La regularización de migrantes que arranca este jueves tras su aprobación por el Consejo de Ministros lo hace sin medios ni funcionarios suficientes, según denuncian los sindicatos de los funcionarios, incluso los más satisfechos con el proceso, CCOO, que ha convocado por este motivo una huelga indefinida desde el 21 de abril. “Exigimos que se tomen medidas en las plantillas de las Administraciones ante el impacto que va a tener la regularización en el futuro para evitar el colapso”, advierte Sofía Castillo, secretaria de Migraciones y Atención a las Personas de CCOO, que advierte de que la central sindical está dispuesta a negociar en este sentido para evitar el paro.
En la mesa estatal con los Ministerios ya se ha hablado de recursos y se han habilitado horas extra entre las 16 y las 19 horas, a razón de 25 euros la hora, que están teniendo muy buena acogida. Pero esto, subraya Castillo, es una “cuestión coyuntural”, cuando cree que hay que hablar del “futuro, de la necesidad de que haya más funcionarios en Seguridad Social y Migraciones y en las Oficinas de Extranjería y cómo se harán las renovaciones de los permisos dentro de un año”.
Artículo14 preguntó a los representantes de los funcionarios a finales de marzo, en plena incertidumbre sobre la aprobación y entrada en vigor de la norma, y desde entonces se han despejado bastantes incógnitas que tenían, a lo que se han sumado las mejoras en el Real Decreto tras las críticas del Consejo de Estado. Pero la denuncia sobre la falta de medios y el efecto que puede tener en el proceso se mantiene.
En CCOO están expectantes a la espera de que se publique en el BOE el Real Decreto para poder analizarlo. Han sido entidad colaboradora, y como sindicato más representativo en las Administraciones implicadas, destaca Castillo, han participado en la mejora del texto, pero han circulado distintos borradores que han generado confusión. “Queremos ver el texto, no vaya a ser que exijamos documentos que ya no son necesarios”, explica. En todo caso, esperan que los Ministerios les faciliten instrucciones “como siempre hacen es estos casos”.
“Que nadie se frustre”
“Pedimos ampliar el proceso más allá del 30 de junio, el número de funcionarios es insuficiente”, reclama esta funcionaria, que sin embargo advierte de que puede ser improrrogable porque el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que se aprobó en 2024, debe entrar plenamente en vigor en junio de 2026.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha advertido este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros: “No queremos que nadie se frustre si no le atienden”. El Ejecutivo exigirá cita previa para la atención presencial en las 450 oficinas habilitadas, reforzadas con 550 trabajadores, y apoyadas por más de 150 entidades colaboradoras para canalizar las solicitudes.
El proceso arrancará al día siguiente de la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado, prevista para el miércoles 15 de abril. Así, desde el 16 de abril se abrirá la vía telemática para la presentación de solicitudes. Este canal estará disponible las 24 horas del día durante todo el periodo habilitado, que se extenderá hasta el 30 de junio. Ese mismo día, se abrirá la solicitud de cita previa para la atención presencial, cuya atención se iniciará el lunes 20 de abril.
La atención presencial, que exigirá cita previa obligatoria, se articulará a través de una red de aproximadamente 450 oficinas en todo el territorio. Participarán oficinas de la Seguridad Social -al menos una por provincia, con horario ampliado de tarde-, sucursales de Correos en capitales y municipios de más de 50.000 habitantes, con atención ininterrumpida de 8:30 a 17:30, y determinadas oficinas de extranjería.
Una de las claves del texto es el plazo que se ha fijado el Gobierno para resolver los expedientes: tres meses a partir del día siguiente de su registro. Un periodo que sitúa al Ejecutivo ante el riesgo de incumplimiento.
Riesgo de incumplimiento por los plazos
Una advertencia que plantea el Consejo de Estado, que en su dictamen advierte de que el procedimiento diseñado supondrá un “importante desafío para la capacidad de las Administraciones implicadas”. Los principales riesgos identificados son, por una parte, el elevado número de solicitudes y, por otra, la complejidad del procedimiento. En este sentido, el informe señala que el proceso exigirá un “muy acusado esfuerzo para todos los interesados y los órganos administrativos actuantes”, en un contexto en el que la estructura administrativa deberá absorber una carga inédita en un periodo limitado.
Cabe recordar, en este sentido, que el Gobierno ha fijado en 15 días como máximo el plazo para que la solicitud se admita a trámite, cuando ahora los tiempos de espera de estas solicitudes oscilan entre los 50 y los 70 días hábiles. Fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han confirmado a Artículo14 que no han recibido ninguna notificación formal sobre las tramitaciones. Tal y como publicó este medio, la incertidumbre entre los funcionarios encargados de la tramitación de la regulación es máxima. “No nos han facilitado información. La Seguridad Social se iba a encargar de la digitalización en el programa Mercurio, pero estamos en una situación de cero información”, explicaba Javier Cruz, portavoz de CSIF.
El primer reto del proceso es el elevado volumen de solicitudes, ya que no hay una cifra consensuada sobre el alcance de la regularización. La Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) estima en 750.000 los potenciales solicitantes y en 500.000 los beneficiarios. Sin embargo, otras fuentes como Funcas elevan el potencial a 840.000 personas, mientras que la Comisaría General de Extranjería habla de 1,2 millones o el CNI lo sitúa en 1,3 millones. Esta cifra supone una carga inédita de trabajo en un periodo limitado, lo que generará un gran estrés en las estructuras administrativas del Estado.
A su vez, el Consejo de Estado avisa de la complejidad del procedimiento. Según recuerda, las solicitudes se presentarán en las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno de la provincia donde resida el solicitante. Posteriormente se trasladarán a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería del Ministerio de Migraciones. Esta es la responsable de la tramitación, incluyendo la gestión de los antecedentes penales de los solicitantes en España y en sus países de origen o de previa residencia, con intervención del Ministerio de Justicia. Finalmente, la resolución corresponderá a Santiago Yerga Cobos, como director general de Gestión Migratoria.
Dudas sobre la viabilidad operativa
“Se trata, en suma, de una tramitación ciertamente compleja y diversificada […]. No resulta ocioso insistir en la importancia de esta cuestión a la vista de que se contempla que el plazo máximo para la resolución del expediente y notificación de su decisión final es de tres meses a partir del día siguiente a la fecha en que las solicitudes hayan tenido entrada en el registro de la aludida Unidad”, señala el dictamen.
Las dudas sobre la viabilidad operativa emergieron durante la fase de consulta pública. Según recoge el dictamen, en este trámite de audiencia –con más de 300 aportaciones de ciudadanos, entidades sociales y colegios profesionales, entre otros— se planteó, entre otras cuestiones, “ampliar el plazo de solicitud ante el previsible colapso administrativo”. Como soluciones, se propuso habilitar vías telemáticas más accesibles a los interesados o permitir que entidades sociales canalizaran solicitudes, con el objetivo de evitar una sobrecarga del sistema. Migraciones abrió el pasado 9 de marzo el registro de colaboradores, en el que espera contar con sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro.
Preocupación en las centrales policiales
Entre los sindicatos de la Policía, Jupol ha censurado la medida impulsada por el Gobierno ya que, según apunta en un comunicado, “se ha adoptado de espaldas a los profesionales de la seguridad y sin planificación operativa”. “Nos encontramos ante una medida de enorme trascendencia para la seguridad, el control fronterizo y la gestión migratoria de nuestro país, adoptada sin el necesario consenso político”, ha señalado.
SUP ha cuestionado la falta de refuerzos policiales en un modelo en el que “se acelera la tramitación, pero se relaja el control“, a pesar de que “distintas advertencias institucionales ya han señalado el riesgo de una relajación en el control de antecedentes, lo que podría debilitar el filtro de seguridad”. Este sindicado alerta de que, “sin verificación real de antecedentes“, especialmente en casos donde existen limitaciones de acceso a información internacional, el sistema pierde capacidad para detectar perfiles de riesgo.
CEP es otro de los sindicatos de la Policía que ha expresado su profunda preocupación ante el real decreto que aprueba este martes el Consejo de Ministros. “La norma está hecha para colar todo, porque no se pueden comprobar los antecedentes penales en origen de forma efectiva”, ha sostenido. El sindicato cuestiona que se pueda regularizar más de un millón de personas extranjeras, teniendo en cuenta las posibles reagrupaciones familiares. “Es una brecha en la seguridad pública”, ha terciado.