El historial de recargas de la Tarjeta de Transporte de la Comunidad de Madrid es clave para que algunos migrantes demuestren su arraigo, y la emisión del certificado pertinente se realiza en una oficina ubicada en Ríos Rosas en la capital. En la zona hay pseudoabogados colgando anuncios o tratando de acercarse a posibles clientes, según trasladan a Artículo14 inmigrantes, que advierten de que algunos piden hasta 1.000 euros por hacer los trámites de un proceso que empieza este jueves.
Sofía Castillo, secretaria de Migraciones y Atención a las Personas de CCOO, alerta de que la regularización afecta a personas vulnerables y que hay quienes se dicen abogados y han intentado cobrar desde que se anunció y sin que ni siquiera se hubiera publicado el texto.
Es el caso de una agencia de viajes que puso un anuncio, a las dos semanas de anunciarse el proceso y cuando el Real Decreto no estaba en audiencia pública, en el que ya exigía una tarifa de 50 euros por consulta y de 450 euros más IVA para el trámite completo. Cuando es habitual que se cobre por gestionar citas, un procedimiento automático, señala.
Con todo, Castillo es consciente de que en las denuncias que se están planteando por estas prácticas y en las campañas del Ministerio de Inclusión que señala a los abogados pueden estar pagando justos por pecadores, y destaca que muchos abogados son honrados y algunos ofrecen servicios de justicia gratuita de manera altruista.
Los honorarios de los abogados
Los honorarios de los abogados son un asunto polémico. Son libres y se pactan entre cliente y letrado. Los Colegios de Abogados ofrecen criterios orientativos para tasaciones de costas, a menudo basados en escalas porcentuales sobre la cuantía. Este asunto suele entrar en conflicto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en un comunicado ha advertido de que “los honorarios de los abogados deben fijarse libremente y los Colegios tienen prohibido cualquier baremo o recomendación al respecto. La única excepción permitida por la Ley es elaborar criterios orientativos para la tasación de costas y de jura de cuentas”.
Cobrar 1.000 euros por hacer unos trámites que podría hacer el migrante sin ayuda parece un abuso e, incluso, una tarifa por la mitad de esta cuantía sería elevada. Sin embargo, el proceso entraña una gran trascendencia para el inmigrante y empleadas del hogar que se van a regularizar han trasladado a este periódico que no están familiarizadas con este tipo de trámites y que prefieren pagar a un abogado para que haga todo.
Garantía institucional del derecho de defensa
“Aunque en determinados trámites administrativos la normativa no imponga la intervención obligatoria de profesional de la Abogacía, el asesoramiento jurídico es especialmente recomendable cuando la decisión a adoptar o la documentación a presentar puede condicionar de forma relevante la situación jurídica de la persona extranjera (ej. derecho a residir, a trabajar, a reagrupar familiares, mantenimiento o extinción de autorizaciones, y eventual exposición a procedimientos sancionadores). En estos supuestos, la asistencia letrada contribuye a orientar y encauzar adecuadamente la pretensión, a prevenir errores documentales o de estrategia y a anticipar incidencias que puedan derivar en denegaciones o extinciones posteriores”, traslada el diputado responsable de Extranjería del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Emilio Ramírez.
“Los Colegios de la Abogacía operan como garantía institucional del derecho de defensa, tanto asegurando el cumplimiento de las normas deontológicas y el correcto ejercicio profesional, como recibiendo, tramitando y resolviendo reclamaciones y quejas cuando la actuación de un profesional haya podido perjudicar o perturbar el derecho de defensa o los derechos de los consumidores y usuarios de servicios jurídicos. Esta función no se limita a los procedimientos judiciales, sino que abarca también el ejercicio profesional en actuaciones extrajudiciales y administrativas cuando la actuación profesional pueda afectar a los derechos del cliente”, subraya Ramírez, que explica que “el control ante posibles fraudes o malas prácticas se articula mediante la potestad disciplinaria colegial respecto de la conducta profesional del colegiado”.
El abogado debe identificarse
Como regla general, el proceso adecuado es como sigue, detalla: “El profesional debe facilitar al cliente su identificación (incluyendo Colegio y número de colegiación), así como un medio de contacto, incluyendo vía electrónica; y debe informar sobre honorarios y costes mediante hoja de encargo o medio equivalente. Asimismo, debe informar sobre la viabilidad del asunto, disuadir de actuaciones sin fundamento y aconsejar vías alternativas, y debe mantener informado al cliente del estado del asunto y de incidencias y resoluciones relevantes, proporcionando copias si el cliente lo requiere. En servicios jurídicos prestados en línea, la identificación del profesional y del Colegio debe comunicarse antes de prestar el servicio y, en todo caso, antes de solicitar cualquier abono, adoptando además medidas para garantizar secreto profesional, acreditar identidad del cliente y evitar conflictos de intereses”.
Formalizar por escrito
En lo que concierne a la cantidad en sí en concepto de honorarios, “la regulación parte de la libertad de remuneración y pacto con el cliente, pero la transparencia y la información previa adquieren especial relevancia para evitar conflictos: el profesional debe informar sobre honorarios y costes mediante hoja de encargo o medio equivalente. El cliente acepta o no, libremente, pudiendo buscar alternativas en el mercado que, por definición, resulta de libre competencia”.
En términos de garantías del encargo profesional, concluye, “toda persona puede solicitar que la contratación se formalice por escrito en hoja de encargo, incorporando información comprensible y accesible universalmente sobre derechos, trámites esenciales, principales consecuencias jurídicas y un presupuesto previo con honorarios y costes. Estas exigencias buscan que el cliente pueda decidir con conocimiento de causa y comparar ofertas de forma informada”.
Colaboración con el CGAE
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado en su comunicado que se desarrollarán sesiones técnicas en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), quien ha informado este martes de que lleva tiempo implicado en este ámbito y ha intensificado su colaboración con el Ministerio a través de distintas reuniones.
“La Administración y los potenciales beneficiarios podrán contar con la colaboración de los profesionales de la Abogacía especializados en materia de extranjería, que desempeñan un papel esencial en el asesoramiento jurídico y en la correcta tramitación de los expedientes”. “Estos profesionales podrán acompañar a las personas solicitantes a lo largo de todo el proceso y actuar, en su caso, como sus representantes, papel que también realizarán graduados sociales y gestores administrativos”, ha trasladado el Ministerio.
El CGAE ha informado de que en sus encuentros con Inclusión “se insistió en la necesidad de evitar interpretaciones erróneas de la normativa y de prevenir asesoramientos inadecuados para combatir el intrusismo profesional y las prácticas engañosas que puedan perjudicar a los solicitantes”.
La campaña del Ministerio y la queja del ICAM
Sin embargo, el Ministerio ha lanzado ya dos campañas que han provocados sendos comunicados de queja del ICAM.
“¿Necesito contratar un abogado para el proceso de regularización? ¡No es necesario! Infórmate por fuentes oficiales y no caigas en la desinformación”. Es lo que estaba difundiendo en sus redes a finales de marzo. Eugenio Ribón, decano del ICAM, remitió un escrito formal de queja al Ministerio solicitando la retirada de la campaña en esos términos “por considerar que proyecta un mensaje impropio e injusto sobre la función de la Abogacía”.
El ICAM mostró su “profunda preocupación por el enfoque de una comunicación pública que, al presentar el recurso al abogado o abogada especializada como algo prescindible y al asociar de forma indirecta el asesoramiento profesional con la desinformación, la innecesariedad o incluso prácticas fraudulentas, erosiona la confianza de la ciudadanía en una profesión esencial para la garantía de derechos y para el correcto desenvolvimiento de sus relaciones con la Administración”.
El ICAM recordó que presta a la ciudadanía, a través del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), un servicio público y gratuito de información y orientación sobre la defensa de sus derechos e intereses, y que gestiona asimismo la Asistencia Jurídica Gratuita para quienes carecen de recursos económicos, también en el ámbito de la extranjería.
El Ministerio retiró entonces esa campaña. Sin embargo, ha vuelto a la carga con unos mensajes en redes de este tenor: “Para realizar el proceso de regularización extraordinaria, podrás contar con el apoyo de colaboradores de extranjería. Son entidades verificadas que te guiarán y ayudarán en todo el proceso. Podrás consultar el listado en la web del Ministerio”.
Nueva denuncia
El ICAM ha dirigido este lunes un nuevo escrito formal a Inclusión para denunciar una nueva campaña que, a juicio de la corporación, vuelve a desacreditar el papel de la Abogacía especializada y transmite a la ciudadanía un mensaje especialmente grave: que la asistencia letrada resulta prescindible en procedimientos de enorme complejidad y trascendencia personal.
Lejos de corregir aquel enfoque, la nueva campaña, en opinión del Colegio, reincide en la idea de que el ciudadano puede y debe prescindir del asesoramiento jurídico profesional. En concreto, el ICAM advierte de que la campaña omite por completo cualquier referencia a la Abogacía especializada y, en su lugar, dirige expresamente a la ciudadanía hacia otros actores, al señalar que “podrá contar con el apoyo de colaboradores de extranjería”, definidos como “entidades como sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro del ámbito migratorio y de la protección internacional, previamente autorizadas”.