Y llegó la hora de Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo acoge una imagen insólita este miércoles, con hora todavía sin definir, aunque el juicio arranca a las diez. El fiscal general declarará como acusado de un delito de revelación de secretos. Las acusaciones piden una condena de entre tres hasta seis años de prisión, su inhabilitación y una indemnización a Alberto González Amador, el querellante y pareja de Isabel Díaz Ayuso. En su última declaración, solo contestó a su defensa representada por la Abogacía del Estado y defendió su inocencia.
Hasta ahora, las declaraciones del juicio oral no han aportado mucha más información que lo ya acreditado en la instrucción que llevó al juez Ángel Hurtado y a otros dos magistrados de la Sala de Apelaciones a determinar que existían indicios suficientes para pensar que el fiscal general filtró el correo enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de la pareja de Ayuso al fiscal de delitos económicos en el que se reconocían delitos y se proponía alcanzar un pacto de conformidad.
Estos magistrados consideraron suficientes los indicios para procesar a García Ortiz. Hurtado consideró que, la noche del 13 de marzo de 2024, el fiscal general se inmiscuyó en un intercambio “frenético” de mensajes para conseguir la cadena de correos electrónicos entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, con el objetivo de “ganar el relato” y con “indicaciones de Moncloa”.
Argumentos que ratificaron dos magistrados de la Sala de Apelaciones, después de que el fiscal general recurriera su procesamiento. Consideraron que la difusión del correo electrónico “contenía información reservada y que no debía publicarse, y su posterior inclusión en la nota informativa publicada en la mañana siguiente fue una actuación coordinada e impulsada personalmente por el Fiscal General del Estado, quien había reclamado el correo dos horas antes de su publicación con objeto de su difusión”. Bajo su criterio “no se puede revelar un dato confidencial para rebatir un hecho que se considera incierto”.
La Sala de Apelación también puso el acento en el borrado del móvil del fiscal general justo el día que el juez instructor abrió causa contra él: “Es de común experiencia que un borrado de datos se hace de elementos que puedan resultar desfavorables”.
Si bien, un tercer magistrado de la Sala de Apelación, Andrés Palomo, defendió la inocencia del fiscal general y puso el acento a la veintena de personas que tuvieron acceso a la cadena de correos electrónicos días antes de la filtración y que esas “múltiples fuentes jurídicas” pudieron ser las que pasaron la información a la prensa. Además, consideró que la nota informativa no contenía información “indebidamente revelada”.
Este argumento es el que han certificado los periodistas que han declarado como testigos a lo largo de estas dos últimas semanas en el juicio oral. Todos se han acogido a su derecho constitucional a no revelar sus fuentes, pero han precisado ante el tribunal que conocieron el contenido del correo electrónico antes que lo supiera el fiscal general por lo que no fue el su fuente ni su filtrador.
En concreto, el periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos dijo este martes que tuvo acceso al correo electrónico a las dos de la tarde, horas antes de que llegara al fiscal general y que su fuente no le dejó usar la información hasta que salió la noticia tergiversada de El Mundo. Negó categóricamente que fuera el fiscal general el filtrador porque precisó que ni si quiera logró hablar con él esa noche porque no le cogió las llamadas.
No obstante, a lo largo de las jornadas, ha habido testimonios que han puesto el foco en García Ortiz como filtrador. La fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, indicó que los sospechó desde la misma noche: “Creo que no le di ni los buenos días, le dije ¿Has filtrado los correos?”, le espetó. A lo que García Ortiz le contestó: “Eso ahora no importa”.
Además, en la jornada de juicio de este martes, la mentada nota de prensa volvió a protagonizar el objeto del juicio. La publicación de la circular quedó fuera del objeto de la investigación. Pero la declaración del decano del Ilustre Colegio de Abogados, Eugenio Ribón, subrayó que en ella se violó el derecho a la defensa: “Sin confidencialidad no es posible una defensa libre”, manifestó.
En este sentido, el querellante Alberto González Amador, también se quejó de que se había violado el derecho a su defensa y que la publicidad que dio el fiscal general a sus problemas fiscales “le habían destrozado la vida” y habían frustrado cualquier pacto de conformidad.
Si el tribunal acabara considerando la nota de prensa material delictivo, el fiscal general tendría difícil escapar del banquillo porque él mismo ha reconocido y defendido su autoría para “desmentir un bulo”.
Por último, falta por escuchar a los agentes de la Guardia Civil protagonistas de la investigación. Tal y como publicó este periódico la declaración de estos agentes este miércoles va a ser crucial en el desenlace del juicio porque podrán “ratificar y dar más detalles” de lo hallado en los dispositivos, según las fuentes del caso consultadas por Artículo14. “Nuevos indicios”, afirman. Los agentes también podrán constatar el borrado del móvil del fiscal general el 16 de octubre de 2024, justo el día que el juez instructor Ángel Hurtado abrió causa contra él.