Visto para sentencia. Comienzan a deliberar los siete magistrados que forman parte de la Sala que firmará la primera sentencia a un Fiscal General del Estado de la historia de la democracia. Fuentes del alto tribunal consultadas por Artículo14 pronostican una condena por revelación de secretos para Álvaro García Ortiz. Y creen que no tardarán “más de tres semanas” en redactarla.
Eso sí, las mismas fuentes no esperan una condena alta que implique prisión, como piden las acusaciones, con una pena de hasta cuatro años de cárcel para García Ortiz. Si bien, estiman que llevará implícita una inhabilitación que lo aparte del cargo.
En el Supremo, las fuentes consultadas señalan que los magistrados intentarán que el fallo tenga el mayor consenso viendo “imposible” una sentencia por unanimidad. Apuntan a que la magistrada de corte progresista Ana Ferrer “absolverá al fiscal general seguro”.
Pero el objetivo de la Sala será lograr que haya los mínimos votos particulares que declaren a García Ortiz inocente, apuntan las fuentes consultadas. Sus apuestas están en que seis magistrados se inclinen por una condena y solo uno por una absolución “o como mucho que queden cinco a dos”.
“Se buscará romper los bloques ideológicos”, arguyen en el Alto Tribunal, que ahora están en una relación de cinco magistrados de una sensibilidad conservadora y dos de una progresista.
¿Quiénes conforman la Sala?
Andrés Martínez Arrieta. Es el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Forma parte de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) autodenominada independiente, pero situada en la mayoría de sus decisiones en el bloque conservador. Es la persona que ha moderado las sesiones del juicio oral de manera serena y que apenas ha intercedido en los interrogatorios.
Susana Polo es una de las magistradas consideradas progresistas y además la ponente de la Sala, es decir, es la encargada de redactar el fallo final del fiscal general.
Manuel Marchena, es el predecesor de Arrieta. De corte conservador y uno de los magistrados con más influencia en la Sala, conocido por buscar consensos. Así lo hizo con la sentencia condenatoria a los líderes independentistas del procés que contó con la unanimidad de la Sala.
Juan Ramón Berdugo. Es un togado de claro corte conservador que pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y que también formó parte de la Sala que juzgó a los políticos del procés. De hecho, fue el más exigente con la condena a los líderes independentistas.
Carmen Lamela. La magistrada viene la Audiencia Nacional donde empezó a instruir la causa contra el procés catalán, también considerada de corte conservador.
Antonio del Moral. Un perfil muy técnico, otro de los integrantes de la sala del procés y también de claro corte conservador.
Ana Ferrer. La primera mujer que llegó a la sala de lo Penal del Tribunal Supremo y fue una de las aspirantes a presidir la Sala aunque acabó ganando la opción de Arrieta. De claro corte progresista, forma parte de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), formó también parte del tribunal del procés.
La última jornada del juicio
Así las cosas, todas las cartas ya están encima de la mesa. En la última jornada del juicio oral, las partes expusieron las conclusiones finales tras escuchar las declaraciones de acusado y testigos.
El abogado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, encabezó las acusaciones y fue muy duro en su alegato final. Cabe recordar que es la acusación particular en el caso, quien interpuso la denuncia contra la Fiscalía por creer que se habían filtrado datos sensibles sobre las negociaciones de conformidad que mantenía con el ministerio público por haber cometido dos delitos de fraude fiscal.
En la exposición de este jueves, apuntó a una acción de la Fiscalía, del Gobierno y los medios de comunicación para perjudicar a su representado haciendo un “uso político” del caso y creando una “sentencia pública” contra la pareja de Ayuso. Por ello, mantiene la petición de los cuatro años de prisión y una indemnización de 350.000 euros.
Por su parte, la Teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde fue muy crítica con la instrucción de Ángel Hurtado, que sentó al fiscal general en el banquillo de los acusados. Calificó la investigación de “poco comprensible” y puso en cuestión también el informe de la UCO que apuntaló su procesamiento. Dijo que no se podía considerar como prueba.
Por último, la Abogacía del Estado, que es la defensa de García Ortiz, pidió su absolución y defendió que no pudo ser el filtrador: “Es inocente de todo lo que se está diciendo aquí, se ha criminalizado una actividad institucional de dación de cuentas y de emisión de un comunicado oficial de una institución para salir al paso de información que ponía en cuestión a la institución, a los fiscales y al fiscal general del Estado”, sentenció Juan Ignacio Ocio.
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