El Real Decreto-ley de vivienda que el Gobierno prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros incluye el 85% de las medidas que contenía el borrador de julio, que Junts quería aprobar, según se desprende de la comparación entre el último borrador que Vivienda ha facilitado a los Grupos en la tarde de este lunes y el que lleva de fecha el 21 de julio. “El Gobierno de Pedro Sánchez no puede permitirse vacaciones políticas ante la emergencia social en la que se encuentra la vivienda en España”, trasladaron los de Carles Puigdemont el 27 de julio, día en el que el Ejecutivo anunció que no validaría el texto al día siguiente, el martes 28 de julio, como había anunciado.
El 21 de julio PSOE y Sumar acordaron incluir la prórroga de los alquileres hasta julio de 2028. Sumar prometió aprobarlo antes de que acabara el verano y avanzó parte del contenido del texto. La composición del Parlamento no permite negociaciones fáciles, pero antes del parón de agosto el ala socialista del Gobierno había llegado a un pacto con Sumar, y Junts estaba en ánimo negociador.
Aunque a principios de julio Podemos se había mostrado reivindicativo, la posibilidad de alcanzar un acuerdo con medidas de consenso era posible hace un mes y medio.
La decisión de posponer la validación del texto se tomó en principio antes de que se conociera el asalto a Ceuta del 30 y 31 de julio, pero se produjo en un momento en el que coincidían una serie de condicionantes que pueden indicar que al Ejecutivo le convenía retrasar la validación de la norma a finales de septiembre, lo que causó malestar y extrañeza a Junts.
El desahucio y las elecciones en Madrid
El elemento clave en estos momentos, el desahucio de Maricarmen, se sabía que se iba a producir el 23 de septiembre. En concreto, desde el 19 de julio que el Juzgado lo fijó tras una segunda prórroga. En agosto no se producen lanzamientos pero en septiembre se preveían varios, entre ellos, de personas vulnerables vinculadas al Sindicato de Inquilinas, como el de esta vecina de Retiro y el de Paquita, de 83 años, de la Latina, también en Madrid.
El lugar no parece baladí. Aunque Barcelona triplica los desahucios de Madrid, las movilizaciones en la capital y en la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso arrancan de esta manera ocho meses antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mayo, en línea con la campaña de los cribados del cáncer de mama contra Juanma Moreno Bonilla en Andalucía que empezaron hace justo un año.
El ático y los mensajes preparados
En este sentido, hay otra fecha clave a finales de julio: El País publica la primera noticia sobre el ático que compró la Comunidad de Madrid en la madrugada del 29 de julio, una información que preparaba desde hace tiempo y sobre la que había preguntado a la Comunidad de Madrid al menos desde la víspera, según relata.
Estos elementos confluyen el 23 de septiembre. En el día en el que estaba fijado el desahucio de Maricarmen, el Gobierno dedicó la sesión de control en el Congreso a criticar el lanzamiento, del que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se condujo ajena y culpó directamente a Ayuso. Una conjunción de declaraciones del Ejecutivo y sus socios que siguió durante el resto del jornada, acompañada de una cobertura de varias horas sin interrupción por parte del Canal 24 Horas de TVE, y de la rueda de prensa de Pedro Sánchez en la ONU en Nueva York en la que responsabiliza a “Ayuso y Almeida” del desahucio. Esa tarde, una manifestación improvisada concentra a 10.000 personas debajo del ático. A lo que se ha añadido la acampada improvisada en Sol.
Las medidas del último borrador
Buena parte de las medidas del último borrador estaban en el de julio: prórroga de los alquileres, facilidades para desistir el contrato y dejar un alquiler vacacional, controles a grandes tenedores, recargos fiscales a estos últimos y bonificaciones a propietarios de renta baja…. Además de establecer que las comunidades carguen con los gastos del inquilino vulnerable que no paga, como avanzó ayer Artículo14, a lo que se había añadido la penalización de que se les imponga intereses si se retrasan.
En las últimas horas, el texto ha extendido la prórroga de alquileres de julio a diciembre de 2028 y ha incorporado dos medidas de los anteriores decretos de escudo social que han hecho revolverse a Junts y podría suponer su voto en contra. Incorpora un régimen específico de suspensión de procedimientos de desahucio hasta 2028 para personas vulnerables sin alternativa habitacional, con especial tratamiento de determinadas entidades adquirentes de inmuebles o carteras hipotecarias. También se añade una salvaguarda para personas físicas propietarias de dos viviendas o menos, para las que “no prevalecerá la situación de vulnerabilidad económica de la parte demandada”, que podría ser un guiño a los de Puigdemont aunque está por ver si suficiente.
Asimismo, se ha introducido el límite extraordinario del 2% para las anualidades que deban actualizarse desde la entrada en vigor del Decreto hasta el 31 de diciembre de 2027. Las partes podrán negociar el incremento, pero si no existe un nuevo acuerdo, la subida no podrá superar el 2%.
El borrador de julio contemplaba que los planes de las zonas tensionadas pudieran incorporar medidas para limitar o condicionar operaciones de compraventa de viviendas con el objetivo de favorecer su utilización como residencia habitual y combatir operaciones especulativas, una fórmula que desaparece en septiembre.
También ha caído la reforma de la Ley de Suelo orientada a reforzar la seguridad jurídica de la planificación territorial y urbanística, que Podemos exigía eliminar.
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