¿Quién es Jane Walker? Entre los documentos desclasificados este miércoles sobre el 23F por la Moncloa y en el índice que ofrece el Gobierno aparece este nombre de mujer, en lo que se presenta como “informe de Jane Walker sobre sentencias benévolas” dentro de un grupo de notas asociadas al juicio que obra en poder del Ministerio del Interior.
Lo que sigue es un documento mecanografiado de cuatro páginas del 14 de junio de 1982 al que precede una portada de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior. El título es “Culpables de los cargos que se les habían imputado, pero menos”. Y “sentencias benévolas para los militares golpistas“, reza el subtítulo.
Una búsqueda sobre esta mujer relacionada con el 23F no da resultados y fuentes conocedoras de la época consultadas por Artículo14 tampoco aportan más datos. El texto es una breve crónica sobre el juicio del 23F que delata su género periodístico en un español que parece una traducción. Lo que refrenda que el relato está escrito con un punto de vista de cierta distancia característico de un corresponsal. Sólo hay una pista al final del escrito, del que se ha borrado la firma: Time.
Dio la noticia de Palomares
Sólo el nombre de esta revista estadounidense asociado a Jane Walker da resultados y revela a una corresponsal mítica que cubrió los últimos años de la dictadura y el principio de la democracia. Walker nació en Inglaterra en 1942 y pasó 50 años en España, donde desembarcó en los años 60, trabajando para The Guardian y The Irish Times, además de Time.
Se casó con Bill Cemlyn Jones, corresponsal eterno de The Guardian, y ambos dieron al mundo la noticia del incidente de Palomares en 1966, cuando, tras el choque entre dos aviones de EEUU, cayeron en las cercanías de la localidad almeriense las bombas nucleares que transportaba uno de ellos. Un soldado estadounidense les advirtió de que no comiesen un tomate recogido del suelo porque estaba “caliente”, según relata el obituario que le dedicó El País al día siguiente de su muerte el 4 de agosto de 2011, escrito por Anne Westley, que fue corresponsal en España de The New York Times y The Wall Street Journal.
“Por su casa pasaron todos los que más tarde fueron alguien en la democracia”, recoge Westley.
Inquietud por el juicio
Su crónica sobre el juicio, publicada 11 días después de que el Consejo Supremo de Justicia Militar dictara sentencia, da cuenta de la inquietud por las “consecuencias fatales” que el proceso podía suponer para la “frágil situación de la joven democracia, de sólo cinco años”.
“Una sentencia dura podría desencadenar una reacción perniciosa de la extrema-derecha; una sentencia benigna produciría el descontento de la población”, resume.
Enfado del Gobierno y espectro político
La crónica muestra el “enfado y el desaliento del Gobierno y del espectro político” con la sentencia, con las absoluciones y sentencias leves. Socialistas, Comunistas у la U.C.D. criticaron la actuación del Tribunal Militar como excesivamente benigno. “Todo parece sugerir que ellos (los jueces ) han concentrado las responsabilidades en los niveles más altos”, dijo el primer ministro Leopoldo Calvo Sotelo cuya investidura fue interrumpida por el asalto a las Cortes . “Tengo que decir que es difícil para mi el contemplar la absolución de fuerzas que nos mantuvieron como rehenes durante diecisiete horas en el Congreso”.
Calvo Sotelo y los otros políticos “albergaron graves preocupaciones” de que oficiales militares absueltos pudieran ser tratados como héroes por mandos de extrema derecha una vez que volviesen a incorporarse a las filas del Ejército. Más aún, las absoluciones podrían envalentonar a otros oficiales jóvenes a seguir a mandos insurgentes en algún futuro intento para desafiar la la democracia parlamentaria, alertaba Walker.
Incluso el anterior primer ministro Adolfo Suárez se sintió movido ha hacer una de sus pocas manifestaciones publicas desde su dimisión hacía dieciséis meses, reseña. Escribiendo en El País, censuró la decisión del Tribunal por castigar “una conducta intolerable” con breves plazos de prisión que “no protege suficientemente los derechos del pueblo español”.
El artículo finalizaba trasladando la preocupación de que la apelación del Gobierno haga que el proceso se prolongue hasta bien entrado el próximo año, “prolongando el trauma político para la nación en un momento en que la mayoría de los españoles más quisiera concentrarse en la solución de los problemas económicos”.
Junto con una crítica a las Fuerzas Armadas “que saben como cuidar de si mismas aunque sean rebeldes convictos. Se está levantando una nueva prisión militar en Alcalá de Henares, cerca de Madrid, con comodidades especiales para sus residentes de élite. Los jefe y oficiales encarcelados vivirán en habitaciones separadas, no en celdas, con cuarto de baño privado y elegante mobiliario adquirido de uno de los mejores proveedores de la capital”.
Una media de seis años de prisión
El juicio del 23F se siguió contra 33 acusados por participar en el intento de golpe de Estado, que fueron condenados a una media de seis años de prisión. El 3 de junio de 1982 el Consejo Supremo de Justicia Militar dictó sentencia. Antonio Tejero y Milans del Bosch fueron condenados a 30 años y salieron en 1996 y 1991, respectivamente; Armada, a 26 años y fue indultado en 1991.
Sólo el comandante Ricardo Pardo Zancada (sentenciado a 12 años de prisión), el general Luis Torres Rojas (12 años) y los coroneles Diego Ibáñez Inglés (10 años) y José Ignacio San Martín López (10 años) tuvieron sentencias superiores a los 9 años de prisión. Los 26 golpistas restantes recibieron penas de ocho, seis, cinco, tres, dos o un año y tres fueron absueltos.
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