La ley de menores en entornos digitales afronta su tramo final de negociación en el Congreso con un debate intenso sobre cómo deberían protegerse los derechos de niños y adolescentes en la red. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, aterrizó hace meses en la Cámara Baja con el objetivo de reforzar el control sobre el acceso de los menores a las redes sociales y exigir mayores responsabilidades a las plataformas tecnológicas.
Los grupos parlamentarios han presentado 266 enmiendas a la ley de menores en entornos digitales. Un volumen que evidencia el interés político y social que despierta la regulación. El texto podría votarse el 11 de diciembre. Aunque su aprobación está en duda debido al papel decisivo de Junts, cuyos votos son necesarios para alcanzar la mayoría absoluta al tratarse de una norma orgánica.
Qué cambia con la nueva regulación
El borrador de la ley de menores en entornos digitales recoge recomendaciones de un comité de 50 expertos que han estudiado el impacto de la tecnología en la infancia. El Gobierno defiende que se trata de una norma “pionera” en Europa, con medidas que buscan blindar la privacidad, frenar los contenidos dañinos y limitar la presencia de los menores en los entornos online.
Entre los puntos esenciales de la ley de menores en entornos digitales destacan:
- La pena de prisión de hasta dos años por crear deepfakes.
- La posibilidad de dictar órdenes de alejamiento virtual.
- La obligatoriedad de que todos los dispositivos incluyan de fábrica un control parental.
- Multas de hasta dos millones de euros para las plataformas que incumplan las obligaciones.
- Se eleva a 16 años la edad mínima para abrir perfiles en redes sociales.
El “descanso digital” y las propuestas del PP
El Partido Popular ha introducido enmiendas relevantes a la ley de menores en entornos digitales. Entre ellas, establece un horario de “descanso digital” que impediría a los menores de 16 años acceder a las redes entre las 22:00 y las 8:00. También propone endurecer las penas para quienes difundan retos virales peligrosos, con castigos de uno a tres años de prisión o multas económicas.
Estas propuestas buscan reforzar la vertiente punitiva de la ley de menores en entornos digitales, poniendo el foco en los contenidos que puedan poner en riesgo la integridad física o emocional de los adolescentes.
Por su parte, ERC ha defendido una interpretación más flexible del acceso a las redes, siempre bajo supervisión. Su posición plantea que los menores de entre 14 y 16 años puedan abrir perfiles con el consentimiento de sus tutores. Aun así, proponen que todos los perfiles creados por menores sean privados por defecto. Una medida que reforzaría la seguridad contemplada en la ley de menores en entornos digitales.
Además, ERC y Bildu solicitan que las plataformas:
- Eliminen diseños adictivos.
- Limiten las mecánicas que fomenten el uso compulsivo.
- Desactiven por defecto la recomendación algorítmica basada en perfiles para los menores.
- Que fabricantes y proveedores realicen evaluaciones de riesgo sobre los contenidos nocivos.
Esta última es una de las enmiendas que podría modificar de manera sustancial la aplicación práctica de la ley de menores en entornos digitales.
Otra de las aportaciones relevantes a la ley de menores en entornos digitales procede de Sumar, que propone que la publicación de imágenes o información de cualquier menor de más de 12 años requiera su consentimiento explícito. El menor, además, podría exigir la eliminación de contenidos difundidos sin su permiso. La intención es reforzar el derecho a la intimidad y el respeto de su propia identidad digital.
Las objeciones de Junts y el debate sobre la proporcionalidad
Junts ha presentado algunas de las enmiendas más controvertidas a la ley de menores en entornos digitales. Rechazan la figura del alejamiento virtual por considerarla desproporcionada y temen que derive en restricciones abusivas del acceso a internet. Según el grupo, esta parte de la ley podría afectar a periodistas, políticos o creadores de contenido cuyas publicaciones fueran consideradas peligrosas por error o arbitrariedad.
Como alternativa, proponen un Contrato Digital Parental. Es decir, un acuerdo formal entre familias e hijos para regular el uso responsable de la tecnología. Este contrato podría llevarse ante un juez en caso de conflicto, introduciendo una vía legal inédita en la ley de menores en entornos digitales.