Atenas es considerada la cuna de la democracia, pero lo cierto es que, durante casi doscientos años sus principales cargos públicos eran elegidos por sorteo, y las elecciones se dejaban para otros temas en ocasiones mucho más importantes, porque se suponía que lo de gobernar el día a día de la gente tampoco tenía tanta importancia. El sistema se basaba en un principio claro que bien podría mantenerse hoy: el poder corrompe. ¿Qué hicieron pues los atenienses para garantizar la limpieza del proceso y su aleatoriedad?: inventar una máquina de piedra llamada Kletoreion que eligiera quién iba a ocupar determinados puestos y hacer que esos cargos se ejercieran, además, por tiempo limitado. Los ciudadanos podían presentarse a esas elecciones aleatorias, sí, pero era la máquina la que los elegía al azar.
Mucho han cambiado las cosas desde entonces, y mucho han cambiado también a lo largo de la historia los sistemas políticos elegidos por los ciudadanos o impuestos por algunos líderes, aunque estoy de acuerdo con Winston Churchill que decía que “la democracia es la peor forma de gobierno, si exceptuamos todas las demás”.
El problema es que, en los últimos tiempos, esas democracias se están desvirtuando y se están convirtiendo en lo que Frareed Zakaria ha denominado como “democracias iliberales” en las que los gobernantes de turno buscan superar los marcos constitucionales y eliminar todo tipo de controles democráticos. Víktor Orban ha sido puesto como paradigma de este nuevo orden político y él mismo ha presumido de ello. En sus dieciséis años de mandato su gobierno fue derivando hacia un régimen donde se fue eliminando la separación de poderes y donde se fueron limitando las libertades. Pero, como siempre suele pasar en estos casos, este tipo de enfermedades se suelen extender a otros países y ningún país es inmune a que surja un nuevo líder que siga el ejemplo del primer ministro húngaro.
En estos últimos días hemos visto por ejemplo a todo el Gobierno arremeter contra el juez Juan Carlos Peinado por su instrucción del caso Begoña Gómez en una ofensiva encabezada por el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, que no ha tenido ningún pudor en presionar incluso por carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, para que sancione a dicho magistrado. Si la instrucción de Peinado ha sido tan desastrosa como dicen, ¿qué miedo pueden tener a que un tribunal del jurado no considere que Gómez es inocente?
Peinado es el último, pero no el único juez contra el que ha arremetido el Ejecutivo de Pedro Sánchez: que se lo digan a Llarena, y a Marchena, y al tribunal que juzgó y condenó a Álvaro García Ortiz. Y, si queremos indignarnos, indignémonos, por ejemplo, con la magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano, que será la encargada de redactar la ponencia del recurso presentado por el fiscal general contra la sentencia que le condenó, después de que ella misma diera dos besos a García Ortiz y le dijera “mucho ánimo” cuando ya se había conocido el fallo del Tribunal Supremo.
¿Podemos deducir de este gesto que Segoviano va a ser imparcial a la hora de redactar su ponencia? Me da que no, como tampoco lo fueron en su día el exministro Juan Carlos Campo y la ex directora de Asuntos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, Laura Díez, cuando votaron a favor de anular las condenas de los socialistas Chaves y Griñán por el fraude de los ERE.
Viendo algunas cosas, lo de volver a sortear los cargos, me parece muy buena idea.