Con la espada de Damocles de la OTAN, que exige un gasto en seguridad y defensa de, al menos, un 2% del PIB, el Gobierno acelera los compromisos de gasto en la recta final del año. En los últimos tres meses, el Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Defensa un gasto de casi 27.500 millones de euros (27.414,15 millones). Técnicamente, el gabinete acuerda autorizar al Ministerio que dirige Margarita Robles a “celebrar” acuerdos de suministro o adquisición por este importe. En este montante se incluyen más de 10.000 millones adjudicados a Indra, Airbus, EM&E y Navantia dentro de los Programas Especiales de Modernización (PEM) de las capacidades de seguridad y defensa.
Tras esta autorización, Defensa tiene que formalizar estos contratos con las empresas adjudicatarias. Este trámite es la garantía que necesitan las empresas para empezar a trabajar en los proyectos. Y este es el gran desafío que enfrentan Margarita Robles y Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, hasta el próximo 31 de diciembre. La firma de alrededor de un centenar de contratos o acuerdos marcos, con una alta complejidad técnica. Fuentes sectoriales consultadas por Artículo14 advierten de la dificultad para llegar a tiempo.
Programas Especiales de Modernización
En el caso de los PEM, a los que el Gobierno ha dotado de financiación previa a través de préstamos a tipo 0% del Ministerio de Industria, las empresas adjudicatarias deben justificar los hitos acordados para liberar los fondos. De ahí, la importancia de formalizar los contratos. Por su parte, fuentes del Ministerio confirmaron que el Consejo de Ministros ha autorizado ya todos los programas de modernización y que su objetivo es que “todos puedan firmarse antes de final de año”. Esta meta corresponde al almirante Aniceto Rosique, al frente de la Dirección General de Armamento Militar (DGAM).
Los programas especiales de modernización forman parte del gasto extra de 10.471 millones aprobado en abril por el Ejecutivo. Sobre el total del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, el cómputo de gasto asociado a los programas de modernización es solo una parte. Se prevén algo más de 3.300 millones, porque solo se contabiliza el gasto previsto en 2025. Por ejemplo, los obuses autopropulsados de ruedas y cadenas adjudicados a Indra y EM&E con un presupuesto total de más de 6.736,19 millones -según aprobó el Consejo de Ministros el pasado 25 de noviembre-, tienen asignados 300 millones en 2025. Aunque este importe representa solo 4,45% del total de este proyecto, si no se firma el contrato completo antes del 31 de diciembre no puede iniciarse su ejecución formal.
Indra, Navantia, Airbus y EM&E, pendientes
La estrategia del Gobierno ha sido concentrar los megacontratos de los programas de modernización sin licitación en cuatro empresas: Indra y EM&E, en el ámbito terrestre; Airbus, en el aéreo; y Navantia, en la marítima. Esta centralización facilita la interlocución y puede ser un elemento a favor. Como recuerda un experto del sector, para ser beneficiarios de las prefinanciaciones de Industria, Defensa y las empresas ya tienen muy avanzados los proyectos. En este sentido, el sector está pendiente de la información pública. Se trata de conocer qué empresas serán los proveedores en estos megaproyectos. La apuesta del Ejecutivo por la industria nacional ha dejado fuera a grandes jugadores europeos y americanos.
Junto a los programas de modernización, el incremento de las partidas de Defensa incluían, entre otras, una mejora de las condiciones labores de las Fuerzas Armadas. Específicamente, prevé un alza de las retribuciones del personal y más efectivos por 679 millones. Tal y como avanzó Artículo14, el Gobierno aprobó una subida lineal de 200 euros con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Para las organizaciones profesionales es insuficiente. A mediados de este mes, está previsto el Segundo Pleno Extraordinario de Retribuciones, donde las asociaciones esperan tener información detallada del destino de estos recursos.
¿Cumplirá España con el 2% que pide la OTAN?
Para cumplir el 2% que exige la OTAN, España debe invertir más de 33.000 millones en 2025 en defensa y seguridad. Sin embargo, cuando faltan 30 días para que finalice el año, el Gobierno no ha dado detalles del grado de cumplimiento. Una dificultad añadida es la diversidad de metodologías para su cuantificación, ya que conviven entre sí la contabilidad nacional, la ejecución presupuestaria y la propia metodología de la OTAN, como explica a Artículo14 Miguel Ángel González, economista de Funcas. Según indica González, las partidas para la Guardia Civil o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no computan como gasto en defensa en los Presupuestos Generales del Estado, pero sí son válidas a efectos de la OTAN.
La ejecución presupuestaria, a septiembre de 2025, refleja pagos del Estado en inversiones reales por 6.460 millones, un 8,5% más que en 2024. Son inversiones en todos los ámbitos, no únicamente defensa. La Intervención General de la Administración del Estado (IAGE) destaca que el alza -608,67 millones- corresponde a los programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas, compensados por menores desembolsos en misiones exteriores. Se refleja además un pago al CDTI por 100 millones a empresas del sector de defensa. “Salvo estos comentarios puntuales no podemos comparar directamente la ejecución presupuestaria con el Plan de 10.500 millones”, admite González.
Aviso de la AIReF
Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) refleja en un análisis sobre el gasto específico en defensa, la concesión de préstamos por 13.344 millones del Ministerio de Industria, de los cuales 3.997 millones corresponden a 2025. Añade que durante el año los datos de ejecución presupuestaria van reflejando un análisis de los créditos iniciales y de las obligaciones reconocidas netas. Pero advierte de que el seguimiento de la implementación del Plan presenta importantes limitaciones.
En cuanto a los PEM, según la AIReF, es imprescindible contar con información adicional que permita distinguir si el gasto corresponde a anualidades de inversión ya comprometidas o a gasto
financiero derivado de la prefinanciación concedida por el Ministerio de Industria. Desde el punto de vista de contabilidad, la institución pide conocer los plazos de entrega, para prever cuándo se imputará el gasto al déficit público. Esta es precisamente, una información que deben reflejar los contratos pendientes de ratificación. El desafío que encaran antes de la campanadas de Fin de Año Margarita Robles y su equipo.