Los tiempos en la construcción del puente entre La Moncloa e Indra podría dilatarse, a tenor de la información recibida en este medio a través de fuentes de Defensa y de Industria. Y es que funcionarios de ambos ministerios se niegan a firmar para la empresa pública presidida por Ángel Escribano 21 de los 31 programas que integran el ambicioso plan de modernización del Gobierno para cumplir con el 2,1% del gasto, y que prevé una inversión aproximada de 34.000 millones de euros.
Esto supondría que, por primera vez, no se pueda llevar a cabo una adjudicación directa de los programas a través “de la fórmula 346”. Esta fórmula se refiere al artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite a los Estados miembros de la UE adoptar las medidas necesarias para proteger los intereses esenciales de su seguridad nacional. Y así, excluir firmas militares mediante contratación pública en aras del interés del país. Este artículo se elaboró para que los países integrantes en la UE pudieran mantener su autonomía en materia de defensa y apostar por compañías nacionales.
La urgencia porque los países pertenecientes a la OTAN se rearmen ante la ofensiva rusa y la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE UU ha puesto el foco en Indra a nivel nacional. No obstante, según estas fuentes, los trabajadores públicos consideran que tanto Indra como Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) -a su vez el segundo mayor accionista de la primera- “no acreditan las capacidades y experiencia en solitario para obtener la adjudicación directa”. En su opinión, todos los programas tendrían que ir a concurso y peligraría el objetivo de cumplir el 2,1% comprometido.
Reparto de responsabilidades
En cuanto al reparto de responsabilidades en estas adjudicaciones, dentro del Ejecutivo se pasan la pelota. Mientras que desde La Moncloa se culpa a la SEDEF -Secretaría de Estado de Defensa- de la situación, el órgano superior del Ministerio de Defensa sostiene que sigue instrucciones de Presidencia, orquestadas por la mano derecha de Pedro Sánchez, Manuel de la Rocha. Es quien dirige los Asuntos Económicos en el Gabinete.
Presión entre las empresas de Defensa
Según informan las mismas fuentes, empresas del sector de la defensa y la seguridad estarían recibiendo presiones para convertirse en proveedores de Indra y no descartan que en el futuro esta situación pudiera terminar judicializada. En este sentido, las firmas del sector advierten de la dificultad de pasar a ser suministradores de un competidor, como Indra o Escribano, ya que incurrirían con sus accionistas en administración desleal al ser los propietarios intelectuales de la tecnología.
Campeón nacional de la defensa
Esta situación responde al objetivo del Gobierno de impulsar el crecimiento de Indra para contar con un campeón nacional de defensa y seguridad. A través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Ejecutivo controla el 28% del capital y cuenta con tres miembros en su consejo de administración. De hecho, es uno de los accionistas que apoyaría la fusión entre Indra e EM&E, propiedad de los hermanos Ángel -a su vez presidente de Indra- y Javier Escribano. Esta operación está ahora en manos de una comisión de consejeros independientes, tras un agrio consejo de administración el pasado 9 de julio.
No es la única opción. Indra acaba de comprar El Tallerón de Duro Felguera en Asturias y conseguir 385 millones de financiación del BEI para impulsar su I+D. A su vez, puja por los vehículos militares de IVECO y analiza otras opciones corporativas. Esta búsqueda de Indra por ampliar sus capacidades responde a la misión que se autoimpuesto de ser la cabeza tractora de la industria nacional. Esta filosofía quedó patente el pasado junio, cuando Indra montó su propia Feindef en su sede de Alcobendas y congregó a más de 150 empresas.
Allí trató de convencer a los actores de la industria nacional de la coyuntura irrepetible y de la necesaria “cooperación para desarrollar tecnologías punteras, con relaciones a largo plazo”. Sin embargo, según la información recibida por este medio, tanto Indra como Escribano estarían presionando a otros actores incluso para que les vendan sus empresas. “Hay un gran malestar dentro del sector por las formas”, apostillan estas fuentes.
Contratos negociados sin publicidad
En el sector de la defensa, un amplio dominio de tecnologías y capacidades facilita el poder optar a un mayor número de contratos. Desde 2018, la Secretaria de Estado de Defensa, liderada por Amparo Valcarce, asigna los grandes proyectos sin concurso público. Toda la gestión de los contratos corresponde a la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material (DGAM), organismo que ha adjudicado por el procedimiento de “negociación sin publicidad” los dos pedidos más importantes del ejército español: los lanzacohetes SILAM (576 millones) y los misiles contra carro SPIKE LR2 (235 millones). Ambos ya adjudicados, no se han formalizado por la participación de empresas israelís.
Dada la reciente aprobación de los nuevos programas de defensa, los 31 contratos ligados a estos no figuran aún en el portal de contratación pública. En lo que va de año, se están realizando contratos menores. Pero en incluso en estos se opta por no realizar concurso abierto, sino mantener la fórmula de la negociación sin publicidad. La pugna por los grandes proyectos está a punto de comenzar y tanto Indra como EM&E quieren tener bien posicionadas sus cartas.