La ofensiva de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro ha entrado en una nueva fase. Estados Unidos ya no se limita a sancionar empresas, intermediarios o cuentas bancarias: ahora apunta directamente al transporte físico del petróleo venezolano, el principal sustento económico de Caracas. La orden presidencial de bloquear e interceptar petroleros previamente sancionados marca un salto cualitativo en la estrategia estadounidense y abre un escenario de presión mucho más tangible.
La medida llega tras la incautación del buque Skipper en el Caribe y se dirige a una flota concreta: petroleros identificados por Washington por operar en la llamada flota fantasma, utilizada para esquivar sanciones mediante banderas opacas, rutas trianguladas y aseguradoras de conveniencia. No se trata de un embargo general ni de un bloqueo clásico, pero sí de algo más que una sanción económica convencional.
En la práctica, Estados Unidos busca disuadir a navieras, aseguradoras y compradores de seguir operando con crudo venezolano. No tanto persiguiendo la transacción, sino poniendo en riesgo el propio viaje. “Es una medida selectiva, dirigida a buques ya sancionados”, explica Lena Georgeault, directora del grado de Relaciones Internacionales en la Universidad de Villanueva. El mensaje, resume, es claro: si el petrolero está en la lista, zarpar puede tener consecuencias reales.
Ese cambio de enfoque es clave. Durante años, el régimen de Maduro logró mantener exportaciones gracias a un sistema de intermediación opaco, con ventas indirectas y rutas alternativas. La nueva estrategia estadounidense reduce ese margen. “Aquí no se persigue la venta, sino el transporte”, apunta Georgeault. Y eso introduce un riesgo inmediato: barriles ya cargados pueden quedarse bloqueados en el mar. “Esto no sólo encarece el comercio, sino que puede ralentizar o bloquear físicamente las exportaciones”, concreta la experta en conversación con este diario.
Las consecuencias
El efecto disuasorio ya se deja notar. Tras el caso Skipper, fuentes del sector apuntan a una caída de los embarques y retrasos significativos. No hace falta interceptar todos los buques: basta con demostrar que la amenaza es creíble. “Los petroleros que operen bajo banderas cuestionadas o falsas tienen muchas probabilidades de correr la misma suerte que el Skipper”, resume la experta.
Trump ha envuelto la decisión en un lenguaje de máxima dureza. Ha hablado de “bloqueo total” y ha vuelto a calificar al régimen venezolano como una estructura criminal que utiliza el petróleo para financiar actividades ilícitas. Caracas, por su parte, denuncia una violación del derecho internacional y acusa a Washington de practicar “piratería”.
¿Es legal el bloqueo de EEUU?
Desde el punto de vista jurídico, la línea es delicada. Un bloqueo unilateral sostenido podría chocar con la Carta de la ONU. Pero Estados Unidos se mueve, de momento, en un área más gris: decomisos puntuales apoyados en irregularidades concretas, como el uso fraudulento de banderas.
“No todos los petroleros cumplen ese supuesto”, advierte Georgeault, “pero eso casi es secundario”. La clave no está en cuántos decomisos se produzcan, sino en cuántos actores deciden retirarse antes de arriesgarse. Aseguradoras que no cubren el viaje, bancos que no financian la operación, navieras que prefieren no zarpar. El cerco se estrecha sin necesidad de una presencia constante.
¿Durante cuánto tiempo?
La incógnita es la duración. Mantener un dispositivo sostenido en aguas internacionales implica costes políticos, diplomáticos y operativos. Una cosa es un decomiso ejemplarizante; otra, convertir la interdicción marítima en política permanente. “De ello dependerá el impacto real sobre la economía venezolana”, explica Georgeault. “El impacto final dependerá de la duración de la medida, de la reacción de terceros Estados y del sector naviero y, sobre todo, de su solidez jurídica“, sentencia.
Para Maduro, el golpe es sensible. El petróleo no es sólo su principal fuente de divisas; es también un instrumento de supervivencia política. Cada barril que no llega a destino tensiona la liquidez del régimen, complica el almacenamiento y presiona una producción ya limitada.