Con el reloj en contra para llegar a tiempo antes del 31 de diciembre a la formalización de los contratos de defensa, Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) han diseñado el plan industrial que permitirá formalizar su mayor adjudicación: el suministro del sistema de artillería autopropulsada de cadenas valorado en 4.516,36 millones. Ambas empresas llevan meses trabajando con el Ejército de Tierra para perfilar los hitos del plan industrial, que condicionarán el acceso a una financiación al 0% por 1.821 millones, así como quiénes serán sus proveedores en dicho proyecto.
Y, según informan a Artículo14 fuentes conocedoras, GDELS-Santa Bárbara y SAPA habrían quedado excluidas como suministradores. Ambas son socios de Indra en TESS Defence, el consorcio encargado de la fabricación del nuevo vehículo de combate sobre ruedas (VCR) 8 x8 Dragón para el Ejército de Tierra. En concreto, según las mismas fuentes, Indra y EM&E tienen previsto presentar los detalles de su plan industrial al Mando de Apoyo Logístico (MALE). Esta unidad es la responsable en el ámbito del Ejército de Tierra del suministro de material y depende funcionalmente de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), que previsiblemente será la encargada de formalizar el contrato.
Tensión intergubernamental
El alcance que finalmente decida dar el Ministerio de Defensa a la publicidad del contrato permitirá conocer -o no- el detalle de quiénes serán los compañeros de viaje elegidos por Indra y EM&E para su mayor proyecto dentro de los planes especiales de modernización (PEM) de defensa. Cabe recordar que los contratos asociados a estos programas se adjudicaron de manera directa, sin licitación, a través “de la fórmula 346”. Una medida prevista en el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) que permite a los países adoptar medidas para proteger los intereses esenciales de su seguridad nacional. Su aplicación causó ya el pasado verano importantes tensiones interministeriales entre Defensa e Industria y habría roto también los puentes entre La Moncloa e Indra, como así informó este medio.
En las últimas semanas, parte del Gobierno ha dejado patente públicamente su receptividad a las capacidades industriales de GDELS-Santa Bárbara y SAPA. El pasado 22 de octubre, Jordi Hereu recibió al presidente de GDELS, Antonio Bueno, y al director general de Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page. En la reunión, difundida por el Ministerio de Industria, se abordó su plan industrial en España. Poco después, el 3 de noviembre, Pedro Sánchez mantuvo un encuentro con el consejero delegado y el vicepresidente de SAPA, Jokin Aperribay e Ibon Aperribay, respectivamente, para analizar las inversiones y proyectos de la empresa de seguridad y defensa en España, Europa y Estados Unidos.
He analizado hoy con el consejero delegado de SAPA sus planes de expansión para España, resto de Europa y Estados Unidos.
Trabajamos para consolidar el liderazgo de nuestra industria en ámbitos tecnológicos de la seguridad y defensa. pic.twitter.com/9omN6O1oaZ
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 3, 2025
“Españolidad al 100%”
Mientras se formaliza el plan industrial, que, según recuerdan fuentes próximas a la UTE, hasta su ratificación no puede considerarse cerrado y que, incluso durante toda la vida del proyecto, es un documento vivo, la preocupación del Ministerio de Defensa es que los coordinadores de estos megacontratos traccionen al resto de la industria nacional. Indra y EM&E ya dejaron claras sus intenciones en el desarrollo del contrato para la fabricación de los 32 lanzapuentes al señalar que apostarán por una fabricación y un diseño 100% españoles, según informaron a Europa Press fuentes de la empresa que preside Ángel Escribano. En este caso, enfatizaron que dado que solo dos empresas alemanas fabrican este tipo de vehículos, la opción que se baraja es que las firmas españolas adquieran experiencia.
Con este antecedente, la intención de excluir a GDELS-Santa Bárbara del mayor contrato del ejército de tierra se justificaría en la misma filosofía: la “españolidad al 100%”. Bajo este argumento, GDELS-Santa Bárbara juega con un factor en su contra, como filial europea de la compañía estadounidense General Dynamics Land Systems, a pesar de que cuenta con una sede social en España y centros de fabricación en el país. A su vez, General Dynamics mantiene una alianza estratégica con SAPA Transmission, la filial norteamericana del Grupo SAPA, cuyo alcance ampliaron a mediados de octubre.
Impacto nacional
En los Premios @TedaeEs 2025, la #SEDEF @AmparoValcarce1 pone en valor la excelencia, la innovación y la cohesión social de nuestra #IndustriaDeDefensa.
Felicidades a los premiados, reflejo del compromiso que impulsa el desarrollo de España. pic.twitter.com/qnZtuYoqCw
— Ministerio Defensa (@Defensagob) December 9, 2025
En la industria de defensa un elemento clave es la propiedad intelectual de la tecnología. Si no se transfiere -lo que no es habitual dado que es precisamente el valor añadido de los fabricantes- se obligaría a seguir manteniendo una dependencia de terceros, cuando lo que se busca tanto desde la Unión Europa como desde el Gobierno es la autonomía estratégica, recuerdan las mismas fuentes.
Los planes de modernización impulsados por el Ejecutivo están orientados en este sentido. La formalización del contrato para los obuses autopropulsados de cadenas se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 25 de noviembre, con una duración hasta 2034. En esa reunión, también se aprobó uno equivalente para los obuses sobre ruedas, que también desarrollará una UTE entre Indra y Escribano con un valor de 2.219,83 millones. Ambas empresas han captado más de 7.360 millones, pues además de los obuses de cadenas y de ruedas y los vehículos lanzapuentes, desarrollarán un sistema de protección anfibia y un programa de sistemas contra drones (UAS).