La regularización de inmigrantes que el Gobierno prevé aprobar abre un debate político, social y económico de enorme calado en España. No solo porque sería la primera medida de este tipo en 21 años, sino porque pone el foco sobre una realidad demográfica que ya define al país: en España viven hoy 10 millones de personas nacidas en el extranjero. Es decir, una de cada cinco.
La regularización de inmigrantes, por tanto, no afecta a una realidad marginal, sino a una parte sustancial de la población que vive, trabaja y sostiene buena parte de la actividad cotidiana. En apenas dos décadas, el peso de la población nacida fuera de España se ha disparado. Desde 2002, su volumen se ha multiplicado hasta alcanzar ese 20% del total de habitantes. Solo en los últimos tres años se han sumado dos millones de personas más. Esa evolución explica por qué la regularización no puede entenderse como una medida aislada, sino como una respuesta a una transformación de fondo que ya ha cambiado la composición social del país.
Un país cada vez más diverso
La fotografía actual muestra un origen muy claro: América es ya el principal punto de procedencia de la población extranjera residente en España. La mitad de quienes han nacido fuera vienen de ese continente. Después aparecen Europa, con un 27%; África, con un 17%, y Asia, con un 6%.
Sin embargo, esa distribución no es uniforme. La regularización de inmigrantes se inserta en una geografía muy desigual, porque hay provincias costeras donde predominan los europeos, zonas rurales en las que la presencia africana es más fuerte y barrios o municipios donde destacan comunidades concretas, como la colombiana o la china.
También por países hay diferencias muy marcadas. Marruecos es hoy el principal país de origen, con 1,1 millones de empadronados nacidos allí. En veinte años esa cifra se ha duplicado. Por detrás aparecen Colombia, con cerca de un millón, y Venezuela, con unos 700.000. Rumanía ocupa el cuarto lugar, aunque con una tendencia inversa a la de otros grupos: si en 2012 llegó a rozar los 750.000, ahora ronda los 500.000.
En ese contexto, la regularización de inmigrantes podría tener un impacto especialmente visible en determinadas nacionalidades y territorios.
La gran incógnita: cuántos podrían beneficiarse
Una de las grandes preguntas que plantea la regularización de inmigrantes es cuántas personas podrían acogerse realmente a ella. Los requisitos que se barajan pasan por acreditar un tiempo mínimo de residencia en España —se habla de cinco meses—, tener el pasaporte en vigor y no contar con antecedentes penales. Pero al tratarse de población en situación irregular, no existe una cifra cerrada ni una estadística completamente definitiva.
Aun así, sí hay estimaciones. Una de las más citadas sitúa en 840.000 las personas que viven en España en situación irregular. Esa cifra equivaldría aproximadamente al 17% de todos los extranjeros nacidos fuera de la Unión Europea que residen actualmente en el país. Además, ese volumen habría crecido con mucha intensidad en los últimos años.
La regularización de inmigrantes, por tanto, podría alcanzar a cientos de miles de personas. Aunque el número final dependerá del diseño definitivo de la medida y de la capacidad de cada solicitante para acreditar su situación.
Otra vía de aproximación sale del mercado laboral. Si se compara el número de trabajadores extranjeros registrados en la Seguridad Social con los que recoge la Encuesta de Población Activa, aparece una diferencia de alrededor de medio millón de personas. Esa brecha apunta también a una bolsa importante de potenciales beneficiarios de la regularización de inmigrantes, aunque tampoco ofrece una cifra exacta.
Un perfil con fuerte peso hispanoamericano
Las estimaciones disponibles coinciden en otro punto relevante: la regularización de inmigrantes tendría un impacto especialmente fuerte entre la población de origen hispanoamericano.
Según esos cálculos, la mayoría de los potenciales beneficiarios habría nacido en América, con especial presencia de personas procedentes de Colombia, Perú y Honduras. Solo en el caso colombiano, el volumen estimado rondaría las 300.000 personas. En Perú se situaría en torno a las 100.000, y en Honduras, en unas 90.000.
Ese posible reparto ayuda a entender mejor el alcance humano de la regularización de inmigrantes. No se trata solo de un expediente administrativo, sino de una medida que puede alterar la vida de miles de familias ya asentadas en España y que, en muchos casos, forman parte de sectores laborales esenciales.
El peso de la inmigración en el empleo
La regularización de inmigrantes también tiene una lectura económica evidente. Según los datos laborales disponibles, hay 4,8 millones de ocupados con nacionalidad extranjera o doble nacionalidad. Representan el 21% de toda la fuerza de trabajo. No todos ellos están en situación irregular, por supuesto, pero esa cifra muestra hasta qué punto la población extranjera se ha convertido en una pieza clave del mercado laboral español.
Ese peso, además, se concentra en algunos sectores con más claridad que en otros. Los extranjeros representan el 28% de los trabajadores de la hostelería, el 21% en la construcción y el 18% en transporte y almacenamiento. En cambio, su presencia cae de forma notable en sanidad y servicios sociales, finanzas, educación o administración pública.
La regularización de inmigrantes podría reforzar aún más la integración formal en esos sectores donde ya existe una dependencia estructural de la mano de obra extranjera.
Más presencia en edad de trabajar y menos renta
La estructura por edades también explica por qué la regularización de inmigrantes tiene tanta relevancia. Aunque la población nacida en el extranjero supone el 20% del total, entre los 20 y los 64 años su peso se eleva al 26%. En la franja de 30 a 34 años llega incluso al 36%. España, por tanto, concentra esa inmigración en las edades centrales de la vida laboral, justo donde más se sostiene la actividad productiva y la recaudación.
Sin embargo, esa aportación convive con una clara desigualdad económica. La renta mediana de las personas nacidas en España supera los 25.000 euros por persona, mientras que en las nacidas en el extranjero ronda los 16.000. La diferencia es contundente. También lo es el riesgo de pobreza: afecta al 37% de la población extranjera, frente al 10% de los nativos. La regularización de inmigrantes no resolverá por sí sola esa brecha, pero sí podría convertirse en una puerta de entrada a una mayor estabilidad administrativa, laboral y social para una parte muy importante de quienes hoy viven en el margen.
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