Hay voces más optimistas, pero otras anticipaban que no habría fumata bianca sobre el nuevo real decreto ley de vivienda, al menos, hasta primera hora del martes. “Sin avances”, confirmaron fuentes de Sumar en el Ejecutivo a Artículo14 a última hora del lunes. Al filo de las 8.00 del martes, la respuesta seguía siendo similar, mientras aliados de izquierdas criticaban abiertamente el borrador remitido por el Ejecutivo en la tarde anterior.
El Gobierno afronta en esta jornada un Consejo de Ministros clave, del que debe salir un real decreto ley con medidas de vivienda que responda a la exigencia ciudadana visibilizada por la acampada del Sindicato de Inquilinos en la Puerta del Sol. Que evite que se produzcan más desahucios como el de Maricarmen Abascal, e introduzca nuevos límites para paliar las dificultades para acceder a un techo.
En Barcelona, al filo de las 21.30 horas, Pedro Sánchez ratificó que aprobarán este decreto, y pidió generosidad a todos los grupos para hacerlo viable. A última hora de la tarde, fuentes del Ejecutivo afirmaban que lo previsible era que el acuerdo entre los dos socios de la coalición se hiciera de rogar. “Estamos en ello. Aún lejos, pero con diálogo abierto”, asumían fuentes del socio minoritario en el Gobierno.
Otros interlocutores aseguraban que habían acercado posiciones en las últimas horas, si bien en Sumar desesperaba que los socialistas optaran por consultar constantemente a Junts per Cataluña.
Fuentes del socio minoritario consultadas por este diario reconocen que la opción de que no participar en el Consejo de Ministros, con la que empezaron a amagar el sábado, sigue estando hoy sobre la mesa. A última hora de la tarde, desde su ala del Gobierno consideraron “elementos imprescindibles en disputa” que el texto incluya la regulación de alquiler de habitaciones y la renovación automática de los contratos, que también defiende el Sindicato de Inquilinos.
De hecho, los cinco ministros de Sumar también han recordado estos días el plante a sus socios que escenificaron en marzo, a las puertas del Consejo de Ministros. Mónica García, ministra de Sanidad (Más Madrid), afirmó el lunes ante los micrófonos de La Sexta que “sin ninguna duda” contemplan volver a retrasar esta reunión del Ejecutivo hasta que tengan en cuenta sus exigencias.
Celebraron que las conversaciones de la tarde les sirvieron “para acordar la incorporación de la congelación del precio y prórroga de dos años de los alquileres de todos los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028″. Y recordaron que la ausencia de esta medida motivó su protesta ante el ala socialista del Gobierno en el corazón de La Moncloa.
De hecho, varios socios parlamentarios cuyos votos también requiere Pedro Sánchez aseguraron que a última hora de la mañana aún no habían recibido el borrador del real decreto en su conjunto.
A mediodía, antes de que Sumar y los socios de izquierdas del Ejecutivo se concentraran en una inusual foto de unidad ante el hospital Gregorio Marañón, donde la mujer de 87 años desahuciada el martes sigue ingresada, en las filas de Yolanda Díaz se mostraban claramente satisfechas con la redacción de la norma.
Entierran la reforma de la ley del suelo
Las recetas políticas son diferentes en la coalición, y aún más divergentes entre socios como Junts y Podemos. Al Gobierno le toca medir cada paso para armar un texto que pueda lograr sus votos.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se borró de la agenda pública este lunes para volcarse en esta cuestión, en la que todas las partes ya han asumido varias cesiones: no habrá modificación de la ley del suelo en esta norma -Podemos amenazaba con votar en contra-, y sí varios incentivos fiscales como reclamaba el partido de Carles Puigdemont. Sumar y otras fuerzas de izquierdas asumen que tocará aceptarlos.
Además, los independentistas catalanes reclaman que en los casos de desahucios de viviendas de pequeños propietarios, las administraciones deberán hacerse cargo de los costes que conlleve evitar estos desalojos. Para la izquierda ya es un paso importante que Junts se abra a negociar en este escenario: “Parece que la presión no sólo afecta a la izquierda”, celebran fuentes de uno de estos partidos.
El dilema: “Ir hasta el final” o considerarlo un primer paso
La negociación se lleva con sigilo. El decreto fue inicialmente comprometido en julio, se retrasó a septiembre y al inicio del nuevo curso fuentes de Vivienda enfriaron aún más su aprobación. Los teléfonos empezaron a echar humo después del desahucio de Maricarmen.
La presión de la calle es tal que Podemos ha dejado claro que su voto en la convalidación del real decreto en el Congreso tendrá en cuenta cómo se pronuncien los activistas de Sol sobre el texto. La cautela y la prudencia ante esta movilización es tal que las principales figuras de los partidos de izquierdas no se han dejado ver por la acampada, como sí han hecho cuadros de sus respectivas formaciones.
La división es evidente incluso en el enfoque con el que se aproximan a la norma. Para Sumar, “hay que ir hasta el final” en el texto de este martes. Durante el fin de semana, la propia vicepresidenta segunda afirmó que no aspiran a “contentar a la derecha” con el decreto: “Que se retraten votando y nosotros movilizándonos”, reclamó.
En el PSOE, sin embargo, hay voces que piden prudencia, concebir esta norma como un primer paso, toda vez que no creen que la presión en las calles desaparezca de inmediato.
Y, una vez amarrado -llevan dos derrotas con decretos que incluyeron la prórroga de la prohibición de desahuciar este año-, ir a más. Tienen presente la reclamación del presidente del PNV, Aitor Esteban, que durante el fin de semana abogó por un “pacto de mínimos”, y recuerdan la aritmética parlamentaria. Los Presupuestos para 2027, todavía por aprobar en Consejo de Ministros, pueden jugar un papel clave para vehiculizar propuestas en esta dirección, apuntan.
Sánchez centra su agenda en la vivienda
Si bien el domingo sí aludió a la norma en un acto de su partido, el lunes el presidente del Gobierno ha evitado menciones concretas al decreto. Pero ha centrado buena parte de su agenda, en Barcelona, en cuestiones relacionadas con esta materia. Entre otras, incluyó una visita a una promoción de viviendas de alquiler asequible, o un evento para presentar el informe ‘Vidas Futuras: un día en 2050’.
Aquí reclamó actuar en el ámbito de la vivienda y pidió “privilegiar el uso residencial” frente al turístico, además de requerir a las comunidades autónomas que apliquen la ley aprobada en 2023.
Por su parte, desde el Ministerio del ramo han centrado en 10 ámbitos las medidas a aprobar este martes: protección ante los desahucios; prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre; estabilización de los contratos de alquiler; avances en la regulación del alquiler de temporada; aumento del IVA a los pisos turísticos; bonificaciones fiscales para inquilinos y para propietarios que reduzcan los precios; ayudas a la compra de primera vivienda; blindaje del parque estatal de casas y una bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida de forma permanente.
Lo previsto es que, si logran que vea la luz, el texto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles, para su inmediata entrada en vigor. Y para ser sometido a debate de convalidación en el Congreso en no más de 30 días. Pero antes deben ser capaces de pactar en el seno del Consejo de Ministros.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.