La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de excluir a los solicitantes de apatridia, en su inmensa mayoría saharauis, del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes provoca que alrededor de 8.000 personas, según nos explica el abogado de origen saharaui Sidi Talebbuia, queden atrapadas en un espacio intermedio donde la legalidad no garantiza derechos efectivos.
Cómo entender la apatridia
Para comprender esta situación, es imprescindible detenerse en el concepto de apatridia. En términos jurídicos, un apátrida es una persona que no es reconocida como nacional por ningún Estado. En el caso saharaui, esta condición hunde sus raíces en el proceso inconcluso de descolonización del Sáhara Occidental. Tras la retirada española en 1975, durante la Marcha Verde, buena parte de la población quedó en un vacío legal, sin nacionalidad y sin un Estado plenamente reconocido que se la otorgue.
España dispone de un procedimiento específico para estos casos, el reconocimiento del estatuto de apatridia. “Sobre el papel – detalla Talebbuia-, este mecanismo permite residir legalmente y acceder a ciertos derechos. En la práctica, sin embargo, se ha convertido en un proceso largo, restrictivo e ineficiente. Los solicitantes pueden esperar entre dos y tres años para obtener una resolución, tiempo durante el cual no siempre tienen autorización para trabajar ni acceso pleno a derechos básicos. Ni siquiera, hasta hace poco, la sanidad”.
La justificación del Gobierno
Este encaje jurídico ha sido el argumento del Ejecutivo para justificar su exclusión de la regularización extraordinaria. Siguiendo la recomendación del Consejo de Estado, el Gobierno defiende que los apátridas no se encuentran en situación irregular y que su inclusión generaría “confusión normativa” con otros regímenes, como el asilo. Desde su lógica, existe un marco legal propio y, por tanto, no sería necesario abrir una vía paralela.
La realidad cotidiana de los afectados es bien distinta. “Mientras otros colectivos podrán acceder a permisos de residencia y trabajo en plazos relativamente breves, los saharauis deberán seguir transitando procedimientos largos e inciertos. No están fuera del sistema, pero sí fuera del único mecanismo que podría ofrecerles una regularización efectiva en el corto plazo”, dice este abogado nacido en los campamentos de refugiados saharauis de Argelia.
Interpreta que es una decisión discriminatoria y sin base jurídica sólida. Había fórmulas para incluir a los solicitantes de apatridia sin generar ningún conflicto normativo. Desde su perspectiva, el problema no es técnico, sino de voluntad política. Recuerda además que los primeros borradores del decreto sí contemplaban a este colectivo, lo que refuerza la idea de que su eliminación responde a una decisión posterior, no a una imposibilidad.
La única puerta que otros sí pueden cruzar
La jurista Victoria G. Corera, vinculada a la plataforma No te olvides del Sáhara Occidental, explica en un comunicado la situación: “No es que los saharauis desaparezcan del sistema; es que se les deja fuera del único mecanismo que podía ofrecer una solución inmediata y eficaz a su situación”. La diferencia no está en la existencia de vías legales, sino en su eficacia real. “Se mantienen las opciones más lentas e inciertas, pero se les cierra la única puerta que otros sí pueden cruzar”.
Este agravio comparativo adquiere mayor relevancia cuando se observa el contexto político. Desde 2022, el Gobierno español ha reorientado su posición histórica sobre el Sáhara Occidental, alineándose con el plan de autonomía propuesto por Marruecos. Este giro ha sido interpretado por parte de la comunidad saharaui como un abandono simbólico y político, y algunos sectores ven en la actual exclusión una prolongación de esa lógica.
La coincidencia temporal y la sensibilidad del asunto levantan sospechas. Como ha señalado la diputada Tesh Sidi, la medida puede interpretarse como “una política hecha a medida contra los saharauis”, en un momento de creciente acercamiento entre Madrid y Rabat. Considera esta decisión un “atropello” y acusa a la dirección de Sumar de no haber presionado lo suficiente en la negociación del texto para evitar que este colectivo quedara fuera del proceso.
La apatridia, concebida como mecanismo de protección, ha terminado en la práctica como un espacio de espera prolongada donde los derechos se reconocen, pero no se materializan. “El resultado es un limbo muy difícil para los saharauis que residen en España. No son considerados inmigrantes irregulares, pero tampoco pueden integrarse plenamente. No están excluidos del sistema, pero sí de la única vía que podría resolver su situación de forma rápida”, zanja Talebbuia.
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