Ofensiva total del PP contra la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Consejo de Ministros de este martes. El malestar con el Gobierno es total y no solo desde el partido nacional, sino que trasciende a la mayoría de las comunidades del PP al entender que se ha dado luz verde al procedimiento a sus “espaldas”.
De ahí que algunas comunidades del PP ya adelanten que darán la batalla judicial al Gobierno a la espera de que Alberto Núñez Feijóo tome la decisión final y anuncie si presentará o no también un recurso ante el Tribunal Supremo.
El clamor de las comunidades del PP para frenar el proceso de regularización masiva llega después de que ya en febrero presentaran alegaciones al borrador del real decreto remitidas al ministerio de Seguridad Social. Unas alegaciones de las que no han recibido respuesta, según confirman desde los territorios.
Así, desde la Comunidad de Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia e Islas Baleares, ya adelantan medidas judiciales. Desde estos territorios critican que el procedimiento de regularización haya sido diseñado “a espaldas” de los gobiernos autonómicos y “en contra de las recomendaciones y advertencias del Consejo de Estado o de la Comisión Europea”. “Propiciará un colapso administrativo” y aumentará el “efecto llamada”, denuncian. Además, critican, la “opacidad” sobre la cifra de los beneficiarios. Se apunta que la regularización puede suponer un “agravio” respecto a los extranjeros que “han cumplido escrupulosamente la Ley para residir en España”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la primera en dar este paso y anunciar un recurso ante el Tribunal Supremo, antes incluso de que el real decreto llegara al Consejo de Ministros. Además, pedirán al alto tribunal medidas cautelares con el objetivo de frenar la aplicación de la regularización mientras que la Justicia analiza su legalidad.
Los efectos en las comunidades
Desde el gobierno de Aragón denuncian que el presidente del Gobierno ha “ocultado” el posible impacto económico y no ha tenido en cuenta la carga administrativa que va asociada. También afean, en palabras de Carmen Susín, consejera de Bienestar Social del gobierno de Aragón, que eviten hacer frente a los efectos que puede tener la medida en la gestión de las comunidades y en la “sostenibilidad de la sanidad pública, el sistema educativo y los servicios sociales”.
Desde Baleares, fuentes del entorno de la presidenta Marga Prohens, confirman también que presentarán acciones judiciales y pedirán la suspensión cautelar del real decreto. La consejera de Trabajo, Catalina Cabrer cargó contra la decisión del Gobierno al considerar que puede fomentar un “efecto llamada” en las Islas. “ El sistema no está preparado para asumir el volumen de expedientes previsto”. Además, denunció, la regularización extraordinaria puede desincentivar vías legales ya existentes.
Desde la Comunidad Valenciana ya adelantan a Artículo14 que la abogacía de la Generalitat y la Generalitat tienen la “intención de recurrir” la regularización después de estudiar el decreto. Desde Murcia no descartan recurrir el procedimiento ante la Justicia porque “afecta a todas las comunidades” y prometen estudiar “todos los aspectos” del real decreto aprobado por el Gobierno. El presidente Fernando López Miras denunció que la decisión del Gobierno supondrá una “saturación y colapso de los servicios públicos”.
La Rioja o Galicia quieren estudiar el decreto
Mientras, desde La Rioja o Galicia esperan a conocer el texto aprobado. Las fuentes consultadas por este diario inciden en que ya presentaron alegaciones y prefieren dar una respuesta una vez “estudiado” el real decreto. Eso sí, también se escuchan críticas como en el resto de comunidades. “No hemos sido consultadas en ningún momento”, criticó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Desde Génova aseguran que “acompañarán” a sus presidentes en esa decisión y confirman que la comunicación y coordinación con las comunidades es “permanente”. Aunque, con toda probabilidad, Alberto Núñez Feijóo apueste por acudir a los tribunales, lo cierto es que se opta por la prudencia, a diferencia de Vox o que ya ha anunciado que recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo.
La número tres del PP, Alma Ezcurra, ya advirtió que “no habrá instrumento político, parlamentario o jurídico que no se vaya a utilizar para denunciar esta barbaridad”. Sin embargo, se pide primero “estudiar” el procedimiento.
Esta cautela no quita que el PP exhiba su oposición frontal al real decreto. “Estamos absolutamente en contra”, aseguró el presidente popular en el Congreso en un acto conjunto con sus parlamentarios.. Avanzó, además, que “estudiaría” el real decreto y “actuaría en consecuencia”. A juicio del presidente del PP la regularización de inmigrantes es “inhumana”, “injusta”, “insegura” e “insostenible”.
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