Tras un año de instrucción, con gran parte de la carrera fiscal en contra de su continuidad y con una defensa férrea de su inocencia, Álvaro García Ortiz se enfrenta a un juicio oral en el Supremo, que lo procesa por un delito de revelación de secretos. Esto es, por filtrar a la prensa, presuntamente, información fiscal de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La instrucción dirigida por el juez Ángel Hurtado determinó que había indicios suficientes para pensar que el fiscal General del Estado filtró a la prensa un correo del 2 de febrero de 2024 intercambiado entre Carlos Neira, abogado de Amador, y Julián Salto, el fiscal de delitos económicos que llevaba el caso.
En el mensaje, la defensa de Amador reconocía que había cometido delitos fiscales y mostraba su intención de llegar a un pacto de conformidad con la Fiscalía para reducir la pena. El juez cree que esa información llegó al fiscal general “por razón de su cargo” y “le dio una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó, al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida”.
Resulta que García Ortiz emitió una nota de prensa con el contenido de ese correo, pero lo hizo “para desmentir un bulo”, como siempre ha defendido, y horas después de que algunos medios publicaran ese mensaje. Lo que niega es que enviara el contenido de ese correo antes de la publicación de esa circular de prensa.
Además, la publicación de la nota la motivó una información que filtró inicialmente el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Envió en un grupo de periodistas un mensaje en el que parecía que era la Fiscalía quien estaba ofreciendo ese pacto de conformidad y no al revés, como se demostraba con el contenido del correo objeto de investigación.
La decisión del magistrado Hurtado la avalaron otros dos magistrados en el Alto Tribunal. Concluyeron que todas las pruebas recabadas permitían concluir que la filtración de este correo “que contenía información reservada” fue “una actuación coordinada e impulsada personalmente por el fiscal General del Estado”. Y afeó a García Ortiz que eliminara los mensajes de sus dispositivos: “Tuvo por finalidad ocultar la información ante una posible investigación”, aseveraron.
Si bien, un tercer magistrado, Andrés Palomo, aseguró que la nota de prensa emitida por García Ortiz no contenía “información indebidamente revelada”, ya que los medios habían publicado esa misma información la noche anterior y el primero en filtrar información sobre el asunto había sido Miguel Ángel Rodríguez.
El voto particular de Palomo dio relevancia a la declaración de varios periodistas que aseguraron en el alto tribunal que ellos ya conocían el contenido del mensaje horas o incluso días antes de la primera publicación. “El correo del día 2 había sido filtrado en su contenido e inclusive en ocasiones en copia a diversos medios periodísticos con anterioridad”, concluye este magistrado.
¿Quién acudirá al alto tribunal?
Este lunes comienza la vista oral que se extenderá durante doce días hasta tomar declaración al acusado, al fiscal general del Estado. Aquí una breve descripción de los declarantes clave y lo que dijeron en la fase de instrucción.
Álvaro García Ortiz
El fiscal general negó “rotundamente” en la fase de instrucción que hubiera filtrado el correo electrónico antes de la publicación de la nota de prensa final y que con ella tratara de perjudicar a la pareja de Ayuso. Sostuvo que con la circular la única intención fue desmentir un bulo para preservar el nombre de la Fiscalía.
También argumentó el borrado de su teléfono móvil: “Yo borro todo de forma regular. Los datos de mi terminal son ultra sensibles, no me puedo permitir el lujo abandonar, perder o que lleguen a manos de terceros”, aseveró en el Supremo.
Alberto González Amador
Es la pareja de Isabel Díaz Ayuso procesado por fraude fiscal y falsedad documental y el que interpuso una denuncia contra la Fiscalía por presuntamente haber filtrado su caso a los medios.
En su declaración en el Supremo habló del “destrozo” que le había causado que su caso hubiera saltado a los medios a su parecer por culpa de la Fiscalía. Que él dejó la conformidad en manos de su abogado y no sabía que se había dicho en su nombre que “reconocía delitos”.
Miguel Ángel Rodríguez
El jefe de gabinete de Ayuso se puso en contacto con González Amador cuando saltó a la prensa la primera información sobre el presunto fraude. La pareja de Ayuso le confirmó que era verdad y le pasó el correo electrónico en el que parecía que era la Fiscalía la que ofrecía el pacto de conformidad.
En su testifical reconoció que obtuvo el permiso del propio Amador para pasar a los medios de comunicación esa información tergiversada.
Pilar Rodríguez
Es la fiscal provincial de Madrid. Estuvo imputada en el caso hasta que la Sala de Apelaciones decidió revocar su procesamiento al no ver implicación en la filtración. Aseguró que el correo objeto de investigación llegó a una cuenta de la Fiscalía a la que tienen acceso más de 500 personas, que cualquiera de ellas podría haber pasado la información a los periodistas.
Declaró que ella desconoció el caso hasta que recibió las órdenes de la fiscalía general solicitando información para poder desmontar lo que el jefe de gabinete de Ayuso intentó trasladar a la prensa: que el ministerio público estaba ofreciendo un pacto a Amador.
Cuando terminaron de redactar la nota de prensa, Rodríguez envió a García Ortiz el siguiente mensaje: “Dan ganas de poner un poquito de cianuro”, un mensaje que el juez Hurtado vio suficiente para mantener la imputación de la fiscal de Madrid durante meses.
Almudena Lastra
Es la máxima responsable de la Fiscalía en la Comunidad de Madrid. Se mostró recelosa a que el fiscal general emitiera la nota de prensa. Llegó a decir que preguntó directamente al fiscal si había sido él el filtrador y su respuesta fue: “Eso ahora no es importante”.
En el cruce de mensajes que mantuvo Lastra con García Ortiz y que está en manos del Supremo se vio la prisa que tenía el fiscal general por emitir la nota de prensa: “Hay que sacar la nota. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato”, dijo refiriéndose a que no quería que el gabinete de Ayuso mostrara a la opinión pública que la Fiscalía ofrecía un pacto.
Julián Salto
Fue el fiscal que formuló la denuncia por delitos fiscales contra Alberto González Amador y el destinatario final del correo que escribió su defensa reconociendo delitos fiscales.
En su testifical aseguró también que el correo electrónico fue enviado a un buzón genérico del departamento de delitos económicos de la Fiscalía y que él solo lo consultó cuando se lo reenviaron a su cuenta personal: “Al correo no tengo acceso de hecho, como no tengo acceso desde delitos económicos me lo reenvían a mi correo personal”, evidenciando que antes que el fiscal general, tuvieron acceso muchos trabajadores de la Fiscalía a ese correo.