Todos los grandes contratos del Ministerio de Fomento identificados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su investigación sobre la presunta trama para el cobro de comisiones ilegales organizada por Santos Cerdán, exsecretario general del PSOE, se modificaron al alza después de su adjudicación. De esta forma, el coste total de estas obras públicas aumentó en más de 100 millones de euros, lo que supone un incremento medio del 19,24%.
Tal y como figura en las modificaciones, los contratistas alegan circunstancias imposibles de prever amparados en dos Directivas Europeas: “Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]”. En diciembre de 2021, Isabel Pardo de Vera, entonces secretaria de Estado de Transporte, incorporó en una resolución la posibilidad de revisar los precios en los contratos de obra en el ámbito de su Departamento. El porcentaje máximo se fija en el 20%.
El pasado 20 de junio, los agentes de la UCO se personaron en el Ministerio de Transportes en el marco de la investigación sobre la presunta gestión de Cerdán de “contraprestaciones económicas” superiores a 650.000 euros, percibidas por Koldo García, exasesor del ministro de Transportes, y el propio Ábalos, a través de obras de ADIF y la Dirección General de Carreteras a Acciona Construcción, OPR (Obras Públicas y Regadíos) y LIC (Levantina Ingeniería y Construcción). Estas licitaciones, en diversas partes de España, suman más de 700 millones.
Ofertas ‘económicamente más ventajosas’
En las adjudicaciones investigadas por la UCO, -según refleja el informe-, las compañías implicadas en la presunta trama lograron los contratos al resultar sus propuestas la “oferta económicamente más ventajosa” y contar con las mayores puntuaciones técnicas. Así, en varios de los contratos, como la Autovía del Camino de Santiago o los tirantes del Puente de Sevilla, los licitadores lograron una puntuación máxima de 100. Un buen reflejo de la práctica es este último contrato, uno de los que más preocupó a Cerdán. En la valoración técnica de la obra andaluza, el siguiente competidor obtuvo 88,93 puntos, en tanto que la oferta económica de la UTE Acciona, Tecade y Freyssinet resultó la más barata sin caer en baja temeraria.
“Únicamente requerirían que las notas de la valoración subjetiva fueran lo suficientemente altas con respecto al resto de licitadores, para compensar cualquier diferencia surgida de la puntuación obtenida de las ofertas económicas“, explica la UCO. De esta forma, las ofertas presentadas eran atractivas económicamente sin caer en la “baja temeraria” como en el argot se conocen los contratos excepcionalmente bajos.
En ADIF, más de 60 millones
La revisiones más cuantiosas de los contratos identificados por la UCO corresponden con ADIF con más de 60 millones de euros durante la presidencia de Isabel Pardo de Vera y María Luisa Domínguez, quien la relevó en el cargo tras su nombramiento como secretaria de Estado. El resto, otros casi 42 millones, corresponden a las licitaciones de la Dirección General de Carreteras modificadas tanto con el exdirector Javier Herrero como con su actual responsable, Juan Pedro Fernández Palomino.
Preguntado por este medio sobre las revisiones de estos contratos, fuentes del Ministerio de Transportes no hicieron comentarios dada la judicialización de estos expedientes, al tiempo que señalaron su máxima colaboración al respecto. Fuentes vinculadas al sector de las obras públicas señalaron que la modificación de contratos es una práctica habitual.
En detalle
Por importe, la mayor modificación correspondió al contrato del soterramiento de las vías de alta velocidad en Murcia -que figura en el informe de la UCO como ‘El Mayor’-. Esta obra se adjudicó en mayo de 2019 a una UTE entre Acciona y Ferrovial por 158,8 millones (sin impuestos). Su presupuesto se elevó en 31,3 millones en marzo de 2021 con Isabel Pardo de Vera como presidenta de ADIF. Esta es, a su vez, la única obra que posteriormente ha sido revisada a la baja en 3,4 millones con María Luisa Domínguez al frente del gestor ferroviario.
Con Domínguez al frente, se modificaron las otras dos grandes obras de ADIF señaladas por la UCO: el tramo de Pulpí a Vera, adjudicado en septiembre de 2019 a la UTE mencionada por 121,19 millones y revisado al alza en 24,1 millones; así como la correspondiente a Sant Feliú de Llobregat, adjudicada a Acciona Construcción por un importe inicial de 51,76 millones, que en agosto de 2022 se amplió en 10,2 millones (hasta un total de 62 millones).
Carreteras
En el caso de la Dirección de Carreteras, están bajo sospecha la licitación de Autovía A-68 entre Arrúbal y Navarrete por 92,41 millones de euros en octubre de 2019, que en mayo de 2022 se amplió en 17,52 millones. Tanto su adjudicación a Acciona Construcción en UTE con Aquaterra Servicios Infraestructuras, como su modificación, se sitúa en el tiempo con Javier Herrero como director general. En esta obra, en octubre de 2024, hay una revisión adicional de 0,94 millones con Juan Pedro Palomino al frente de la citada Dirección.
Es la misma situación de los tirantes del Puente de Sevilla, ya mencionados, y la Autovía del Camino de Santiago, adjudicada por 59,87 millones de euros en diciembre de 2019 a una UTE en la que participa Levantina de Ingeniería y Construcción (LIC), y revisada al alza en febrero de 2023 en 9,78 millones.
Investigación
Según recoge el informe, tanto Isabel Pardo de Vera, al frente de ADIF, como Javier Herrero, como director general de Carreteras, presuntamente actuaron en favor de las constructoras apuntadas por Koldo. “Se puede apreciar la discrecionalidad con la que se adjudicaban obras en el MITMA, ya que Koldo decía haberle indicado a Isabel Pardo de Vera que de cinco licitaciones le diera dos y el resto las decidiera ella”, señala. Si en la presunta trama también hubo algún beneficio de las modificaciones de contratos, es una cuestión que está bajo la investigación judicial.
