La aprobación este martes de la regularización extraordinaria por parte del Gobierno marca un punto de inflexión en la política migratoria reciente en España. El Ejecutivo calcula que unas 500.000 personas en situación irregular podrán incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos y acceder a derechos y obligaciones. La ministra Elma Saiz lo define como “uno de los grandes hitos de esta legislatura”, y destaca que la medida cuenta con una “triple legitimidad: social, política y económica”.
Sobre el papel, el alcance de la iniciativa es indiscutible. Supone el reconocimiento de una fuerza laboral que ha soportado durante años el peso de sectores básico, especialmente el de los cuidados, desde la invisibilidad. Entre ellas, miles de empleadas de hogar que han trabajado sin contrato, sin cotización y sin protección social. Es el caso de Elisabeth Arias, que ha cuidado a una persona mayor. “Sin derechos, con miedo constante a que todo se complique”, resume esta joven peruana cuyo testimonio refleja el impacto real de una medida que, pese a su ambición, se enfrenta ya a importantes obstáculos en su aplicación.
“No hay citas disponibles”
Madre de una niña de seis meses, regularizará su situación acogiéndose al arraigo familiar. “Lo cierto es que, después de medio año, aún no he conseguido registrar a mi bebé”. Uno de los principales cuellos de botella es la falta casi total de citas en las oficinas de Extranjería y registros civiles. “Desde los primeros días de vida de mi hija intenté pedir cita insistentemente y no lo he conseguido”. El mensaje más habitual en los portales oficiales -“no hay citas disponibles”- se ha convertido en una barrera infranqueable. En muchas ciudades, las citas desaparecen en segundos o directamente no se habilitan durante semanas, según nos dicen en la asociación Territorio Doméstico.
El volumen potencial de solicitudes ha agravado el colapso administrativo, un problema que preexistente. Oficinas ya saturadas antes del anuncio afrontan ahora una avalancha que amenaza con ralentizar todo el proceso. A ello se suman las dificultades para reunir la documentación exigida. Certificados como los antecedentes penales del país de origen, imprescindibles para la regularización, no siempre llegan a tiempo o están próximos a caducar. “Tengo todos los documentos listos, incluso los antecedentes que me envió mi padre desde Perú, pero están a punto de vencer”, lamenta Elisabeth. “He llorado mucho porque me siento impotente. Tengo todo listo y nadie me ayuda”.
Su caso de Arias delata las disfunciones entre administraciones. Tras múltiples intentos fallidos, acudió al Ayuntamiento de Getafe, donde le recomendaron dirigirse al Registro Civil de Madrid, en la calle Pradillo. Allí obtuvo una cita para cuatro meses después, solo para descubrir que el trámite debía realizarse en su municipio de empadronamiento. “Cuando volví a Getafe me atendieron fatal. Con mi niña en brazos, solo obtuve malas palabras y ninguna ayuda”, relata.
A estas dificultades se añade una brecha digital que afecta especialmente a las trabajadoras del hogar. La dependencia de sistemas como el certificado digital o Cl@ve, sumada a fallos recurrentes en las páginas web, deja fuera a quienes tienen menos acceso a herramientas tecnológicas.
“Pagué 50 euros a una mujer que me engañó”
La desesperación ha alimentado un mercado negro de citas. “Una mujer me dijo que podía ayudarme por 50 euros. Me engañó porque no la conseguí. Luego supe de gente que está cobrando hasta 200 euros”, denuncia esta joven peruana. “Hubo un joven que me pidió 180 euros. Estaba tan desesperada que habría pagado, pero no tenía más dinero. Soy madre soltera”.
Su situación personal agrava aún más la urgencia. Llegó desde Perú hace nueve meses, embarazada, con la intención de construir un proyecto de vida junto a su pareja, que finalmente la abandonó. Hoy, con una hija de seis meses aún sin inscribir en el registro, sobrevive como madre soltera tras haber trabajado cuidando a una persona mayor “en negro y sin ningún derecho”. “Estoy sola, no recibo ninguna ayuda y sin papeles me siento ahorcada”, afirma.
Mientras tanto, intenta abrirse camino. Esta semana comienza un curso de geriatría en Cruz Roja y desea homologar su título de enfermería en España. “Quiero trabajar cuidando mayores de forma legal cuando tenga la regularización”, dice. Pero su necesidad inmediata es otra. “El lunes volveré al Registro Civil de Getafe, aunque sin ninguna confianza. La burocracia es lamentable, pero es peor el trato humano. Temo que la promesa de derechos se quede en el papel”.