Acciona no descarta personarse como perjudicado en la causa judicial que investiga los presuntos contratos irregulares que involucran a los exaltos cargos del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, así como a Koldo García. Así lo señaló el director de Asesoría Jurídica de la compañía, José Julio Figueroa, acompañado del presidente y consejero delegado, José Manuel Entrecanales, en una reunión con los medios tras la Junta de Accionistas. “Todavía es prematuro tomar esa decisión. Estamos a la espera del resultado de la investigación de la Guardia Civil y de los hallazgos del juez de instrucción. Tras ello se analizará si procede personarse”, puntualizó..
El responsable del área jurídica afirmó que, por el momento, la compañía no ha detectado indicios de que se hayan producido irregularidades. “Nos parece difícil que eso haya podido ocurrir”, apuntó, al tiempo que reiteró el respeto absoluto de Acciona a la investigación en curso. Según informó, el exempleado implicado no tenía autonomía suficiente para adjudicar contratos, aunque se ha activado una investigación interna para analizar si los controles internos pudieron ser vulnerados.
Entrada de Servinabar
La investigación que afecta Fernando Merino, exresponsable de las delegaciones de Navarra y Logroño, quien presuntamente facilitó la entrada de Servinabar 2000 como empresa colaboradora de Acciona. Esta sociedad, en la que Santos Cerdán posee un 45% de participación, fue incorporada en el marco habitual de Unión Temporal de Empresas (UTEs). La compañía despidió a Merino en 2021, “por pérdida de confianza”, en el contexto de una reestructuración interna. Según explicó Entrecanales a los accionistas, “actuaba con la autonomía propia de su responsabilidad en una organización descentralizada y tenía la autoridad sobre contratos”. No obstante, matizó que el volumen de esos contratos “representa un importe muy pequeño en comparación con el volumen total de actividad del negocio de construcción”.
La compañía ha iniciado los trámites legales para la rescisión definitiva de todos los contratos, al considerar que ha incumplido sus estándares normativos y de conducta. En paralelo la compañía también ha cesado a Justo Vicente, hasta la fecha responsable del negocio de construcción en España, ante la posibilidad de “una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección y supervisión”. Paralelamente, Acciona ha puesto en marcha una investigación interna para determinar si los controles internos previstos en las políticas y procedimientos de la empresa fueron eludidos o incumplidos.
Firmeza
“Seguiremos actuando con la máxima firmeza para preservar lo que somos y lo que queremos seguir siendo: una empresa ejemplar comprometida con la legalidad y la ética”, ha defendido Entrecanales, tras lamentar el impacto reputacional que puede derivarse del caso: “Nos duele profundamente el impacto reputacional que estas informaciones pudieran tener, tanto sobre nuestra compañía como sobre los más de 66.000 empleados que cada día desarrollamos nuestro trabajo con ilusión, esfuerzo, compromiso y la más absoluta integridad y rigor”.
Preguntado por su relación con los principales implicados, Entrecanales ha negado conocer personalmente a Santos Cerdán o a Koldo García. “Ningún otro miembro del consejo que se apellida Entrecanales conoce a estos señores”, afirmó. En cuanto al exministro José Luis Ábalos, explicó que solo mantuvo con él una reunión institucional de cortesía en la sede del Ministerio de Transportes, tras su nombramiento, acompañado entonces por el fallecido Luis Castilla, CEO del área de Infraestructuras de Acciona.
Política interna de tolerancia cero
La reacción de Acciona está alineada con su política interna de integridad. Según recogen las Normas de Actuación en Anticorrupción del Grupo Acciona, la compañía mantiene una posición de “tolerancia cero respecto de cualquier forma de corrupción”. Esta normativa, que aplica a todo el personal del grupo y a sus colaboradores en cualquier parte del mundo, establece la prohibición expresa de ofrecer o aceptar sobornos, pagos de facilitación, donaciones indebidas, o establecer relaciones de negocio sin la debida diligencia.
“El incumplimiento de estas Normas puede exponer al Grupo a un riesgo sustancial y poner en peligro sus operaciones y reputación”, recoge el documento. Así, advierte también de posibles sanciones civiles o penales individuales en caso de violación de la normativa anticorrupción. Entre las medidas de control incluye auditorías internas, monitorización periódica, formación obligatoria y un canal ético de denuncia.