El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra en una situación inédita. Por primera vez, ha declarado como investigado en un caso que podría llevarle al banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos.
Así consta en el vídeo, que recoge su declaración del pasado 29 de enero. Aunque en febrero trascendió la transcripción oficial del interrogatorio, la Sala de lo Penal ha autorizado ahora a las defensas y las acusaciones el acceso a las grabaciones de las declaraciones que han tenido lugar a lo largo de un año de investigación.
En unos vídeos de su comparecencia ante el juez, García Ortiz negó rotundamente haber filtrado el correo electrónico con los datos personales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. “Rotundamente no”, respondió al ser preguntado si había facilitado esa información a la prensa o a algún miembro del Gobierno.
El fiscal general insistió varias veces en su negativa durante la declaración, rechazando también haber dado instrucciones directas o indirectas para que el correo se hiciera público. Preguntado si actuó con intención de perjudicar a González Amador por su relación con Ayuso, fue tajante: “En absoluto. El señor Amador es un ciudadano con la plenitud de sus derechos legales y constitucionales”.
La Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión una vez que ha finalizado la fase de instrucción y ya está fijada la fecha del juicio, que se celebrará del 3 al 13 de noviembre. El Supremo juzgará a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador por, supuestamente, filtrar a la ‘Cadena SER’ la noche del 13 de marzo de 2024 el correo electrónico que el abogado del empresario, Carlos Neira, envió a la Fiscalía el 2 de febrero de ese año ofreciendo que su cliente reconociera los delitos fiscales por los que estaba investigado, y por los que finalmente será juzgado, a cambio de llegar a un acuerdo.
El instructor ha autorizado la entrega de las grabaciones a petición de la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que pide seis años de cárcel y doce años de inhabilitación para García Ortiz por un delito de prevaricación en concurso con uno continuado de revelación de secretos.
En el vídeo se ve a la defensa, a cargo de la Abogacía del Estado, interrogar al fiscal general. “¿Facilitó, divulgó, reveló la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de esta causa que afectan al señor Alberto González Amador directa o indirectamente a cualquier medio de comunicación o profesional de la comunicación?”, preguntó. García Ortiz contestó: “Rotundamente no”.
Acto seguido, el letrado le preguntó si había facilitado o divulgado dichos correos “a cualquier persona vinculada a la Presidencia del Gobierno o al Gobierno de España”. El jefe del Ministerio Público insistió: “Rotundamente no”.
García Ortiz mantuvo la fórmula de respuesta en otras tres preguntas. “¿Dio usted alguna instrucción en tal sentido directa o indirectamente a cualquier persona para que facilitara divulgara o revelara la denuncia al expediente tributario o cualquiera de los correos?”, planteó el abogado del Estado. “No, rotundamente no”, contestó.
Al ser preguntado si dio “alguna instrucción” a alguna de las otras dos personas que permanecían investigadas en enero –el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez–, García Ortiz respondió: No, rotundamente no”.
“¿A cualquier persona de Fiscalía General del Estado o de cualquier otra fiscalía?”, añadió el letrado, a lo que García Ortiz reiteró la misma respuesta: “No, rotundamente no”.
Con todo, el fiscal general llegó a aseverar que tras reflexionar sobre los acontecimientos considera que cometió un “error” porque desde el momento en que tuvieron conocimiento de que “era una persona relevante y con trascendencia pública quien era denunciado por la Fiscalía” –el 7 de marzo– tendrían que “haber dado una nota de prensa, una nota informativa”.
“De esa manera protegíamos también el ámbito de intimidad del señor Amador, puesto que una nota de prensa encapsula de alguna manera todos los datos que pueden figurar en una denuncia que no sea anonimizada”, apuntó.
García Ortiz, con respuestas concisas negó además haber intentado perjudicar a González Amador por ser la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso. “En absoluto. El señor Amador es un ciudadano como todos, con la plenitud de sus derechos legales y constitucionales”, dijo para acto seguido negar también haber tratado de obstaculizar la negociación de conformidad de este con la Fiscalía de Delitos Económicos.
Contestó solo a su abogado
En aquel interrogatorio, el jefe del Ministerio Público se acogió a su derecho a contestar únicamente a su defensa y a la Fiscalía, aunque esta última optó por no hacer preguntas al considerar que era lo pertinente, dado que aún no se había resuelto sobre la nulidad o no del registro en el despacho del fiscal general del 30 de octubre.
García Ortiz declaró durante una hora y veinticinco minutos, sentado en el estrado –al lado de su abogado– y no desde el banco en el que habitualmente declaran los citados a comparecer. Llegó a la sede del Supremo en coche oficial y entró por la puerta de autoridades entre gritos de “sinvergüenzas”. Ni a su llegada ni a la salida dio declaraciones a la prensa.
Desde aquel 29 de enero han declarado como testigos decenas de personas, entre ellos el propio González Amador; el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; el exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato; los jefes de gabinete de Fiscalía General y de la Fiscalía de Madrid; y periodistas de distintos medios de comunicación.
Está previsto que García Ortiz vuelva a declarar en el juicio que se celebrará en noviembre. El tribunal que le juzgará ha accedido a la solicitud que hizo su abogado en su escrito de defensa, permitiéndole declarar en último lugar, tras los testigos y el resto de la prueba admitida.