El Consejo de Ministros aprobó hoy el real decreto para la regularización de migrantes, que mantiene el 30 de junio como el plazo límite para presentar la solicitud. Para ello, el Gobierno ha diseñado un plan específico con un refuerzo de medios humanos y operativos. En concreto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha incorporado más de 550 trabajadores adicionales para gestionar un volumen de solicitudes, que según algunas fuentes podría alcanzar superar el millón en apenas dos meses y medio. El objetivo, según defendió la ministra Elma Saiz en el Consejo de Ministros, es garantizar que “todas las personas que tengan derecho a ello puedan acceder” sin que “se resienta la atención habitual de los servicios públicos”.
En paralelo, ante la avalancha de solicitudes, que en muchos casos serán tramitadas de forma presencial dada la dificultad de los potenciales beneficiarios para realizar la solicitud telemática, Elma Saiz insistió en la importancia de la cita previa. “Quiero ser muy clara y muy contundente. No serán todas las oficinas ni serán en cualquier horario. Informaremos adecuadamente y no queremos que nadie se frustre si se presenta sin haberse informado en cualquier oficina y a cualquier hora y no le atiendan para este proceso”, advirtió.
Los detalles: plazos y oficinas
El proceso arrancará al día siguiente de la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado, prevista para el miércoles 15 de abril. Así, desde el 16 de abril se abrirá la vía telemática para la presentación de solicitudes. Este canal estará disponible las 24 horas del día durante todo el periodo habilitado, que se extenderá hasta el 30 de junio. Ese mismo día, se abrirá la solicitud de cita previa para la atención presencial, cuya atención se iniciará el lunes 20 de abril.
La atención presencial, que exigirá cita previa obligatoria, se articulará a través de una red de aproximadamente 450 oficinas en todo el territorio. Participarán oficinas de la Seguridad Social -al menos una por provincia, con horario ampliado de tarde-, sucursales de Correos en capitales y municipios de más de 50.000 habitantes, con atención ininterrumpida de 8:30 a 17:30, y determinadas oficinas de extranjería.
Plantilla adicional
“Para garantizar que el plazo sea suficiente y el procedimiento ágil, hemos dimensionado un plan operativo con capacidad de respuesta”, destacó Saiz. Según explicó, se han reforzado las plantillas con 550 efectivos adicionales. Su función abarcará todo el ciclo administrativo: desde la recepción y tramitación de solicitudes hasta el estudio de expedientes, la petición de documentación adicional y la resolución de las autorizaciones.
Junto con la atención física, el Ejecutivo ha lanzado la vía telemática a través de la plataforma Mercurio, desde la que se presentará toda la documentación y se tramitarán los expedientes. A Podrán acceder directamente los interesados con certificado electrónico o NIE, así como representantes autorizados -como abogados, graduados sociales o gestores administrativos- y entidades colaboradoras inscritas en el registro de extranjería, que ya supera las 150 organizaciones. “Como ven, es una operativa muy meditada, pero también muy trabajada. Queremos que salga bien. Nos hemos dejado la piel en el proceso”, resaltó Elma Saiz.
Requisitos
En cuanto a los requisitos, cabe recordar que podrán acogerse quienes se encuentren en España antes del 1 de enero de 2026, acrediten una permanencia continuada de al menos cinco meses en el momento de la solicitud, carezcan de antecedentes penales y no supongan una amenaza para el orden o la seguridad pública. La estancia en el país podrá justificarse mediante documentos verificables -públicos o privados-, siendo el certificado de empadronamiento una opción válida, aunque no obligatoria.
El Ejecutivo enmarca esta medida en la experiencia de procesos anteriores: desde 1986, seis regularizaciones han beneficiado a cerca de 1,3 millones de personas. “Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla”, defendió Saiz. La ministra subrayó además el impacto económico de la población extranjera: “El 43% del empleo creado en España desde la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros”.