El ataque del Gobierno a los jueces ha sido una constante durante toda la legislatura. Un señalamiento que ha llegado incluso desde la mesa del Consejo de Ministros, provocando un punto de inflexión en la relación entre ambos poderes. “Lawfare”, se ha llegado a sugerir incluso en privado por parte del equipo de Pedro Sánchez, en línea con lo que dicen las formaciones independentistas catalanas.
El origen de la tensión entre el Ejecutivo y el Judicial puede rastrearse hasta noviembre de 2023, época en la que aún no se había investido el nuevo Gobierno tras las elecciones generales de julio. En plena negociación de investidura, el PSOE firmó un acuerdo con Junts per Catalunya que incluyó el término “lawfare”. El pacto contemplaba la creación de una comisión parlamentaria que analizara la posible judicialización de la política y el uso partidista de decisiones judiciales en el marco del procés. La figura de negociación de “el acuerdo político y la ley de amnistía” fue el entonces número tres del PSOE, Santos Cerdán.
Desde ahí, las críticas a los togados no han parado de repetirse. Félix Bolaños, ministro de Justicia y de la Presidencia, ha cuestionado en varias ocasiones resoluciones judiciales que, a su juicio, están “injustificadas” o responden a un sesgo ideológico. Recientemente, jueces y fiscales secundaron un paro de 10 minutos en protesta por las reformas judiciales del Gobierno. Bolaños señaló que en el sector de la Justicia “es habitual mirar con recelo los cambios y las reformas que se producen”.
El 30 de noviembre de 2023, el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. Bolaños mostró su desacuerdo: “No la compartimos porque creemos que no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia del Gobierno de España como es nombrar a la presidencia del Consejo de Estado”.
Ese mismo día, el Consejo General del Poder Judicial se negó por primera vez a avalar la continuidad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La fractura institucional comenzaba a tomar cuerpo.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también ha mostrado críticas públicas sobre decisiones de los jueces. Sobre los autos recientes respecto al fiscal general del Estado, Alegría declaró que “algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”, refiriéndose al auto del juez Hurtado. Sobre si podría estar prevaricando, evitó responder con claridad. “No hay ninguna prueba clara que señale al fiscal general como filtrador de nada. Varios periodistas explicaron que tenían esa información y no por el fiscal y no se han tenido en cuenta sus testimonios. La expresión es prudente, pero suficientemente explícita”, afirmó.
También han mostrado críticas dirigidas a la actuación de la jueza instructora, Beatriz Biedma del caso del hermano de Sánchez, David Sánchez, cuestionando el procedimiento judicial.
Respecto al caso de Air Europa, el Gobierno también arremetió contra el juez Juan Carlos Peinado por su investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente. Desde Moncloa afirman que existe una “persecución política” contra la familia de Sánchez y critican que las nuevas diligencias impulsadas por el magistrado responden a motivaciones ajenas al interés estrictamente judicial.
En cambio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido una postura distinta a la de otros miembros del Ejecutivo en relación con el discurso del lawfare. “No existe lawfare en España. Los jueces españoles cumplen sus deberes con estricto acatamiento al ordenamiento jurídico en parámetros de independencia e imparcialidad”, aseguró en 2023 en el Congreso. También insistió en que “el Gobierno en ningún momento ha dicho que los jueces prevarican”, y reivindicó que las resoluciones judiciales “están para respetarse. Todas ellas”. Aun así, Marlaska defendió que las críticas del Gobierno se sitúan “dentro del parámetro del respeto” y forman parte de una democracia saludable.
Durante la pasada legislatura, los choques también se intensificaron en torno a la ley del ‘solo sí es sí’. La entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, criticaron abiertamente a jueces que redujeron penas a condenados por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la norma. Montero acusó a algunos magistrados de tener una “visión patriarcal de la Justicia”, mientras que Rosell habló directamente de “resistencias ideológicas” dentro de los tribunales.
