Lo que comenzó siendo el caso Koldo, y que se ha convertido después en el caso Ábalos para acabar siendo el caso Cerdán, es una trama de mordidas a cambio de obra pública. La investigación acaba de comenzar, aunque parece que llevamos años por la cantidad de información que está saliendo, pero por lo que sabemos hasta el momento afecta al Ministerio de Transportes, a la Dirección General de Carreteras, al administrador ferroviario ADIF, a varias constructoras cuyos nombres se repiten en todos los sumarios de corrupción y a la Secretaría de Organización del PSOE. Es decir, al corazón operativo del partido en el Gobierno. Quizá esto último sea lo más nuevo de los últimos años. pero el diseño del resto, la forma de robar hablando en castellano nos resulta demasiado familiar. Esto es lo grave.
¿Cómo es posible que comportamientos delictivos identificados hace décadas se repitan en los mismos lugares? ¿Cómo es posible que no haya mecanismos de prevención que detecten las señales desde el minuto uno y den la alarma? Las dos preguntas son muy pertinentes porque esto significa que, a pesar de las promesas de las formaciones políticas salpicadas y a pesar de las demandas de la oposición, el cuadro general del escándalo nos suena y nuestro sistema político sigue sin tener suficientes controles preventivos. La Justicia tiene que dirimir la responsabilidad penal de los que han podido enriquecerse gracias a la Administración Pública, y al presidente del Gobierno se le exige con toda la razón que dé una respuesta política, pero los ciudadanos tenemos que conseguir que los controles en todo lo público formen parte de la estructura del sistema. Si no tendremos que decir eso de que “tenemos lo que nos merecemos”, aunque no me guste nada reconocerlo.
Las denuncias por fraude en la contratación pública se han disparado un 87% desde el año 2019, pero de cada diez solo se investigan cuatro, y de éstas casi ninguna acaba judicializada. La información la maneja el Gobierno a través de la oficina dependiente de Hacienda que se encarga de la contratación y de combatir contra las ilegalidades en el proceso de adjudicación, y llega en el contexto de los casos que estamos analizando todos los días en los medios de comunicación. Es decir, el mal sistémico está bien diagnosticado, pero ningún partido político ha prestado suficiente atención. ¿Por qué no hay transparencia absoluta, y en tiempo real, de los procesos de contratación pública? ¿Por qué no se puede conocer prácticamente en tiempo real las reuniones que tienen los miembros del gobierno y con quien? ¿O los comensales que participan en una comida con algún miembro del Gobierno para evitar especulaciones de si se gastan poco o mucho dinero por cubierto? La regulación de los lobbies o de los conflictos de interés están siempre en la agenda de los partidos, pero ninguno lo remata durante el tiempo que le toca. Es más, quien puede reduce los controles allá donde puede. En vez de aumentar el que puede los reduce.
Es cierto que con cada escándalo los partidos han ido endureciendo el Código Penal, y es cierto también que el dinero es tan goloso. Se lo he oído toda mi vida a mi madre: el que quiere hacerse rico con la política le da exactamente igual que los castigos sean más duros. A las pruebas me remito. El caso Koldo ha demostrado que no hay cortafuegos eficaces para evitar que este esquema se siga reproduciendo a escala estatal, autonómica y local. Como país seguimos sin mejorar en las clasificaciones internacionales de lucha contra la corrupción, y como país esto nos tiene que preocupar. La lucha contra la corrupción no puede depender de que haya denunciantes valientes, ni tampoco esperar a que los corruptos acaben traicionándose entre ellos, como suele pasar. Es necesario encontrar el momento para adentrarnos en un debate que, a tenor de los acontecimientos, parece que no interesa a nadie. No vale luego con matar al mensajero y exigirle que no hable de los casos de corrupción que afectan a un partido sin sacar los asuntos turbios del enemigo. Ya saben ustedes lo de “y tu más”.
Otro día podemos hablar de los aforamientos, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. La pregunta sería: ¿hay que reducir los aforamientos en España? Limitar el número de cargos con un fuero especial fue una promesa estrella de la nueva política. Diez años después se ha concretado solo en algunas comunidades autónomas. Ahora con este panel de casos de corrupción el asunto vuelve a sonar en la calle. Mi opinión es que pueden defenderse, pero no para cualquier delito y, desde luego, en los casos de corrupción nunca. Un debate muy interesante que lo dejo para otra ocasión.