El procesamiento de Álvaro García Ortiz ha abierto un escenario sin precedentes en la historia democrática de España. Por primera vez, un fiscal general del Estado en activo se enfrenta a un juicio ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. La decisión de la Sala de Apelación de confirmar su imputación ha puesto al máximo responsable del Ministerio Fiscal al borde del banquillo y ha desatado una tormenta jurídica y política de gran calado.
El origen del caso: una nota de prensa y un correo filtrado
El caso contra Álvaro García Ortiz tiene su origen en los hechos ocurridos el 14 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía emitió una nota de prensa para desmentir una información publicada por el diario El Mundo. En ella, se afirmaba que había sido el Ministerio Público quien ofreció un pacto al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el marco de una investigación por delitos fiscales.
La investigación posterior, dirigida por el magistrado Ángel Hurtado, se centró no tanto en la nota de prensa, sino en una filtración previa a los medios de comunicación. En concreto, el juez sostiene que Álvaro García Ortiz facilitó a la Cadena SER un correo enviado el 2 de febrero de 2024 por la defensa de González Amador. En él se ofrecía a alcanzar un acuerdo de conformidad.
Según el auto, esa información fue publicada la noche del 13 de marzo, antes de que se difundiera oficialmente por otros cauces.
La acusación de revelación de secretos
El juez Hurtado considera que Álvaro García Ortiz vulneró el derecho a la confidencialidad del investigado al difundir, sin su autorización, el contenido de ese correo. A su juicio, el fiscal general actuó de forma coordinada con otros fiscales y, supuestamente, a instancias de Presidencia del Gobierno, para contrarrestar la versión difundida por El Mundo.
Además, el magistrado destaca como un indicio en su contra el hecho de que Álvaro García Ortiz borrara contenidos de su teléfono móvil y su cuenta personal de Gmail. Aunque el fiscal general ha alegado que lo hizo por motivos ajenos a la investigación, el instructor lo interpreta como una maniobra para frustrar las pesquisas.
Una de las novedades más recientes es que la Sala de Apelación del Supremo ha decidido archivar la causa contra Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid. Su recurso fue estimado por unanimidad, al considerar que no existen indicios suficientes para procesarla. En cambio, el caso de Álvaro García Ortiz sigue adelante tras el rechazo, por mayoría, de los recursos presentados por la Abogacía del Estado y la propia Fiscalía.
Esta decisión deja al fiscal general a las puertas del juicio oral. Una fase que marcará un antes y un después en la historia de la Fiscalía española.
¿Qué pasa ahora? Los próximos pasos judiciales
Con el procesamiento confirmado, las partes —acusaciones y defensa— deberán presentar sus conclusiones provisionales, en las que detallarán los hechos, la calificación jurídica y las penas solicitadas. En el caso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ya han solicitado 6 años de prisión y 12 de inhabilitación para Álvaro García Ortiz.
Una vez completado ese trámite, el juez Ángel Hurtado dictará el auto de apertura de juicio oral. Una resolución que no es recurrible y que fijará los hechos por los que el fiscal general será juzgado.
Ese auto marcará oficialmente el inicio del juicio oral ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
¿Puede seguir en el cargo?
Una de las cuestiones más debatidas tras el procesamiento de Álvaro García Ortiz es si debe dimitir o ser suspendido de sus funciones. El Reglamento del Ministerio Fiscal establece que los fiscales pueden ser suspendidos cautelarmente tras la apertura del juicio oral. Pero esa norma no se aplica al fiscal general del Estado, debido a su estatus de “servicios especiales”.
Por tanto, aunque el proceso judicial siga su curso, Álvaro García Ortiz podría continuar legalmente en el cargo, salvo que él mismo decida dimitir o que se produzca un cese por decisión política. Hasta ahora, ha reiterado su voluntad de seguir al frente del Ministerio Público.
¿Qué consecuencias podría tener?
Si es condenado, Álvaro García Ortiz se enfrentaría a penas de prisión, multa económica e inhabilitación para ejercer cargo público.
Pero incluso si resultara absuelto, el desgaste institucional de la Fiscalía ya es evidente.
A nivel político, el caso ha generado una gran tensión entre el Gobierno y la oposición, que ha exigido su dimisión inmediata. El Ejecutivo, por su parte, ha reiterado su respaldo a Álvaro García Ortiz, alegando que el procesamiento carece de base y responde a una lectura interesada de los hechos.
¿Cabe recurso?
La sentencia del Tribunal Supremo será firme. Es decir, no podrá ser recurrida ante ninguna instancia ordinaria. Sin embargo, cabría la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, si se considera que ha habido una vulneración de derechos fundamentales. Para ello, primero debe interponerse un incidente de nulidad, un paso previo que rara vez prospera.
¿Y si se archiva o se le absuelve?
En caso de que el Tribunal Supremo desestime finalmente las acusaciones, Álvaro García Ortiz quedaría exonerado por completo. Aun así, la crisis institucional y la polémica pública no desaparecerían de inmediato. La huella de este proceso ya ha afectado la credibilidad del Ministerio Fiscal y ha reabierto el debate sobre la politización de la justicia.