En el Ministerio de Defensa, el cierre de año nunca es tranquilo. Es práctica habitual ir negociando los programas a lo largo del ejercicio y formalizar las adjudicaciones en la recta final. Pero este 2025 ha batido récords y ha obligado a trabajar contrarreloj a la Dirección General de Adquisiciones de Armamento y Material (DGAM). Un área dependiente de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, que, con el mismo personal, ha tenido que gestionar en el último trimestre del año la adjudicación y formalización de casi 27.500 millones de euros en contratos para cumplir con la OTAN.
Y lo ocurrido ayer es un reflejo de cómo el Gobierno ha apurado hasta prácticamente el último minuto. El 30 de diciembre de 2025 quedará marcado como un hito en el Ministerio de Defensa: en poco menos de 12 horas, la DGAM formalizó inversiones por más de 17.710 millones. Un día antes, se ratificaron otros 3.000 millones. Es decir, en dos días el Departamento de Margarita Robles ha rubricado casi 21.000 millones en contratos.
Plazos ‘in extremis’
En este montante de 20.679 millones se incluyen los grandes Programas Especiales de Modernización (PEM) valorados en más de 10.000 millones. Para las empresas adjudicatarias, destacan Indra, Airbus, EM&E y Navantia, la formalización de los contratos supone cerrar el año con éxito. La firma del contrato garantiza una carga de trabajo para los próximos años -entre cinco y diez, en función del PEM- sin precedentes.
Para llegar a este hito, tanto el Ministerio como las empresas adjudicatarias han trabajado horas extras para cumplir los plazos. Los programas de modernización se han ido trabajando de la mano con la DGAM y con el Ministerio de Industria, encargado de conceder la prefinanciación. Un ejemplo del reto que ambas partes han enfrentado dada la complejidad de los programas es que, en algunas ocasiones, las empresas han tenido que solicitar ampliaciones de los plazo.
Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), adjudicatarias en UTE del suministro del sistema de Artillería autopropulsada (ATP) sobre cadenas y sobre ruedas, valorados en 3.763,63 millones y en 2.219,8 millones sin impuestos, respectivamente, solicitaron el 28 de noviembre ampliar los plazos para entregar su oferta “por razones de complejidad en la valoración de los pliegos y la preparación de la oferta“. El Ministerio concedió la ampliación hasta 10 de diciembre. Anteriormente, lo hicieron también para el programa del vehículo lanzapuentes, cuyo contrato está estimado en 315,7 millones.
Pendientes del Plan Industrial
Una vez que se han formalizado los contratos para los PEM, queda pendiente que los grandes adjudicatarios desvelen el alcance de su Plan Industrial y cómo estos programas van a impactar en el resto de la cadena de valor del sector nacional. Como paso previo a la formalización de los contratos, las empresas tuvieron que presentar los detalles de su plan industrial al Mando de Apoyo Logístico (MALE). Esta unidad es la responsable en el ámbito del Ejército de Tierra del suministro de material y depende funcionalmente de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), encargada de la formalización del contrato.
De momento, el Ministerio de Defensa no ha dado publicidad, en la formalización de los contratos, a este detalle, que resulta de gran interés para los potenciales proveedores. Especialmente, en contratos como el de los sistema de artillería autopropulsada, que han generado tensión interministerial y en el propio sector. De momento, según avanzó Artículo14, GDELS-Santa Bárbara y SAPA habrían quedado excluidas como suministradores.
Ambas son socios de Indra en TESS Defence, el consorcio encargado de la fabricación del nuevo vehículo de combate sobre ruedas (VCR) 8×8 Dragón para el Ejército de Tierra. Precisamente, el Ministerio de Defensa ha recibido esta semana en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 41 unidades de este blindado.
“Este año llegamos al 2%”
El Ministerio de Defensa también ha formalizado con el grupo aeronáutico europeo Airbus contratos por más de 6.000 millones en estos dos días. Ayer, ratificó la adquisición de helicópteros NH90 con apoyo logístico inicial por 1.785 millones de euros. Se suma el contrato para la compra de 50 helicópteros ligeros por 1.975 millones y el nuevo avión de entrenamiento que sustituirá al F5 por 3.120 millones.
Esta carrera de Margarita Robles por formalizar los contratos antes de las campanadas de fin de año tiene un objetivo claro: cumplir con el 2% del PIB de inversión en defensa. Y según aseguró la propia ministra, la mesa se alcanzará. “Este año sí llegamos al 2%”, afirmó el pasado 29 de diciembre en una entrevista en TVE.