La regularización extraordinaria de inmigrantes ha abierto una nueva brecha en el Gobierno de coalición, y así quedó evidenciado en el Consejo de Ministros del pasado martes. Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, cuestionó la redacción del real decreto aprobado en esa jornada, para insistir en la inclusión de las personas apátridas en la regularización extraordinaria que acaba de iniciar su trámite. Y para advertir de que consideran irrenunciable este objetivo.
Según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el 95% de las personas apátridas -sin nacionalidad legal reconocida– son saharauis (en su mayoría, los que residen en los campamentos de Tinduf). Y todos ellos han quedado fuera del paraguas de esta regularización.
“Las personas apátridas no están en situación irregular y este es un procedimiento específico para personas en situación irregular”, afirmó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista en la Cadena Ser, el martes. No quiso aclarar si, a posteriori, dispondrán un “procedimiento específico” para estas personas.
Sin embargo, la “apatridia” sí se incluía inicialmente entre las situaciones desde las que se podía aspirar a esta regularización, según la documentación a la que ha accedido Artículo14. El texto del real decreto, antes de una de sus últimas modificaciones, permitía acogerse a este proceso tanto a solicitantes de protección internacional como de apatridia.
Fuentes de Sumar sostienen que plantearon varias observaciones al borrador del decreto presentado inicialmente por Saiz. Acabaron pactando con el PSOE la inclusión de las personas que han solicitado acogerse al estatuto de apatridia. Como también habían acordado que una declaración responsable rubricada por los interesados bastase para que se considerase que no contaban con antecedentes penales -otro de los requisitios para acogerse a la regularización-.
Finalmente, un informe posterior del Consejo de Estado, sin carácter vinculante, recomendó modificar estos aspectos de la redacción original. En lo que tienen que ver con la declaración responsable, la puesta a disposición de los cauces diplomáticos para asistir a los potenciales beneficiarios de esta regularización, y que así acrediten que no tienen antecedentes, no ha generado problemas. El limbo en el que se sitúan los apátridas, sí. Y aspiran a corregirlos.
La vicepresidenta segunda, según estas fuentes, centró su intervención en el Consejo de Ministros del martes en “verbalizar” las observaciones abanderadas previamente por Sumar. Con Pedro Sánchez de viaje oficial en China, fue Carlos Cuerpo, flamante vicepresidente primero y ministro de Economía, quien presidió esta reunión del gabinete.
Cuerpo y Díaz han tensado su ya compleja relación en las últimas semanas, a cuenta de la trabas del vicepresidente primero a la reforma del registro horario que la vicepresidenta segunda aspira a aprobar cuanto antes El martes añadieron una más a su lista de diferencias.
En esta ocasión, sin embargo, son varios los ministerios involucrados en la redacción del real decreto, así como en la la proyección y ejecución de los trámites para ejecutar esta regularización extraordinaria, la séptima en democracia. La ministra Saiz, es quien lleva la voz cantante, pero la regularización tiene mucho que ver con varias carteras.
“Una política hecha a medida contra los saharauis”
En público, además de la propia Díaz, las críticas desde su espacio han venido de la diputada Tesh Sidi (Más Madrid), de origen saharaui. El martes, Sidi criticó al Ejecutivo de coalición; también a la dirección de Sumar. Les atribuyó no haber presionado lo suficiente a sus socios para evitar que los apátridas quedaran fuera del proceso.
Es una cuestión particularmente sensible para la parlamentaria saharaui, pero también para el conjunto de un espacio político que no ha cicatrizado el giro de Sánchez sobre el Sáhara Occidental (2022). En un vídeo publicado en sus redes sociales, Sidi consideró esta decisión “una política hecha a medida contra los y las saharauis”, por “petición de Rabat”.
Un día después, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, se sirvió de su perfil en la red social X para matizar los mensajes de Sidi, que además replicó sus palabras. Puso en valor que han peleado por el reconocimiento de los derechos de los apátridas “hasta el final”, y prometió que no mirarán “hacia otro lado”. “Trabajamos en desbloquear la Ley de Nacionalidad para Saharauis y garantizar igualdad en la regularización.
Casi en paralelo, el líder de IU y candidato de Por Andalucía al 17-M, Antonio Maíllo, destacó en declaraciones a los medios de comunicación que “muchos” ciudadanos saharauis “con arraigo o con demanda de asilo”, sí podrán acogerse a la regularización masiva. Con polémicas abiertas con sus socios, como la que afecta al registro horario, y un plan b en el Congreso de los Diputados, decidieron no elevar más el tono.
Una receta “que orille” el informe del Consejo de Estado.
Desde las filas de la vicepresidenta, además, aseguran que ya mantiene contactos con el lado socialista para “buscar una vía que orille” el informe del Consejo de Estado.
“Siendo diferente la regulación de la protección internacional y ese régimen específico de la apatridia, entiende este Consejo que es claramente desaconsejable introducir confusiones o solapamientos entre esos dos grupos normativos”, reza el informe del organismo consultivo que preside la dirigente socialista Carmen Calvo.
La única receta que hoy creen que les valdría para “seguir apretando” es la proposición de ley a la que se refería García. Busca conceder la nacionalidad a todos los saharauis que vivieron durante la administración española del Sáhara Occidental. Es decir, a todos los que nacieron antes de 1976.
Sumar registró esta iniciativa en marzo de 2024, y pasó el primer filtro de la Cámara Baja (toma en consideración) casi un año después, en 2025. Sólo el PSOE votó en contra de empezar a tramitarla. A día de hoy, no hay indicios de que hayan decidido cambiar de posición, exponiéndose a la ira de Marruecos.
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