Pugna entre Cuerpo y Díaz por el control de precios y la prórroga de alquileres

El Gobierno de coalición trabaja para encajar todas las piezas de un puzzle que va más allá del entendimiento entre los partidos que lo vertebran. Las discrepancias, entre ellos, aseguran a Artículo14 distintas fuentes de la negociación de las medidas de respuesta al impacto de la guerra en Irán, se localizan fundamentalmente en dos frentes: el control de precios y la prórroga de los alquileres que reclama el socio minoritario.

El ala socialista se aferra a la monitorización de precios que defiende públicamente, y se muestra reticente ante medidas que aborden su intervención. Ni considera una “prioridad” prorrogar por ley los alquileres que están venciendo. Hoy ponen el acento en medidas fiscales frente al incremento del precio de los combustibles para el sector de carretera o el campo, ya comprometidas. Incluso hay discrepancias previas, sobre los tiempos que manejan.

Mientras Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y referente de Sumar, asegura ante cámaras y micrófonos que el Ejecutivo aprobará al menos una primera tanda del paquete de medidas en el Consejo de Ministros del martes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo (PSOE), evita pillarse los dedos con plazos-“en los próximos días”, “con la máxima celeridad”.

Cuerpo es el principal rostro del Gobierno en esta crisis, como en su día lo fue Nadia Calviño para coordinar las políticas frente a la enorme escalada de precios derivada de la agresión de Vladimir Putin a Ucrania. Y, aunque el ministro de Economía evitó avalar el anuncio de Díaz, en Moncloa optan por no cerrar la puerta a ningún escenario: “Todas las opciones están sobre la mesa”.

En el ala socialista de la coalición tienen las miradas puestas en el Consejo Europeo del 18 y 19 de marzo, y mantienen que todavía no han detectado amenazas a la economía del calibre que sí apreciaron con la invasión de Ucrania.

“Los precios de la energía están cinco veces por debajo que entonces”, abundan. Más allá de la foto de unidad con los sindicatos y la patronal, que lograron este jueves, insisten en que toca buscar fórmulas que gocen de cierto consenso. Y que no se demostraran fallidas en 2022, como interpretan que ocurrió con la rebaja del IVA de los varios alimentos, que no repercutió en los bolsillos de los consumidores.

Mientras tanto, las empresas engordaban la cuenta de “beneficios”, afirman fuentes de Sumar en el Gobierno. Otro ejemplo son las bonificaciones universales al precio de la gasolina y el gasoil. Ambas quedan descartadas, al menos por ahora.

Esa fotografía de unidad se saldó con los sindicatos, CCOO y UGT, negando que hubieran abordado la fiscalidad en la reunión, y mostrando su recelo ante bajadas de impuestos, más que en casos concretos y debidamente identificados. “El tema de la fiscalidad prácticamente no ha estado presente. Lo hemos situado porque está en los medios y en la calle”, afirmó Pepe Álvarez (UGT). Cuerpo aseguró lo contrario, y confirmó que sí estudian rebajas impositivas.

Unai Sordo (CCOO), por su parte, advirtió de que “las rentas más bajas tendrían que verse favorecidas” de estas medidas. “Cualquier medida fiscal”, apuntó, “tiene que servir para la contención de los precios”. Debe ser “quirúrgica y muy concentrada”.

La “predisposición” de la patronal y la debilidad parlamentaria como freno

Además, distintas partes reconocieron cierta “predisposición” en la patronal, a la que el propio Pedro Sánchez abroncó hace menos de un mes por no sumarse a la subida del salario mínimo (SMI). “Parece que va a haber puntos de encuentro” con la representación de los empresarios, estima uno de estos interlocutores.

Desde Sumar recuerdan que la patronal puede o no prestar su apoyo, pero son los partidos quienes tendrán que validar estas recetas en el trámite parlamentario. La relación de Díaz con la CEOE de Antonio Garamendi tampoco pasa por su mejor momento. “Cobra 23 veces el SMI”, le espetó hace semanas, en el choque por el incremento del salario mínimo. Esta misma semana, la CEOE se levantó de la mesa de negociación con el Ministerio de Díaz, que aspira a dar voz a los trabajadores en los consejos de administración.

El jueves, Cuerpo, las vicepresidentas del Gobierno y los agentes sociales escenificaron esta negociación, pero dos días antes Félix Bolaños ya había empezado a contactar con los portavoces de todos los grupos políticos, menos Vox, que no quiso coger el teléfono. Fuentes parlamentarias aseguran que en esa reunión, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes trasladó a los grupos que aspiraba a lograr un plan “apolítico”, y se comprometió a que estudiarán las recetas durante el fin de semana.

Entre sus aliados parlamentarios interpretan que parte de los recelos de los socialistas tienen que ver con las dificultades para poder amarrar los votos necesarios para que uno o varios reales decretos leyes sean convalidados en el Congreso de los Diputados. “Tienen que poder sacarlos”.

Apenas dos semanas después de la segunda derrota del escudo social del Ejecutivo, Cuerpo afirmó que recuperarán algunas de las políticas que contenía, como la prohibición de cortes de suministros a vulnerables, o el bono eléctrico. No hizo alusión a la prohibición de desahuciar a inquilinos vulnerables, la medida que rechazó Junts y a la que se aferró para justificar su voto en contra. Es una de las que Sumar considera nucleares.

El PSOE, más “valiente”, pero enfrentado con Sumar y los sindicatos sobre vivienda

Fuentes de Sumar en el Gobierno sí reconocen que ven a sus socios de coalición más “valientes” a la hora de proponer medidas que en otras ocasiones. Sin embargo, multiplican sus mensajes públicos sobre la necesidad de prorrogar los contratos de alquiler o la prohibición de desahuciar, como elemento de presión. “Reivindicamos y planteamos que esa medida vaya en el escudo. No podría ser de otra manera, por supuesto”, afirmó el jueves el ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

En privado, admiten que pusieron sobre la mesa estas medidas desde el primer minuto. Recuerdan que, hasta ahora, uno de los argumentos en contra de sus socios era legal: aseguraban que una iniciativa de este tipo requería de un contexto de crisis que no se estaba produciendo. Hoy tampoco creen que el foco deba estar sobre la vivienda.

En las filas del socio minoritario, sin embargo, consideran estas recetas más urgentes que nunca. Y en el ala socialista se aferran a la forma en la que Cuerpo ya enfrió este escenario: “Debemos tener en cuenta que estamos en una situación en la que la respuesta tiene que tener un elemento de proporcionalidad al impacto que estamos observando y un punto de flexibilidad para ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos”, despachó en rueda de prensa.

Sordo advirtió de que, si suben los tipos de interés, “habrá que tomar medidas en materia hipotecaria”. “Y tendría más justificación que nunca una congelación de los precios del alquiler para quienes tengan que renovarlo en 2026″, exigió.

En la mayoría de apartados de la negociación de este “esqueleto del plan del Gobierno”, en palabras del ministro de Economía, hay entendimiento entre los socios. En lo que tiene que ver con la monitorización de precios que vende Cuerpo, sin embargo, en las filas de Díaz exigen ir más allá.

Recuerdan que la espiral inflacionista de Ucrania llevó al Ejecutivo a eliminar el IVA del pan o la leche, y que esto no supuso una bajada generalizada de precios. Pero sí se saldó con buena parte de las grandes distribuidoras presumiendo de beneficios récord.