El fiscal Julián Salto, que investigó a Alberto González Amador -el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– en la causa por delitos fiscales, ha sostenido que la orden de sus superiores para que informara de este asunto fue “legal”, aunque ha admitido que no le pareció que el caso tuviera “enjundia” porque era “un fraude más”.
Así se ha manifestado en su declaración como testigo durante el juicio en el Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración a la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024 de un correo electrónico enviado el 2 de febrero de ese año por la defensa de González Amador a la Fiscalía para buscar un pacto con el que eludiera la cárcel.
Salto se ha mostrado seguro de que fue “una orden legal”, por cuanto se trataba de un asunto de relevancia mediática, si bien ha admitido que, al principio, el 7 de marzo, cuando por primera vez sus superiores le pidieron que les informara, enviando una serie de documentación sobre la causa contra González Amador, no le pareció “un asunto de mucha enjundia” porque “parecía un fraude fiscal más”.
De hecho, ha detallado que al día siguiente se dirigió a su jefa en la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, Virna Alonso, preguntando “a qué viene ese interés”. Entonces, le explicaron que el administrador de la empresa investigada tenía “una relación sentimental” con Díaz Ayuso. “Yo lo desconocía”, ha contestado.
Interrogado directamente sobre si le dieron instrucciones para no llegar al acuerdo que se estaba ofreciendo la defensa de González Amador, ha respondido tajante: “Nadie me ha dado una indicación” de que no se pudiese llegar a una conformidad.
Sobre las informaciones que se publicaron la noche del 13 de marzo en ese sentido, ha dicho que “no solo es mentira”, sino que “es una campaña de desinformación de 20 meses”.
Además, ha querido precisar que nunca ha tomado la iniciativa de pactar. “En ningun asunto, en mis 20 años de carrera profesional, he escrito o me he puesto en contacto con la defensa de ningun investigado para ofrecer una conformidad”. “No es mi obligación” ni mi deber”, ha zanjado.
Con la misma contundencia, se ha quejado de que sus conversaciones por correo electrónico con Carlos Neira, abogado de González Amador en la causa por fraude fiscal, estuvieran en manos de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso. “Yo pensaba (…) que eran únicamente privados”.
“El fiscal general no puede esperar”
Asimismo, ha puesto de manifiesto que la primera persona que le llamó para preguntarle sobre las negociaciones de conformidad fue, sobre las 21:26 del 13 de marzo, la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, a la que trasladó que estaba en un partido de fútbol en el estadio Metropolitano. Ella le dijo que el asunto podía esperar al día siguiente, ha precisado.
Posteriormente, ha relatado, le contactó la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que primero le dijo que podía esperar a que terminara el partido, pero que después le volvió a llamar: “Tiene que ser ahora porque el fiscal general no puede esperar”.
Así las cosas, ha dicho que, al filo de las 22:00, les reenvió a ambas la cadena de correos electrónicos con Neira y que, tras ello, volvió a llamar a Lastra por teléfono para quejarse de que sus dos superiores le estaban dando “órdenes contradictorias”.