadamente el 25% del presupuesto de la UE. Algo llamativo si se tiene en cuenta que el sector agrario y pesquero comunitario supone el 1,3% del PIB de todo el bloque.
La presente hoja de ruta se estructura en dos pilares: el primero, con 291.100 millones euros, destinado a ayudas directas y medidas de mercado para garantizar ingresos estables a los agricultores. Y el segundo, con 95.500 millones euros, dedicado al desarrollo rural, modernización de explotaciones… A estos fondos hay que sumar los 6.100 millones euros del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), que apoyan la modernización de flotas, formación, seguridad y transición ecológica del sector.
La “nueva” PAC
Ahora los vientos soplan en otra dirección. La propuesta inicial de la PAC post‑2027, presentada el pasado mes de julio, plantea cambios significativos que han alarmado al sector. El presupuesto total se reduce a alrededor de 300.000 millones euros, casi 90 mil millones menos que el programa previo. Además, propone integrar la financiación de agricultura, cohesión, transición verde, digitalización y pesca en un fondo único. Uno de los puntos más polémicos, ya que a pesar de dar mayor flexibilidad a los Estados, no garantiza recursos específicos para agricultores, ganaderos y pescadores.
Este cambio, según denuncian agricultores y ganaderos, pone en riesgo los ingresos directos, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria de la UE. En el caso de la pesca, el ajuste resulta aún más preocupante. Los recursos pasarían de 6.100 millones de euros a apenas 2.000 millones, lo que supone un recorte cercano al 66%. Además, el pan quedaría integrado en el fondo único, perdiendo autonomía presupuestaria y capacidad de actuación independiente.