El caso García Ortiz ha marcado un hito en la historia reciente del poder judicial en España. Por primera vez, un fiscal general del Estado ha sido procesado por un presunto delito de revelación de secretos. A lo largo de quince meses, una sucesión de filtraciones, decisiones institucionales, querellas y declaraciones públicas ha derivado en la apertura de un procedimiento judicial sin precedentes.
Esta es la cronología completa del caso García Ortiz, desde su origen hasta el auto de procesamiento dictado por el Tribunal Supremo.
El inicio del caso González Amador
El caso García Ortiz se origina con la investigación abierta el 23 de enero de 2024 por la Fiscalía Provincial de Madrid a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La denuncia partió de la Agencia Tributaria, que sospechaba delitos de defraudación tributaria y falsedad documental. La Fiscalía Económica asumió el caso.
El 2 de febrero, el abogado de González Amador envió un correo electrónico a la Fiscalía proponiendo un acuerdo de conformidad penal. En dicho correo, el letrado reconocía que su cliente había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública y aceptaba una condena de ocho meses de prisión y una multa superior a los 489.000 euros. La propuesta fue rechazada por el Ministerio Público, que interpuso una denuncia formal.
Las primeras informaciones en prensa
El 12 de marzo, la investigación sobre González Amador salió a la luz. Al día siguiente, el diario El Mundo publicó una información que aludía a un supuesto pacto entre la Fiscalía y la pareja de Ayuso. Posteriormente, otros medios como Cadena SER o El Plural difundieron el contenido completo y cronológicamente ordenado de los correos entre la defensa y el fiscal, señalando que la propuesta había partido del abogado del investigado.
Ese mismo día, 13 de marzo, a las 21:29 horas, según consta en la investigación del caso García Ortiz, el fiscal general del Estado inició gestiones urgentes para recopilar todos los intercambios entre el fiscal del caso, Julián Salto, y la defensa.
La nota de prensa que desató la polémica
El 14 de marzo, ya con los correos en su poder, el gabinete de prensa de la Fiscalía de Madrid emitió una nota de prensa oficial. En ella se incluían detalles sobre los mensajes entre el letrado de González Amador y el fiscal instructor. El objetivo, según defendió García Ortiz más tarde, era desmentir versiones erróneas y recuperar el relato institucional.
La publicación de esta nota es uno de los momentos centrales en el desarrollo del caso García Ortiz. La fiscal superior de Madrid, Adriana Lastra, expresó reservas sobre la idoneidad de airear esa información. Pero García Ortiz insistió: “Si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato”.
La querella de González Amador y el inicio judicial del caso García Ortiz
El 3 de abril, Alberto González Amador presentó una querella contra la fiscal jefe Pilar Rodríguez por revelación de secretos. Consideró que la nota difundida contenía información confidencial. El escrito argumentaba que su exposición pública solo se explicaba por su relación sentimental con la presidenta madrileña.
Esta querella se convirtió en el punto de partida judicial del caso García Ortiz. Pese a que la nota ya recogía información publicada en medios de comunicación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró pertinente iniciar una investigación para analizar si se habían vulnerado derechos fundamentales.
El seguimiento mediático y el foco en Moncloa
El caso García Ortiz escaló en el ámbito político cuando trascendió que el entonces líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, había registrado ante notario mensajes del 14 de marzo relacionados con los correos. En ellos aparecía la jefa de gabinete de Óscar López, Sánchez Acera, instándole a compartir una captura del correo clave, sin aclarar la procedencia del mismo.
Lobato fue citado a declarar, aportó esas conversaciones y, poco después, presentó su dimisión como secretario general del PSOE en Madrid. Este giro abrió una línea de investigación que vinculaba el envío de los correos desde la Fiscalía hasta Presidencia del Gobierno. No obstante, esa vía no prosperó penalmente. Aunque sí dejó una fuerte huella política.
El avance judicial y el papel del Tribunal Supremo
El 7 de mayo de 2024, el TSJ de Madrid admitió a trámite la querella y citó a declarar a Pilar Rodríguez y Julián Salto. El 15 de julio, tras tomar testimonio a testigos y revisar documentación, el tribunal solicitó al Supremo que asumiera el caso por la condición de aforado del fiscal general.
El 16 de octubre, la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo abrió formalmente el procedimiento contra Álvaro García Ortiz, convirtiéndolo en el primer fiscal general investigado por un delito en democracia. El magistrado Ángel Hurtado fue designado como instructor.
Registros, dispositivos y el borrado de datos
El 30 de octubre, el juez Hurtado ordenó el registro de los despachos de García Ortiz y de Pilar Rodríguez. La Guardia Civil intervino los dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos móviles. La investigación del caso García Ortiz tomó un giro crucial al descubrir que el fiscal general había borrado los datos de su terminal y había cambiado de dispositivo. El 19 de diciembre, los investigadores confirmaron que no se pudieron recuperar mensajes relacionados con los hechos.
Un informe de la Guardia Civil señaló que García Ortiz había tenido un “papel preeminente” en la filtración, según se deducía de los mensajes encontrados en el teléfono de la fiscal jefe de Madrid.
En paralelo, periodistas que habían accedido a los correos antes de su difusión oficial acudieron ante notario para certificar que conocían la información con anterioridad. Este elemento introdujo una nueva variable en el caso García Ortiz, al sembrar dudas sobre el origen último de la filtración.
En sus declaraciones, el propio González Amador reconoció que había compartido información con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. Lo que apuntaba también hacia otras posibles vías de acceso a los correos electrónicos.
La defensa del fiscal general y su permanencia en el cargo
A lo largo del proceso, García Ortiz ha defendido su actuación. En declaraciones públicas e intervenciones institucionales, ha asegurado que no cometió ninguna ilegalidad y que su intención era únicamente desmentir datos incorrectos ya publicados.
El fiscal general se ha negado a dimitir pese a las peticiones de asociaciones fiscales como la Apif y la Asociación de Fiscales, ambas de perfil conservador. Solo ha contado con el apoyo explícito de la Unión Progresista de Fiscales.
El Gobierno también ha respaldado su continuidad. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que García Ortiz cuenta con la confianza del Ejecutivo y ha criticado las acusaciones como “ruido interesado”.
El auto de procesamiento
El 9 de junio de 2025, el magistrado Ángel Hurtado dictó el auto de procesamiento del caso García Ortiz. El texto sostiene que hay indicios suficientes de revelación de secretos. Y subraya que el fiscal general actuó con conocimiento de causa, con el objetivo de “ganar el relato” frente a la versión difundida desde el entorno de Ayuso.
El juez destacó también el borrado de pruebas y la sustitución del teléfono como elementos que obstaculizaron la investigación. A partir de este auto, las partes tendrán diez días para solicitar la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.
El caso García Ortiz entra ahora en su fase decisiva. Si se celebra juicio, podría ser un proceso sin precedentes en la historia de la Fiscalía en España. El fiscal general del Estado se enfrenta a una posible condena de entre uno y cuatro años de prisión y a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
La Abogacía del Estado ha solicitado el sobreseimiento de la causa. Argumenta que la nota de prensa no desvelaba ninguna información que no hubiera sido ya publicada por medios de comunicación. Por su parte, el Supremo ha centrado su investigación no en el contenido de la nota, sino en el origen de la filtración de los correos previos.
Sea cual sea el desenlace, el caso García Ortiz ha tensado al máximo las costuras entre el poder político, judicial y mediático, abriendo un debate inédito sobre la transparencia institucional y la gestión de la información sensible en un entorno hiperpolitizado.