En una decisión de enorme calado institucional y económico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos asestó este viernes el mayor revés judicial a la agenda económica de Donald Trump al declarar ilegales sus aranceles globales, al considerar que el presidente excedió la autoridad que le concede la ley. La sentencia, adoptada por seis votos contra tres, establece que el mandatario no puede imponer gravámenes generalizados a las importaciones sin una autorización clara del Congreso.
El fallo supone un golpe directo al núcleo de la identidad política de Trump, que ha convertido los aranceles en la piedra angular de su discurso económico bajo el lema “América First”. En una comparecencia airada en la Casa Blanca, el presidente reaccionó calificando de “fools” (tontos) y “lap dogs” (perros falderos) a los magistrados que votaron en contra de su política, incluidos dos jueces nombrados por él mismo. “Es una decisión terrible y defectuosa”, afirmó, antes de anunciar que buscará vías alternativas para restablecer gravámenes mediante una orden ejecutiva que impondría un arancel general del 10% a los socios comerciales de Estados Unidos.
La resolución responde al caso Learning Resources v. Trump, en el que varias empresas impugnaron la legalidad de los aranceles dictados al amparo de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una norma de 1977 diseñada para facultar al presidente a actuar ante emergencias económicas internacionales. El presidente del tribunal, John G. Roberts Jr., sostuvo en la opinión mayoritaria que el texto legal no autoriza al jefe del Ejecutivo a imponer aranceles de “cantidad, duración y alcance ilimitados” sin una habilitación expresa del legislativo.
“El presidente reivindica un poder extraordinario para imponer aranceles unilateralmente”, escribió Roberts. “A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de esa autoridad alegada, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”. Y añadió que ningún presidente anterior había interpretado la IEEPA como una fuente de poder arancelario general.
A la mayoría se sumaron los tres jueces considerados liberales y dos magistrados nombrados por Trump, entre ellos Neil M. Gorsuch, quien redactó una concurrencia de 46 páginas subrayando el papel central del Congreso en materia fiscal y comercial. “La Constitución deposita el poder legislativo únicamente en el Congreso”, afirmó. “Puede ser tentador eludirlo cuando surgen problemas urgentes, pero el proceso legislativo garantiza que todos tengamos una participación en las leyes que nos gobiernan”.
La decisión no entra a resolver si los ciudadanos y empresas que pagaron los aranceles declarados ilegales podrán reclamar la devolución de las cantidades abonadas. Ese vacío abre un frente adicional de litigios en los tribunales inferiores y en el debate político.
La reacción de Trump fue inmediata y sin matices. “Estoy avergonzado de ciertos miembros del tribunal”, declaró ante los periodistas. “No tuvieron el coraje de hacer lo correcto para nuestro país”. El presidente insistió en que la sentencia constituye un revés “técnico” y no definitivo, y sostuvo que el “resultado final será que el país recaudará más dinero”. Según adelantó, su Administración recurrirá a otras disposiciones legales, como la Trade Act de 1974 y la Trade Expansion Act de 1962, para rediseñar el esquema arancelario dentro de un marco jurídico distinto.
El tono desafiante refleja hasta qué punto la política comercial se ha convertido en una seña de identidad de Trump. Durante años, el presidente ha defendido que los aranceles enriquecen a Estados Unidos, generan ingresos fiscales y sirven como palanca para forzar acuerdos comerciales más ventajosos. Sin embargo, numerosos economistas han advertido de que el coste real de esos gravámenes recae en empresas y consumidores estadounidenses, a través de precios más altos y mayores costes de producción.
Las midterms, en el horizonte
El fallo llega en un momento políticamente delicado. En plena campaña electoral, con las elecciones legislativas de noviembre en el horizonte, la economía figura como una de las principales preocupaciones del electorado. Encuestas recientes del Pew Research Center muestran que seis de cada diez estadounidenses se oponen a los aumentos arancelarios, y que el rechazo se ha mantenido mayoritario desde que Trump presentó su ambiciosa agenda comercial en primavera.
En el Partido Republicano, algunos dirigentes habían instado al presidente a centrar su mensaje en la inflación y el crecimiento, evitando controversias que puedan erosionar el apoyo en distritos competitivos. La sentencia del Supremo complica esa estrategia y obliga a recalibrar el discurso económico en el tramo decisivo de la campaña.
En el campo demócrata, la decisión fue celebrada como una victoria del Estado de derecho y de la separación de poderes. La senadora Elizabeth Warren escribió en la red social X que “ninguna decisión puede deshacer el daño masivo causado por los aranceles caóticos de Trump”, y defendió que los estadounidenses deberían poder recuperar el dinero pagado. En términos similares se expresó el gobernador de California, Gavin Newsom, quien calificó los gravámenes de “apropiación ilegal” que elevó los precios y dañó a las familias trabajadoras.
Donald Trump illegally stole your money.
He should give it back to you.
Instead Trump is scheming up new ways to force Americans to pay even more. https://t.co/PoLCg1azzv
— Elizabeth Warren (@SenWarren) February 20, 2026
Más allá del impacto inmediato sobre la política comercial, el pronunciamiento del tribunal tiene implicaciones institucionales profundas. Es la primera vez que el Supremo sostiene que el presidente sobrepasó su autoridad legal en la imposición de aranceles de alcance global. La sentencia marca una línea roja frente a una concepción expansiva del poder ejecutivo que ha caracterizado buena parte del mandato de Trump, especialmente en materia de política exterior y seguridad nacional.
En su opinión, Gorsuch advirtió de que el equilibrio entre poderes puede parecer una carga cuando frustra objetivos políticos inmediatos, pero constituye un “baluarte de la libertad” a largo plazo. La frase resuena como un recordatorio de que, incluso en ámbitos tradicionalmente deferentes con el Ejecutivo, como el comercio internacional, la Constitución exige límites claros y controles recíprocos.
Donald Trump’s tariffs were ILLEGAL from day one.
Enough is enough. Trump took hard-earned money from the pockets of working families and the American people. Time to pay up. pic.twitter.com/9FeTHSdZVG
— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) February 20, 2026
Trump, por su parte, insistió en que el tribunal le ha dejado margen para actuar por otras vías. “Ahora el tribunal me ha dado el derecho incuestionable de prohibir todo tipo de cosas que entren en nuestro país”, afirmó, en una interpretación que varios juristas consideran, cuando menos, discutible. La Casa Blanca sostiene que el presidente puede rediseñar los aranceles bajo otras disposiciones legales que contemplan herramientas para “regular la importación” en circunstancias específicas.
El desenlace de esa estrategia dependerá de la letra fina de las nuevas órdenes ejecutivas y de la reacción de los tribunales. Lo que parece claro es que la batalla jurídica sobre los aranceles no ha concluido, sino que entra en una nueva fase.
Para los mercados y los socios comerciales de Estados Unidos, la sentencia introduce un elemento de incertidumbre, pero también de previsibilidad institucional. Al reafirmar el papel del Congreso en materia tributaria, el Supremo envía una señal de que los cambios estructurales en la política comercial requieren un consenso legislativo y no pueden descansar exclusivamente en la voluntad presidencial.
En pleno año electoral, la sentencia corrige una política concreta y reabre la discusión sobre los límites del poder presidencial en la primera potencia mundial. Entre la reivindicación del mandato popular y la vigencia del Estado de derecho, el Supremo ha optado por recordar que, incluso en tiempos de polarización y urgencia económica, la arquitectura constitucional sigue marcando las reglas del juego.