La Peste Porcina Africana (PPA) parece no dar tregua. El virus detectado por primera vez después de 31 años en España el pasado 28 de noviembre sigue mermando el sector del cerdo en el país. El director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel Higuera, ha atendido a Artículo14 en su vuelta de numerosas reuniones en Bruselas por motivo del momento crítico para la industria. El pasado jueves se identificaron otros cuatro nuevos jabalíes silvestres positivos en la enfermedad. Lo que ha elevado a trece el número total de casos registrados, todos en el parque natural de Collserola, a pocos kilómetros de Barcelona.
El hallazgo ha activado protocolos excepcionales, establecido restricciones comerciales y ejercido una intensa presión sobre los ganaderos, que vuelven a situarse en el centro de una crisis sanitaria animal -como ocurrió con la gripe A o la aviar- con impacto económico inmediato.
El comité científico
En su último movimiento por contener la PPA, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha constituido un comité científico consultivo para seguir la evolución del brote y analizar medidas de control y erradicación. El equipo, presidido por la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez Castaño, elaborará informes periódicos sobre la enfermedad y un estudio final al concluir la crisis para mejorar futuras actuaciones.
Al mismo tiempo, países como Japón o México han frenado sus importaciones de porcino español y los mercados ya reflejan una caída en los precios superior al 15%. En este sentido, Higuera explica que “los productores están muy preocupados, porque esta situación supone un riesgo directo para sus explotaciones”. Además, el miedo a un posible contagio en las fincas domésticas es todavía latente: “Nuestra prioridad es proteger al máximo las granjas, manteniendo todo cerrado y evitando cualquier contacto con la fauna silvestre”. La urgencia de las autoridades ha sido mantener en todo momento un perímetro de control.
“Extremar” las precauciones
Para ello, el MAPA en cooperación con la Generalitat Catalana ha delimitado una zona de exclusión y vigilancia de 20 kilómetros alrededor de los focos. En esta área, se ha prohibido la caza para evitar el desplazamiento de los jabalíes y se han reforzado actuaciones de búsqueda y trampeo, con más de 200 efectivos desplazados en la zona entre UME y Agents Rurals. Sin embargo, Higuera vaticina que “estamos empezando. Lo peor todavía no ha pasado“. Por lo que justifica que es “fundamental seguir recuperando cadáveres de jabalíes infectados para evitar la propagación del virus”.
Por ahora, todos los análisis veterinarios efectuados en las explotaciones de la zona afectada, que ascienden a 39, han resultado negativos en PPA. Un “gran alivio” tal y como atestigua el director de Anprogapor, aunque reivindica que “no hay que bajar la guardia”. Sin embargo, el Govern de la Generalitat ha llegado a un acuerdo con el sector ganadero para llevar al matadero a un total de 30.000 cerdos sanos de las granjas que se encuentran dentro el perímetro de vigilancia del foco. La carne de los animales sacrificados se destinará a consumo interno.
Impacto económico
El brote ya está dejando secuelas económicas, no solo en Barcelona, sino en todo el país. España exporta más de 2,7 millones de toneladas de cerdo al año a 104 países, que generan alrededor de 8.500 millones de euros. De todos ellos, algunos como China, principal mercado español con más de 520 millones de toneladas compradas el año pasado, aplican el principio de regionalización. Esta medida limita la comercialización del producto ubicado en la zona afectada, pero permite el flujo habitual de mercancía porcina con el resto de regiones.
Sin embargo, todavía hay otras 20 naciones que la rechazan. Así, el responsable de la asociación de ganaderos argumenta que “el coste financiero va a depender mucho de la capacidad de absorción tanto por parte del consumo interno -contando con la Unión Europea- como con la relocalización de productos en otros mercados“.
“Una vez que un país ya no es libre de PPA y pierde el status, para recuperarlo tienen que pasar 12 meses sin detectar ningún foco“, señala. Pero eso no es todo. A la suspensión de las ventas del producto en las explotaciones damnificadas, y en algunos casos de todo el país, se suma un cargo adicional. El mantenimiento del marrano más allá de su tiempo de vida programado. “Los ganaderos siguen alimentando al animal, incurriendo en costes adicionales. Además, si estos exceden el peso objetivo del matadero, se deprecian y pierden valor”, sostiene Higuera.
Aunque el impacto varía en función de la situación de cada explotación: “Las que ya habían terminado el ciclo de producción sufren menos. Mientras, las que necesitan vender sus cerdos ahora enfrentan mayores problemas económicos”. Pero concluye que, en líneas generales, “el sobrante empujará los precios finales de venta a la baja”.