Vox ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra la presidente del Gobierno de Navarra, María Chivite; el exsecretario de Organización y exdiputado del PSOE Santos Cerdán y contra Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.
La formación de dirige Santiago Abascal presenta esta querella después de que se conociera el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del caso Koldo que destapaba una serie de presuntos amaños en las contrataciones públicas en Navarra.
La formación dirige también la querella contra Fernando Agustín Merino, exdirector del departamento de Navarra de Acciona, Pedro López Vera, director general de Obras Públicas, Jesús Polo Soria, presidente de la Mesa de contratación, y los funcionarios, por el momento desconocidos, que hayan participado en la licitación y adjudicación de los contratos objeto de la querella.
El escrito firmado por la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, se centra en la concesión administrativa y obra de la Mina Muga en Sangüesa, la adecuación de los lotes 4 y 5 del Pabellón Navarra Arena en Pamplona, la concesión de contrato de derribos y adecuación en la Plaza de los Fueros en Milagro y otros contratos.
La querella sostiene que Chivite, como presidenta de Navarra, es la responsable última de las licitaciones y adjudicaciones. Señala también a Cerdán por ser titular del 45% de las participaciones de Servinabar, empresa que formaba parte de las UTEs con Acciona, que recibió adjudicaciones públicas.
Castro ha solicitado la declaración de los querellados en condición de investigados, así como que se ofrezca la declaración voluntaria a Chivite, y declaración en condición de testigo a Joseba Antxón Alonso y Lorenzo Serena Puig. Pide, además, que se libre requerimiento al Gobierno de Navarra para que de que aporte los expedientes completos de licitación y adjudicación de los contratos referidos en la querella.
También ha solicitado que se oficie a la UCO para que averigüe y detalle los funcionarios públicos que intervienen en los expedientes referidos en el escrito e incorpore los documentos que acredite su intervención en los mismos, analizando sus resultados. Y, por último, que se realice la comprobación patrimonial de las personas querelladas, sus cónyuges y familiares, así como la participación de las mismas en sociedades de capital, acordando habilitarles para obtener información de registros, bancos y cuantas entidades consideren oportunas para tal finalidad.