Esta semana acaba el plazo concedido por la Audiencia Nacional para que el PSOE entregue todos los pagos en efectivo “realizados durante el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2024” con independencia del destinatario. Es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos”.
Con esta información, el juez Ismael Moreno encargará a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil un informe que busque posibles irregularidades en estos pagos para luego decidir si es oportuno abrir una investigación penal al PSOE como persona jurídica. Casi con toda probabilidad, esto se desarrollará en una pieza separada secreta para evitar filtraciones sobre datos particulares que han recibido ese dinero en efectivo, según fuentes del caso.
El equipo jurídico del PSOE consideró “prospectiva” la solicitud porque “extiende la investigación a personas y hechos sobre las que no recae sospecha alguna”, pero para el juez esa información es relevante para aclarar los descuadres reseñados por la UCO en uno de los informes del caso Koldo, que se instruye en el Tribunal Supremo.
Tras la publicación de dicho informe, el partido amplió la documentación aportada. El PSOE intentó explicar que Koldo García no solo recogía el dinero en efectivo que le pertenecía a él y a José Luis Ábalos sino que también “es posible” que hubiera tenido “alguna intervención” en la gestión del dinero que iba destinado al equipo de la Secretaría de Organización del partido.
La duda del juez del Supremo sigue siendo quiénes eran esas “personas indeterminadas” ya que la testifical de la secretaria del partido tampoco supo aclarar tal extremo. Celia Rodríguez, la persona que entregaba los sobres a Koldo García, se limitó a decir que “suponía que lo distribuía entre los trabajadores”.
“Tampoco quedó explicado, de manera suficiente, quien era la persona, y cuál el procedimiento, que comprobaba, en su caso, las facturas presentadas por quienes, en su ámbito de actuación vinculada al partido, obtenían compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones”, aseveró Leopoldo Puente, que tildó de “descontrol” toda la gestión del PSOE ya que “tampoco se comprobaba, antes de proceder a la entrega del dinero en metálico si, al menos, la persona que reclamaba la devolución de los pretendidos gastos era, efectivamente, quien, conforme a los tickets o facturas aportadas, los había realizado”.
Por todo ello, el juez apuntó incluso a un posible delito de blanqueo de capitales por parte de cargos socialistas. Insinuó que era posible que los trabajadores adelantaran gastos con dinero procedente de actividades ilícitas y después fueran a reclamar los abonos al partido recibiendo dinero legal a cambio. Puso también de relieve las declaraciones del empresario investigado Víctor de Aldama, que dijo en sede judicial que “buena parte de las cantidades que el primero le entregaba en metálico tenían por destinatario al partido”. Y también la testifical de Carmen Pano, que aseguró haber llevado en dos ocasiones dinero en bolsas a la sede el partido en la calle madrileña de Ferraz.
Con todo, el Supremo remitió esta investigación a la Audiencia Nacional donde ahora el juez Ismael Moreno trata de aclarar tales extremos porque “no quedó suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el Partido Socialista Obrero Español dispondría en su propia sede para hacer frente con ella a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios; que esta forma de pago no era infrecuente”, insistió Moreno en su último auto.
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