El Gobierno censura que el juez instructor del caso Koldo manifieste “estupor” porque José Luis Ábalos siga en posesión de su escaño. El PSOE lo reta incluso a presentarse a unas elecciones, mientras pone en duda que Santos Cerdán siga en prisión provisional desde junio sin que el magistrado Leopoldo Puente haya ordenado siquiera un registro.
Pedro Sánchez, sus ministros y su partido han criticado en varias ocasiones otras instrucciones; en particular la del juez Juan Carlos Peinado, al frente de las causas judiciales de Begoña Gómez, esposa del presidente. Rebajando decibelios, han cuestionado también la investigación del magistrado Ángel Hurtado al fiscal general del Estado, que ha desembocado en que Álvaro García Ortiz vaya a sentarse en el banquillo de los acusados en escasos días.
O han deslizado que la causa instruida por la jueza Beatriz Biedma contra el hermano del presidente, David Sánchez, únicamente se explica por la relación de parentesco entre el músico y el inquilino de La Moncloa. Pero, en lo que toca al caso Koldo, por el que están siendo investigados dos exnúmeros tres del PSOE (Santos Cerdán y José Luis Ábalos), y el propio Koldo García, exasesor de Ábalos en el ministerio de Transportes, se habían cuidado de cuestionar al instructor. Hasta ahora.
Fuentes del PSOE critican que Cerdán, que fue secretario de Organización de su partido hasta que se conoció el informe de la UCO que dinamitó su carrera, en junio, haya pasado “tres meses en prisión” y no se hayan conocido nuevos datos que le incriminen. El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil supuso un terremoto y llevó a Sánchez a exigir el acta de Cerdán en cuestión de horas.
“No lo entiendo”
Por su parte, fuentes del Gobierno consideran “curioso” que Cerdán lleve desde junio en prisión provisional -sus recursos para abandonar Soto del Real han sido rechazados-, sin que hayan encontrado “nada” que refuerce que efectivamente tuvo un rol de peso en la causa. “Tendrán sospechas de algo”, aunque no sea público, abunda el interlocutor en cuestión. Si no, “no lo entiendo”.
El exnúmero tres y exnegociador con Carles Puigdemont fuera de España está proscrito en el PSOE, pero hay dirigentes que muestran extrañeza porque el juez del Tribunal Supremo no haya ordenado un registro del domicilio de Cerdán. La UCO sólo entró en Ferraz a copiar el contenido de su correo corporativo, y esa imagen ya fue difícil de digerir para los socialista. Era mucho más temida la fotografía de la Guardia Civil entrando a registrar las dependencias que en su día pertenecieron a Cerdán en su sede. No se ha producido.
Destacan, además, que no se han conocido nuevos avances en la investigación que permitan reforzar las acusaciones contra el exsecretario de Organización, al que la Guardia Civil atribuyó en junio la gestión de 621.000 euros en mordidas a cambio de facilitar adjudicaciones de contratos públicos.
Si bien la estrategia de defensa del exnúmero tres socialista pasa por negarlo todo, en el PSOE nunca se han puesto en duda las acusaciones sobre Cerdán. El informe fue demoledor, y nadie ha sugerido que la investigación de Puente esté contaminada por sus propios intereses.
Cuando se filtraron algunas de las grabaciones del exsecretario de Organización, transcritas en los informes de la UCO, él dijo no reconocerse en ellas. En el Ejecutivo y en su formación sí le reconocieron. E, incluso ahora, miden con cuidado sus valoraciones sobre la actuación del instructor o sobre aspectos concretos de la causa.
Montero replica a Puente: “Cada poder debe intervenir en su ámbito”
Igual que han intentado desmontar algunas informaciones periodísticas o imágenes supuestamente relacionadas con la causa, o han criticado que el empresario Víctor de Aldama -con otro caso abierto en los tribunales- siga en libertad, no han disparado contra la instrucción de Puente.
Pero sí les ha enfadado, hasta exteriorizarlo, el auto en el que el magistrado mantiene las cautelares impuestas a Ábalos -sin mandarlo a prisión-. El mismo en el que muestra su “estupor” porque siga siendo diputado, “ante tan consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos”. Y que sugiere una reforma del Reglamento del Congreso para impedir que, ante una situación similar, el investigado pueda mantener su escaño.
“El Congreso es independiente”, reprocharon este jueves fuentes del Ejecutivo. “Cada poder debe intervenir en su ámbito”, afirmó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desde los pasillos de la Cámara Baja. No quiso ir más allá.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró en la misma mañana que, si el PSOE pudiera decidir sobre el acta de Ábalos, “no sería hoy diputado”. “Si fuera la organización la que tuviera posibilidad de decidir si sigue o no con el acta, esto estaría muy claro. Ábalos no sería hoy diputado si del PSOE dependiera”, aseguró en una entrevista en Onda Cero. De hecho, en su día le exigieron que renunciara al escaño, sin éxito.
Entre las voces del PSOE, sin embargo, fueron más explícitos que en el Ejecutivo. El vicepresidente primero del Congreso y dirigente socialista, Alfonso Gómez de Celis, recomendó al magistrado del Supremo que se presentase a las elecciones, para así poder “vehicular” sus inquietudes. Y el portavoz parlamentario, Patxi López, le afeó que valorase las normas, en lugar de ceñirse únicamente a aplicarlas: “Todo el mundo que respeta la separación de poderes sabe que los jueces aplican las leyes y no necesitamos que opinen sobre ellas”, espetó.
El miércoles, cuando se conoció el auto, desde la Presidencia del Congreso también mostraron su incomodidad con la resolución de Puente. Y le recordaron que su papel “no es opinar sobre las leyes”. Más allá de afear esta reflexión del magistrado, o de sugerir que debe tener información que aún no es pública para sostener la decisión de mantener Cerdán entre rejas, en el PSOE evitan cuestionar el fondo de la instrucción. Como no han hecho ante el resto de frentes judiciales abiertos.