Sumar ha elaborado un Real Decreto-ley Maricarmen que quiere forzar que el Gobierno apruebe en el Consejo de Ministros de este martes junto con el Real Decreto-ley de Vivienda que pactaron en julio y cuya aprobación se ha venido posponiendo por supuestas discrepancias con los socios de Gobierno. El borrador del Real Decreto-ley de Sumar, al que ha tenido acceso Artículo14, establece que el Gobierno podrá expropiar una vivienda si el inquilino es mayor de 70 años y ha residido en ésta los últimos 15 años. El ala socialista del Gobierno se ha manifestado en contra de esta iniciativa que no cree constitucional, y se prevé que la formación de Yolanda Díaz lance un pulso en el que podría escenificar su salida del Consejo de Ministros para negociar, como ya hicieron en marzo con el primer Real Decreto-ley por la guerra de Irán.
El texto de Sumar estipula que la expropiación la decidirá el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Vivienda para cada inmueble, lo que se regula de acuerdo con una ley de expropiación franquista.
Esta expropiación se pondrá en marcha si el propietario no le ofrece al inquilino la prórroga con una propuesta “razonable”, lo que no es explica qué es. El Decreto también incluye la prórroga forzosa de contratos más allá de lo previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) incluso para contratos ya extinguidos siempre que no haya sentencia firme.
De esta forma, la norma atribuye competencias para expropiar al Ministerio de Vivienda y Casa 47 queda como beneficiaria de conformidad con el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.
El inquilino no paga nada
El uso se atribuye al vulnerable que sólo debe respetar la conservación y no transmitir el uso. Cada dos años se revisa si se siguen cumpliendo las condiciones, y no hay más requisitos.
La vulnerabilidad se liga a la edad de 70 años y que por ello convenga que se quede en la casa en la que lleva un mínimo de 15 años. No está previsto que el inquilino pague nada por el uso (aunque pueda tener dinero o una buena pensión). La Administración expropiante o en su caso la beneficiaria (Casa 47) pagan la indemnización al propietario por quitarle el uso.
El texto no justifica la tramitación de la expropiación de urgencia y no tiene en cuenta si el propietario es también vulnerable y necesita la vivienda.
El Decreto, que puede invadir competencias de las CCAA y Ayuntamientos, incluye un anexo de fincas -un excel vacío- que considera a expropiar ya por procedimiento de urgencia por necesidad de vivienda.
Adquisición de un derecho temporal de uso nuevo
La Exposición de Motivos, que empieza citando el artículo 47 de la Constitución, sostiene que “resulta necesario establecer instrumentos que permitan atender situaciones excepcionales en las que la extinción de la relación arrendaticia, incluso cuando haya sido declarada mediante resolución judicial firme, concurra con circunstancias de especial intensidad que justifiquen la protección del mantenimiento o restablecimiento del uso residencial de una determinada vivienda”.
“La regulación contenida en este real decreto-ley distingue con claridad ambos planos. La modificación del régimen arrendaticio opera sobre relaciones que todavía pueden resultar afectadas por la nueva regulación, sin revisar resoluciones judiciales firmes. La actuación expropiatoria, por su parte, no rehabilita una relación arrendaticia extinguida ni altera lo resuelto judicialmente, sino que permite, cuando concurran los presupuestos legalmente establecidos, la adquisición de un derecho temporal de uso residencial nuevo y autónomo”, argumenta.
Se ampara en una norma franquista
Sobre la norma franquista en que se basa, explica que “la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa permite que, declarada legalmente una categoría de bienes o derechos susceptibles de expropiación por razones de interés social, su aplicación a los supuestos concretos se produzca mediante la correspondiente decisión administrativa. Asimismo, su artículo 52 contempla, con carácter excepcional, la declaración de urgente ocupación y establece las garantías, depósito previo e indemnizaciones que deben preceder a esta”.
Y añade que “la disposición adicional única realiza una primera aplicación inmediata de este régimen respecto a la referencia catastral del anexo”.
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